El PRI nació en 1929 y ganó todas las elecciones presidenciales hasta 1994, con un avance opositor paulatino en los espacios electorales legislativos, estatales y municipales desde 1988. La alternancia presidencial en el 2000 marcó un desafío al modelo de democracia procedimental mexicana.
La división ideológica en México ha tenido espacios de expresión históricos: la confrontación dialéctica entre el conservadurismo y el progresismo, con diferentes definiciones y planteamientos a lo largo de la historia, pero siempre en un espacio definido por objetivos de intereses individuales o de intereses sociales.
La división ideológica ha respondido en México a los objetivos finales de resultados: la búsqueda de la acumulación privada de capital o la utilización del poder político para distribuir los beneficios de la riqueza entre los sectores no propietarios de los medios de producción.
La Revolución Mexicana definió en la Constitución de 1917 el modelo de un Estado rector con objetivos de distribución social de la riqueza, operando inclusive en sexenios que beneficiaron más al capital que a la sociedad. México eludió la dialéctica capitalismo-comunismo con una responsabilidad del Estado para evitar la acumulación de riquezas y crear políticas sociales para quienes no se beneficiaban de la dinámica del capital.
Las elecciones de 1988 a 2024 se movieron en la dinámica de dos escenarios perfectamente determinados: una democracia procedimental y un programa de bienestar social. Las alternancias de 2000, 2012 y 2018 no modificaron la estructura del sistema productivo, pero sí plantearon prioridades concretas: la democracia por encima del bienestar en el bloque político de centro-derecha y los programas sociales en el bloque político de centro-izquierda.
Más que la definición de un nuevo régimen o de un nuevo sistema político, en el centro de las participaciones electorales de la sociedad se encontraron los enfoques de un crecimiento económico con bienestar social, del centro-derecha a través del mercado o el centro-izquierda por medio del Estado.
El desarrollo político de México muestra ciclos pendulares: revolucionario de 1917 a 1982, economicista de 1983 a 2018 y popular del 2018 al 2030, pero siempre dentro de la estructura constitucional mexicana que definió con claridad el papel del Estado como equilibrador ideológico y como redistribuidor de los beneficios de la riqueza.
Detrás de cada ciclo existió siempre un consenso nacional que partió del equilibrio electoral pero siempre mantuvo el objetivo final de bienestar, aun en la etapa del neoliberalismo de mercado 1983-2018.
De ahí que la viabilidad del ciclo morenista dependa de la consolidación de un nuevo consenso nacional.
