La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con ocho carpetas de investigación, entre 2015 y enero de 2024, por delitos relacionados con el uso de explosivos utilizados contra civiles o autoridades en diferentes puntos del país.
De acuerdo con una solicitud de información realizada por El Sol de México con el número de oficio FGR/UETAG/001658/2024, el Ministerio Público federal indica que estos hechos se concentran en el estado de Guanajuato, precisamente donde la mañana del jueves 24 de octubre estallaron dos coches bomba en las instalaciones de la policía municipal de Acámbaro y Jerécuaro.
Si bien los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum se han negado a reconocer estas actividades como terrorismo, el uso de explosivos, las sustancias para fabricarlos y dispositivos para transportarlos y detonarlos están regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, donde se considera que son armas de uso exclusivo de la Fuerzas Armadas.
Explotan 2 coches bomba en Acámbaro y Jerécuaro, Guanajuato; esto sabemos
Sin embargo, el Código Penal Federal establece lineamientos para tipificar el terrorismo:
“Utilizar sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población”
Esta norma tipifica el terrorismo como un delito grave que se encuentra previsto en los artículos 139 al 139 Ter del Código Penal Federal, con una pena que va de 25 a 50 años de prisión y de 700 a 1500 días multa.
Sin embargo, el número de carpetas de investigación abiertas por la FGR resulta mínimo respecto a la cantidad de ataques documentados que hay contra personal de las fuerzas federales que han dejado decenas de efectivos muertos y lesionados. Esto, porque de reconocer que en territorio mexicano hay actos de terrorismo permitiría al gobierno de Estados Unidos a intervenir para minimizar riesgos contra la seguridad de su territorio.
Los registros de actos terroristas de la Sedena
De acuerdo con registros de la Sedena, consultados por este medio, señalan que desde 2021 hay al menos 14 ataques contra personal del Ejército , con un saldo de cuatro soldados y seis agresores muertos, además de 30 efectivos lesionados. Mientras que en el sexto informe de Gobierno de López Obrador reconoce 22 víctimas por ataques con explosivos entre 2021 y 2023.
Los ataques con víctimas fatales reconocidos por las autoridades federales ocurrieron en Jalisco y Michoacán: El 20 de enero de 2024, en Santa María del Oro, Jalisco, cuando un grupo criminal atacó a un comando del Ejército con “drones y/o explosivos improvisados”. Como saldo, un soldado murió y otros cuatro resultaron heridos.
Otro ataque similar ocurrió en Tepalcatepec, Michoacán el 29 de febrero de 2024, cuando un comando adscrito a la 43 zona militar sufrió una emboscada con armas de alto calibre y drones explosivos. El saldo final quedó en tres soldados muertos y cinco más heridos de gravedad.
Sin embargo, la FGR no cuenta con carpetas de investigación por estos hechos, donde se ha documentado el uso continuo de drones con explosivos y minas antipersonales.
