Hoy tanto los problemas sociales como la seguridad pública se encuentran comprometidos en todos los estados de la República.
No menos el Departamento de Defensa de Estados Unidos señala que el gobierno de México no tiene gobernabilidad en un tercio del territorio mexicano, donde gobierna la delincuencia organizada.
Difícil pronunciamiento para SEDENA de su homólogo, el Pentágono.
Si en algo se han distinguido las Fuerzas Armadas desde su creación, es en su capacidad estratégica para contener y poner el orden que las circunstancias ameritan.
Hoy lamentablemente el atropello a su integridad y principios, tanto por una política de pacificación limitante, así como por el misil lanzado desde un entramado entre autoridades estadounidenses y testigos delincuentes en espera de algún beneficio, han lastimado el “Espíritu de Cuerpo” y obligado a reacomodar y fortalecer valores como la lealtad, obediencia y disciplina como rectores de su existencia.
El reto es grande y desafiante, reinventarse como nunca antes, frente a cambios inevitables y obligados, tratando de mantener la esencia a lado de nuevos elementos sin formación militar, elementos con los que se comparten funciones que requieren el temple y el cuidado de uno mismo, pero, sobre todo, la responsabilidad de cuidar al compañero apenas conocido no es un tema menor.
La confianza entre ellos para afrontar juntos operativos de seguridad frente a criminales, por el sin número de responsabilidades asumidas que al final, exitosas o no, son compromisos frente a la sociedad, será la más grande encomienda de los altos mandos militares para contener y fortalecer el espíritu militar.
Es verdad, hoy hay territorios dominados por cárteles en donde reina la ilegalidad, la violencia y la criminalidad a la vista de pobladores y autoridades.
Localidades enteras en donde gracias a los apoyos en dinero o en especie, los criminales se ganan la confianza y el respaldo incondicional de sus habitantes.
Descontentos de gran importancia ocurren a diario sin que las autoridades locales sepan cómo poder contenerlos y, por el contrario, son las mismas quien por su ineptitud terminan provocando más violencia y más encono en una sociedad ya de por sí inconforme.
Los colectivos femeninos son provocados por torpes declaraciones de sus gobernantes, como torpes los operativos que ponen en duda la capacidad de quienes tienen la obligación de proteger a sus gobernados.
Hechos graves en contra de mujeres, que de violentas e incontrolables pasan, por malas decisiones y por la incapacidad de la policía para contener con Ley en mano una manifestación vandálica, a convertirse en víctimas con perspectiva de género, agredidas, insultadas y amenazadas por los mismos policías.
Un estado de impunidad por la nula eficiencia de las fiscalías para investigar y esclarecer hechos, ejemplo; con respecto a la delicada marcha del 8M en la CDMX, no ha habido ninguna respuesta sobre hombres vestidos de civiles que daban órdenes al grupo Atenea o, ¿quién dispuso el uso de lanzacohetes de gas o quién ordenó la intimidación a las manifestantes desde las azoteas de Palacio? Secretarios como García Harfuch o Alberto Capella pasan de ser “Heroicos Policías” a responsables de los peores operativos para contener marchas violentas, en donde el caos en los mandos es la razón del fracaso y termina por diluirse la responsabilidad que les compete, al ser la máxima autoridad en Seguridad Pública de la ciudad o del estado.
Por otro lado, quien tiene la vida del gobernante en sus manos, no puede por ningún motivo permitir un amotinamiento de alto riesgo, como lo sucedido con la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, quien fue recibida por un contingente inconforme sin ninguna distancia de seguridad, cuando su propio secretario Harfuch vivió uno de los atentados más violentos hacia un secretario de su importancia.
No se les ha dado ninguna importancia a las alertas de vulnerabilidad en la integridad de un alto funcionario o del mismo Presidente.
Viajes por carreteras en donde los sorprenden pobladores que impiden el paso del convoy con todas las posibilidades de sufrir algún atentado.
Vuelos aéreos a los que se exponen a ser agredidos por algunos pasajeros.
Es un hecho que quienes están al mando de todos estos protocolos de seguridad no contemplan ni toman en cuenta, la experiencia y la capacidad de instituciones como las FA para garantizar la seguridad de sus gobernantes y con ello la estabilidad social.
A dos años de gobierno en donde no hay suelo firme en muchos asuntos y empiezan a correr los dos últimos años para generar logros y oportunidades para el país, en su lugar se generan conflictos innecesarios e inconformidades sociales por decisiones poco convenientes que pudieran, como papa caliente, explotar en manos de quienes las reciban.
Un ejemplo el decomiso de un cargamento de vacunas Covid marca Sputnik, que de no haberse comprobado que eran falsas, la responsabilidad recaería en las FA quienes están a cargo de su custodia y distribución.
Lo mismo pasa con el Tren Maya, en donde no sólo el Ejército construirá algunos tramos, sino que serán ellos quienes también lo administren.
Preocupante que, de acuerdo a lo declarado por Jiménez Pons, las pensiones de los militares puedan quedar comprometidas a la factibilidad del proyecto, a sabiendas que la Auditoría Superior de la Federación, pronostica en su análisis la pobre rentabilidad que podría tener.
A veces pareciera que tampoco las FA han podido librarse de la falta de claridad en los mandos, el conflicto en este tema es no sólo tortuoso para quienes deben obedecer, es de Seguridad Nacional tener claras las responsabilidades.
Hasta ahora sólo hemos visto a la SSPC Rosa Icela Rodríguez ocuparse más por la narrativa del Presidente acusando al pasado y haciendo proselitismo en tiempos electorales, que, informando sobre operativos contra el Huachicol, la creciente Violencia Política o los enfrentamientos a plena luz del día en diferentes ciudades contra políticos, empresarios, policías o civiles siendo ella cabeza del Gabinete de Seguridad.
El fuerte despliegue de autoridades migratorias, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y Marina en la frontera Sur del estado de Chiapas, aunado al anuncio de la Cancillería de cerrar fronteras, no es más que el resultado del acuerdo entre los presidentes Biden y López Obrador como condición para el préstamo de vacunas a nuestro país.
Mucha coincidencia que a estas alturas de la Pandemia y después de los más de 190 mil muertos hoy se considere el cierre al tránsito no esencial con un dispositivo en número y con la contundencia con la que se ha ordenado el operativo.
Si bien es cierto que nos habíamos convertido en un tercer país seguro sin que se haya reconocido como tal en los tiempos de Trump, la estancia de migrantes centroamericanos en nuestro territorio así lo indica.
Hoy la fuerza y el control al que nos vemos obligados a realizar podría violar acuerdos internaciones en derechos humanos y migratorios, sin duda para el gobierno estatal y federal, será prioridad proteger la integridad de los migrantes bajo el operativo más decisivo que se haya visto.
Muy acertada la emotiva ceremonia en donde fueron condecorados 820 militares por su desempeño y entrega en acciones contra la pandemia mediante el Plan DNIII-E.
Una muestra más de que el Ejército es la Fuerza de México más de que el Ejército es la Fuerza de México.
