Estemos a favor o en contra de las posiciones de Morena, es necesario partir de un hecho: se han roto los tiempos tradicionales de la política, y es necesario hacer prospectiva a partir de nuevos escenarios donde importarán más las dinámicas del partido en el poder que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum.
El ejemplo más concreto es el atropellado inicio de la LXVI Legislatura (2024-2027), donde la agenda está ocupada por las reformas relacionadas con el “Plan C”: aquellas iniciativas de reforma constitucional que presentó el presidente el pasado mes de febrero. Aunque tenía claro que no se aprobarían en el último periodo de sesiones de la pasada LXV Legislatura, fueron útiles como propaganda electoral. Tanto que, con algunas maniobras en el conteo de asientos plurinominales y la cooptación de una familia judicialmente vulnerable, alcanzó la mayoría calificada en ambas cámaras.
No es el objetivo de este texto hablar sobre la conveniencia o no de cada una de las reformas que se hayan aprobado previas al inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, sino sus efectos en la gobernabilidad de su gestión como presidenta de la República. Aunque su adhesión o no a cada una de estas piezas es sujeta de análisis e interpretaciones, el éxito inédito de López Obrador al aprobar reformas de alto calado en la recta final de su mandato ciertamente limitará los márgenes de maniobra de su sucesora. Veamos algunos elementos.
Primero: los golpes de autoridad deben ser casi excepcionales para que sean eficaces. Aun cuando tenga Morena la mayoría calificada, eso de manera alguna debería ser entendido como sinónimo de hacer lo que deseen. Decisiones como la reforma al Poder Judicial o el mando militar de la Guardia Nacional requerirán ajustes serios a diversas normas, además de efectos imprevistos. Entre más actos de autoridad se hagan, menos creíble será la fuerza y la autoridad de la presidenta. O como dijo alguna vez Margaret Thatcher, si una mujer tiene que decir a cada momento que es una dama, es porque no es tal.
Segundo: si bien el fin podría justificar los medios, el poder no solo se basa en la autoridad y los instrumentos de coerción. Es indispensable, además, que tenga una apariencia de legitimidad. Presumir que la reforma al poder judicial se logró a través de un proceso legislativo desaseado y que no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, además de la traición de una familia señalada por su corrupción, puede minar la legitimidad de la decisión si su implementación es problemática.
Tercero: las reformas tienen lugar en un proceso de transición. Sheinbaum tendrá márgenes escasos de maniobra, al menos durante los primeros meses, por los cargos que su antecesor le impuso. Las reformas no tienen en realidad diagnósticos o prospectivas que ayuden a vislumbrar sus riesgos o que, por lo menos garanticen su buen funcionamiento. Además, la implementación de la reforma al Poder Judicial será a partir de acuerdos del Instituto Nacional Electoral antes que leyes. Esos elementos generarán vacíos políticos y jurídicos que pueden generar situaciones de gran riesgo.
Cuarto: nunca es bueno romper relaciones políticas, pues se podrán necesitar en el futuro. Quizás la oposición no tiene poder alguno, e incluso la mayoría de quienes la integran debió haberse retirado de la vida pública en 2019. Sin embargo, en 2027 vendrán nuevas elecciones y no sabemos si los partidos lograrán reconfigurarse. En este caso, restarles espacios de poder internos en las cámaras y humillarlos públicamente puede ser un error grave de cara a las intermedias.
Por lo tanto, hay señales de riesgo que no debemos perder de vista en el arranque de la legislatura.
