Ver gente pidiendo dinero o vendiendo algún producto en la calle es representativo de las grandes ciudades. Caminado por la calle, en parques, a las afueras de los centros comerciales o en los estacionamientos de los restaurantes en las grandes urbes es común ver casi siempre mujeres solas o con infantes pidiendo dinero, vendiendo algún telar típico o dulces.
Presenciando esas escenas comunes, puede ser que sólo se piense en que es un símbolo de pobreza o desigualdad social producto de pobres políticas económicas de gobiernos anteriores o actuales que obligan a la población a salir de sus lugares de origen, normalmente de provincias, para poder tener recursos para comer y vivir el día a día.
La realidad es que la mendicidad, término correcto, es una práctica del crimen organizado para la obtención de recursos y lo más preocupante es que es tan común y tan a la vista de las autoridades que se ha vuelto costumbre pasando desapercibido para la aplicación de la ley. Desafortunadamente la atención gubernamental la acapara otro tipo de violencia como el narcotráfico.
Las autoridades se han vuelto cómplices de este delito ya que, frente a ellas operan. En muchos casos, el crimen organizado y la autoridad local pactan una renta para poder “trabajar” en las calles. Como parte del paisaje urbano se ven en cada esquina infantes vestidos con supuestos trajes típicos hablando en un supuesto dialecto pidiendo dinero, lavando el parabrisas, vendiendo alguna artesanía de un pueblo.
La mendicidad está íntimamente ligada con la trata de personas, obtiene un beneficio económico al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad. El dinero que obtiene la persona no se lo queda, es parte de una renta que tiene que entregar a sus captores. Los que son obligados a mendigar son entre varios supuestos, víctimas de explotación laboral, sexual, psicológica, ya que tienen que llegar a una cuota mensual o sufrir de las consecuencias.
El legislativo mexicano es consciente de la existencia de este problema social y en 2012 expide la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos”, la letra y espíritu del legislador describe en sus 126 artículos, que parecieran letra muerta, las acciones u omisiones que son consideradas delictivas, previendo sanciones privativas de libertad y multas para quienes cometen este tipo de ilícitos; en este ordenamiento jurídico hace referencia a delincuencia organizada para la comisión de este tipo de delitos y no es casualidad, es que el estado conoce la forma de operación de la mendicidad. La Unidad Especializada en Investigaciones de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, dependiente de la Subprocuraduría especializada en investigación de la delincuencia de la Fiscalía General de la República es la encargada de investigar, perseguir y combatir este delito, un mal que es tan común y que es, desafortunadamente, parte del folclor del país.
La mendicidad es un problema mundial. Turismo sexual en Tailandia, explotación infantil de etnias como gitanos a las afueras de iglesias en el Santuario de Fátima en Fátima, Portugal o del Sagrado Corazón en Paris, Francia, supuestos veteranos de guerra en los cruces de los “freeways” en Estados Unidos, infantes indígenas en México.
La mendicidad es la deuda pendiente que tienen los gobiernos con la sociedad, no se puede normalizar el ver seres humanos en las calles pidiendo dinero o vendiendo artículos, no se puede como gobierno dejar a un lado esta forma de crimen organizado dándole prioridad al narcotráfico. Este tipo de delincuencia es un radar de descomposición social que trae consigo después más violencia. Una calle limpia es símbolo de una calle segura.
