Entre 2010 y 2024, la Secretaría de la Defensa ha presentado 278 denuncias contra soldados que presumiblemente tengan vínculos con el narco como: delincuencia organizada y delitos contra la salud, de acuerdo con los datos oficiales de las fiscalías de Justicia Militar, General de la República y las fiscalías estatales, recopiladas por el Sol de México.
De acuerdo con los expedientes, los mandos medios de la Defensa iniciaron estas querellas contra sus subordinados, tras detectar irregularidades como: robo de armas o relaciones con desertores que ahora trabajan con algún grupo del crimen organizado.
Dichos procesos se han extendido durante años, en algunos casos por más de una década, debido a la complejidad de los procesos penales, ya que se tienen que dirimir desde la justicia militar y la civil, incluyendo la aplicación de amparos por parte de los implicados. Algunos casos incluso han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para definir las implicaciones de su fuero de guerra.
Algunos de los expedientes señalan que soldados desertores, ligados a grupos del narco han contratado a integrantes en activo del Ejército para infiltrar a la corporación, a cambio de un pago de 5 mil pesos mensuales, para que realicen funciones como informantes sobre los movimientos castrenses y las estrategias para el combate a criminales.
El informe cita documentos del Tribunal Superior Militar, que revelan el modus operandi de los grupos criminales en Michoacán donde han logrado cooptar a personal militar así como las querellas interpuestas por mandos militares, como un intento para combatir la filtración de datos.
Un caso de infiltración en el Ejército
“Pertenezco desde hace dos años a La Familia Michoacana, dedicada a actividades delictivas de delincuencia organizada, siendo mi misión avisar de movimientos militares, con un sueldo en dicha organización de 5 mil pesos mensuales, depositándomelos Xavier, quien es exmilitar desertor, depositándomelos en mi tarjeta que guarda mi esposa. Según lo que se dice, se dedican a matar gente, a vender droga y a matar soldados”, cita un testimonio de Arturo, un soldado de infantería sentenciado por jueces militares por vínculos con el crimen organizado.
Su juicio inició en 2010 y sigue vigente debido a que su equipo legal ha interpuesto diversos amparos y apelaciones ante tribunales federales donde acusa que sufrió diversas violaciones a su debido proceso. Actualmente, su caso continúa.
En su testimonio ante la Fiscalía de Justicia Militar, Arturo detalló que la información que filtraba para el grupo criminal: “era sobre el itinerario que seguían los vehículos militares que salían de Morelia o los que se acercaban a Ciudad Hidalgo” así como “las salidas de personal militar, y los blancos o lugares que se investigaban, asimismo le informé que a él ya le habían puesto dedo”.
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Arturo informó que el contacto con La Familia vino a través de Xavier, un exmilitar desertor, quien lo contactó en la central de autobuses de Morelia a bordo de una patrulla clonada y le informó que se encargaba de reclutar soldados en servicio para que le brindaran información telefónica sobre el despliegue de los convoyes militares.
Por su parte, un capitán Primero de Infantería, quien se desempeñaba como jefe de Grupo de la Policía Judicial Militar, informó que tras la plática que sostuvo Arturo, éste explicó que cuando comenzó a trabajar para La Familia Michoacana, conoció a un sargento que fungía como escolta de mandos castrenses y que también trabajaba para el cártel brindando información sobre el movimiento del personal militar de alto rango, con un pago mensual de 30 mil pesos.
Otro sujeto identificado como Raúl, filtraba información a su novia, quien a su vez trabajaba también para La Familia, enviándoles mensajes de texto con información de inteligencia, con un pago de mil pesos por mensaje, sobre las entradas y salidas del comandante del 12/o. Batallón de Infantería en la región.
“No he sido presionado la declaración que en este momento rindo es solamente la verdad. Ocho veces di información al grupo armado, solamente cuando salía el comandante del 12 Batallón de Infantería. Le mandaba decir las salidas del general comandante del batallón, asimismo los blancos, entre ella (sic) por medio del celular, asimismo le enseñaba los blancos y fotografías de aseguramiento. No tuve ningún otro beneficio, solamente el dinero que me dejaban en una tienda de refrescos”, indica el testimonio.
Las sanciones contra militares desertores o traidores
El Código de Justicia Militar cuenta con el delito de traición a las Fuerzas Armadas, para sancionar estas conductas y estipula que cualquier militar que se vincule con los grupos criminales recibirá una pena de 30 a 60 años y la baja definitiva de la Fuerza Armada.
Mientras que las personas militares que formen pate de alguna asociación delictuosa, protección o facilidades en la plaza o puesto confiado a su cargo; así como adiestramiento, capacitación o conocimientos militares, puede ser sentenciado hasta 60 años de prisión.
