A partir de mediados de noviembre del año pasado, hubo un alud de solicitudes de licencia por parte de personas diputadas y senadoras para competir por otro cargo público. Desde hace décadas, esto ha generado reclamos de “trapecismo político” por parte de opinadores y organizaciones ciudadanas, generando la falsa idea de que quienes van a buscar otro cargo de elección “dejan tirado” su trabajo. ¿Es una acusación válida, o es producto de un diseño institucional rebasado?
El requerimiento de solicitar licencia para competir por otro cargo proviene del siglo XIX, cuando se pensaba que una persona podía utilizar sus atribuciones para influir en el desarrollo y resultado de los comicios. En aquel entonces, podía haber un riesgo alto del uso patrimonialista de los recursos públicos, por la complejidad de las estructuras administrativas. Actualmente, el riesgo es mínimo: no se trata tanto de lo que una persona pueda hacer, sino un conjunto de intereses de los que forma parte quien compite.
Por ello, el reto es diseñar normas de transparencia y rendición de cuentas que reduzcan ese riesgo. ¿Puede una persona legisladora usar recursos como el staff que se le asigna? Sí, es un riesgo, particularmente si aquel personal es parte del equipo previo. En todo caso, hay regulaciones sobre los tiempos que se pueden dedicar o no a actos proselitistas para servidores públicos.
En este sentido, es más fácil vigilar a una persona que compite por un cargo mientras se encuentra en funciones, que cuando se haya separado. De hecho, en la gran mayoría de las democracias se sigue este criterio, como por ejemplo en Estados Unidos, donde veremos al presidente Joe Biden buscar la reelección estando en funciones.
La exigencia de la licencia también lleva, como se dijo arriba, a falsas impresiones, como que se deja el trabajo sin hacer. Incluso surgen propuestas sobre eliminar la solicitud de licencia, obligando a las personas legisladoras a acabar su mandato. Sin embargo, es un despropósito: la renuncia es algo natural si se desea tener acomodo acabando el mandato.
El problema de la separación se agrava en el caso del poder legislativo, considerando que hay dictámenes y votaciones cerca del final de la legislatura y entran suplentes que no tienen el conocimiento de qué se ha hecho o la necesidad de honrar los compromisos que asumen sus propietarios. Entre más licencias, menos capacidad de seguimiento al interior de una comisión y menor posibilidad de llegar a acuerdos. Incluso si quien solicita la licencia tiene una presidencia de comisión, se corre el riesgo que el personal técnico no sea ratificado por quien asuma la presidencia, perdiéndose incluso el capital político y de conocimiento acumulados.
¿Qué hacer? Afortunadamente, de acuerdo con criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no es necesario solicitar licencia cuando una persona legisladora compite por la reelección inmediata o pasa de una cámara a otra. Falta una reforma legal en la materia y, sobre todo, cambiar las percepciones que se tienen sobre este procedimiento.
