Las comisiones legislativas existen por una razón: es imposible tratar todos los asuntos con detalle en el Pleno, por lo que se espera que estos órganos puedan brindar el análisis especializado para la dictaminación de las propuestas, antes de su discusión y votación por la asamblea. ¿Cuántas comisiones debería haber por órgano legislativo? Si bien el número promedio a nivel mundial es de 11.8 por asamblea, se recomienda que haya tantas como ministerios o secretarías de Estado, para que haya una vigilancia adecuada.
Otra pregunta es cuáles partidos deberían presidirlas. Por lo general, el criterio es el mismo: el partido en el gobierno o los partidos que forman la coalición de gobierno, toda vez que se espera que ayuden a impulsar la agenda del ejecutivo, en lugar de obstaculizarla. Puede haber reglas que premian la antigüedad, como el Seniority System en el Congreso de Estados Unidos, pero el rango superior varía según cuál partido está en el poder.
En México hay varias reglas que distorsionan el sistema de comisiones. En los años noventa del siglo pasado, cuando el PRI gozaba de hegemonía, se decidió dividir las presidencias de comisión según la presencia de los grupos parlamentarios, para “integrar” a la oposición en la toma de decisiones. Eso implicó fundamentalmente otorgarles staff, oficinas, vehículos y, en algunas legislaturas, un sueldo adicional.
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Ese criterio llevó a varios problemas. En un entorno donde no había reelección inmediata, y por ello tampoco existían incentivos a la profesionalización, el reparto de presidencias no se hizo a la trayectoria de las personas, sino como cotos de poder para liderazgos partidistas. Por ello, el número de comisiones se disparó legislatura tras legislatura, teniendo actualmente 51 en la Cámara de Diputados y 60 en el Senado.
¿De qué sirvió repartir presidencias de comisión a los partidos de oposición? Fuera de lo anterior, en nada. Las presidencias no tienen facultades de decisión propias, pues todo se vota según la presencia de los partidos en el Pleno. Aún cuando aprueben algo, la Junta de Coordinación Política decide cuáles dictámenes irán al Pleno y cuando. Aunque el estilo personal de la presidencia de comisión puede darle algún liderazgo, solamente puede dilatar la discusión de un tema, ya sea postergando su dictaminación o boicoteando el quórum de la sesión de comisión.
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A partir de 2018, el retorno de un grupo mayoritario comenzó a poner en duda la conveniencia de repartir las presidencias de comisión entre los partidos, si la apuesta de la oposición era a dilatar y boicotear. Sin embargo, Morena y aliados tienen la capacidad de brincarse la norma, pues las convocatorias a las reuniones ordinarias de comisión dependen de la mayoría de la respectiva junta directiva. De esa forma, repetidas veces han llegado a convocar a sesión por sí mismos, elaborar sus propios dictámenes e incluso aprobarlo, haga lo que haga, o diga lo que diga la presidencia.
Por esa razón, en la recién instalada LXVI Legislatura, la coalición de gobierno decidió tomar las presidencias de las comisiones principales, e incluso reduciendo los espacios que correspondían tradicionalmente a la oposición. Si bien esto no afecta el funcionamiento de las cámaras, por los argumentos que se acaban de exponer, podría impactar en el ambiente interno, al bloquearse espacios que se consideraban parte del arreglo entre partidos. Eso podría llevar a tensiones en el ambiente y la gobernabilidad de las cámaras rumbo a la segunda mitad del sexenio.
