El primero de septiembre se instala la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión (2024-2027). Independientemente de lo que resuelva en los próximos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la sobrerrepresentación de la alianza del gobierno, el periodo de sesiones iniciará con una agenda saturada.
Desde las últimas semanas de la LXV Legislatura (2021-2024), la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados está elaborando, al momento de escribirse este artículo, los dictámenes sobre las veinte reformas constitucionales que presentó el presidente el pasado mes de febrero, esperando que sean aprobadas en las primeras semanas de la legislatura entrante. A lo anterior se agregará el paquete de reformas constitucionales que Claudia Sheinbaum anunció que presentará de manera prioritaria.
Podemos discutir ampliamente sobre cada una de esas reformas, sus bondades, limitaciones o incluso perjuicios que algunas podrían traer. Sin embargo, es necesario partir del reconocimiento de su popularidad, particularmente las que presentó el presidente López Obrador, y cuya difusión y su futura aprobación a través de los que llamó “Plan C” contribuyeron al aplastante triunfo de Morena en las pasadas elecciones.
La discusión y aprobación de estas reformas hará que los tiempos de instalación de la nueva legislatura se aceleren. Esto incidirá especialmente en la instalación de las comisiones ordinarias, que en tiempos de normalidad se terminan de negociar a mediados de octubre, y su papel en la aprobación de las iniciativas de López Obrador. Las preguntas son: ¿qué tanta capacidad tendrá la nueva legislatura y sus comisiones para revisar los dictámenes heredados por la legislatura anterior? ¿Qué capacidad tendrá la oposición para negociar la presidencia de comisiones clave, como Hacienda, Presupuesto, Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, con su tamaño tan mermado?
Otra incógnita será el interés en que el presidente vea aprobadas sus reformas sin tocar una coma. Varias de ellas reformarán significativamente el funcionamiento de las instituciones, como la judicial o la desaparición de órganos autónomos. Aunque Morena y aliados tengan la mayoría calificada, eso no tiene por qué significar que la vayan a usar. Imponerse al inicio de la legislatura puede estropear casi irreversiblemente las relaciones con la oposición. Quizás no la vayan a necesitar para aprobar su agenda, pero de todas formas se requiere su legitimación al momento de votar, aunque pierdan. Además, nadie garantiza que conserven estas mayorías en 2027.
En todo caso, una de las tácticas dominantes del presidente a lo largo de su carrera ha sido estirar la liga, sin romperla, para ver qué tanto puede ganar. ¿Le interesará romper la liga en el último tramo de su mandato, sin importar el costo? Sobre todo, ¿en dónde se encuentra la oposición, que debería estar presentando alternativas claras y creíbles para cada tema de la agenda presidencial?
