Lo grave es establecer que esa estrategia sólo creó un vacío de Estado que ha sido ocupado por las organizaciones criminales.
Las agresiones criminales sorprendieron a las autoridades y les dejaron indicios del escalamiento de la violencia: secuestrar pipas de gas, amenazar con estallarlas en zonas habitacionales militares donde habitan esposas e hijos y secuestrar militares con amenazas de asesinarlos en vivo vía Internet, además de atacar familias con mujeres y niños en Sonora.
En este sentido, la crisis en Culiacán y Bavispe debió de haber puesto a revisión la estrategia nacional de seguridad pública basada en la pacificación de la república.
La vía de la paz se ha experimentado en América Latina con grupos guerrilleros prácticamente derrotados y ya sin zonas beligerantes.
Y se negocia la paz con grupos que buscan la derrota de los grupos gobernantes y la instauración de un sistema de gobierno diferente al democrático, electoral y representativo.
La estrategia de seguridad debe, en primer lugar, defender la unidad del Estado y la tranquilidad de los ciudadanos.
En segundo lugar, debe de garantizar las condiciones de inversión, empleo y producción bajo la rectoría del Estado.
Y, en tercer lugar, debe de excluir a los cárteles del crimen organizado de las estructuras políticas, sociales y productivas institucionales.
Culiacán y Bavispe probaron en los hechos la crisis de seguridad interior en México porque mostraron la falta de condiciones de seguridad para la estabilidad.
Los cárteles han capturado a partes de instituciones del Estado que debieran estar al servicio de los sectores productivos y de la ciudadanía.
En Michoacán se ha visto como los cárteles se convierten en empresarios, controlan la competitividad y el consumo por la fuerza criminal y son incapacidad de darle a esa intervención económica enfoques de bienestar.
La crisis de seguridad de Aguilillas a Bavispe fue mal procesada en el gabinete de seguridad; si bien era necesario detectar insuficiencias y sobre todo fallas, también requirió de una revisión a fondo de las tácticas.
La búsqueda de responsables, la exigencia de renuncias y la descalificación de la totalidad de la estrategia debieron ser la reacción inmediata de las autoridades, no el discurso de reafirmación de la estrategia de “abrazos y no balazos”.
Asimismo, esas crisis de seguridad mostraron la urgencia de ampliar el consenso de la estrategia de seguridad: la crítica sin concesiones de algunos medios y críticos, la falta de acompañamiento del sector privado y el enfriamiento en el consenso con el poder legislativo podrían disminuir los efectos positivos buscados por la estrategia.
A la tarea de consolidar un consenso más amplio debería dedicarse el secretario federal de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, cuyo perfil civil le da mayor sensibilidad y flexibilidad que los altos mandos de las fuerzas armadas.
