Uno de los desafíos más significativos que enfrenta México en materia de seguridad hídrica es la extracción ilegal de agua, un fenómeno que ha generado inestabilidad social y conflictos en diversas regiones del país. Este problema no es nuevo, ya que desde los albores de las civilizaciones, cuando el ser humano comenzó a «dominar el agua» mediante su contención, desvío, distribución o restricción, la apropiación del recurso sin ostentar su propiedad ha sido una constante histórica.
La necesidad de controlar los recursos hídricos impulsó a las sociedades a innovar, desarrollando herramientas que ampliaron sus capacidades más allá de lo que podían lograr con sus propias manos. Estos primeros avances sentaron las bases de la ingeniería moderna y demostraron la capacidad humana para transformar el entorno. Sin embargo, estos progresos también pueden tener efectos adversos. En la gestión del agua, el control y desvío del recurso para beneficio de unos puede vulnerar el derecho de otros a acceder a este bien esencial, en contravención de los principios establecidos en las normativas nacionales e internacionales.
El agua: ¿bien público o privado?
La clasificación del agua como un bien público o privado es un debate crucial con profundas implicaciones sociales. Concebir el agua como un bien público implica reconocer su carácter esencial para la vida, sus impactos sociales en caso de escasez y su función como recurso de interés colectivo. Esta visión prioriza el bienestar social sobre los intereses individuales.
Por el contrario, el enfoque que la considera una mercancía privada, sujeta a las dinámicas del mercado, ha ganado terreno en los últimos años. Sus defensores argumentan que este modelo puede incentivar la eficiencia y atraer inversiones, aunque también genera controversias por su potencial para exacerbar desigualdades y crear externalidades negativas.
La gobernanza del agua plantea interrogantes sobre cómo equilibrar los derechos individuales con los intereses colectivos, garantizar un acceso equitativo y fomentar su uso sostenible. Este equilibrio es esencial para enfrentar los desafíos actuales, incluyendo el cambio climático y la creciente presión sobre los recursos hídricos.
Descentralización de la Política Hídrica en México
El compromiso del Estado Mexicano por volver universal y eficiente el suministro de agua para sus habitantes, aunado a las preocupaciones por cumplir con las políticas de instituciones internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, encaminadas a trasformar a los países en desarrollo y en transición hacia economías más orientadas al mercado imperante, ha promovido a lo largo de varias décadas un proceso de descentralización sobre la política hídrica en México.
En este proceso de descentralización se distinguen tres periodos: el primero, de 1948 a 1976, que coincide con el auge y la extinción de la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) como única administradora del agua potable en el territorio nacional; el segundo, de 1976 a 1988, en que la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) tomó la agenda del agua potable y alcantarillado y, finalmente, 1989, cuando se crea la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que se convirtió en la reguladora de los sistemas urbanos de agua potable operados por los estados y municipios, además de tener el encargo de diseñar una política del agua adecuada a los lineamientos del libre mercado.
Durante estos tres periodos se concreta el proceso de descentralización del agua, es decir, la transferencia de competencias, recursos y poder de decisión sobre el destino de los recursos hídricos desde el gobierno central hacia gobiernos subnacionales u otros actores como el sector privado. En otras palabras, es como repartir el poder y la responsabilidad para gobernar un territorio entre diferentes niveles de gobierno, de tal suerte que, si en la década de los cuarenta el gobierno federal era el único responsable de la dotación del agua a las poblaciones, en la actualidad es una tarea dividida entre los municipios, los organismos paramunicipales o la iniciativa privada.
Relación entre descentralización y extracción ilegal de agua
La descentralización ha facilitado el robo de agua por diversas razones:
- Mayor cantidad de actores involucrados: Al haber una mayor cantidad de entidades responsables de la distribución del agua, se crea un sistema más complejo con múltiples puntos de control. Esto puede generar brechas en la vigilancia y control del suministro, facilitando la comisión de actos ilícitos como el robo de agua.
- Diferentes capacidades institucionales: No todas las entidades locales cuentan con los mismos recursos, capacidades técnicas y personal capacitado para gestionar de manera eficiente el suministro de agua. Esta disparidad puede generar desigualdades en la protección de las infraestructuras hídricas, dejando algunas zonas más vulnerables al robo.
- Mayor dificultad para identificar y sancionar: La fragmentación de la gestión del agua dificulta la identificación de los responsables del robo, así como la aplicación de sanciones efectivas. Cada entidad puede tener sus propias regulaciones y procedimientos, lo que complica la coordinación y la persecución de este delito.
Extracción ilegal: causas y consecuencias
La extracción ilegal de agua podría abrir un gran debate si se analiza desde las causas que motivan tal actividad. Sin afán de entrar en un debate jurídico, cabe mencionar que tales causas tienen una condición heterogénea subyacente pudiendo ser social, económica, moral, ética, jurídica u otra distinta. Tales actividades van del “no pago del servicio de agua potable domiciliada” motivada quizá por cuestiones económicas o de idiosincrasia, a la perforación de pozos clandestina o indebida, hasta el acaparamiento del vital líquido por ciertos grupos (oligarcas del agua, delincuencia organizada o líderes sociales).
Ejemplos de lo anterior se presentan y van en aumento en gran parte del territorio nacional, tal como sucedió en junio de 2022, cuando se descubrieron 3 tomas clandestinas junto a la carretera libre a Reynosa, Tamaulipas, conectadas al acueducto que lleva agua de la presa “El cuchillo” a la zona metropolitana de Monterrey, donde sus habitantes padecen de escasez hídrica constante. El acueducto afectado recorre aproximadamente 100 kms y el producto de la ordeña del ducto se llevaba a una represa ilegal que alimentaba las actividades agropecuarias y acuícolas de seis ranchos ubicados en el Municipio de Los Ramones, Nuevo León. Al descubrir una de las tomas, las autoridades detectaron que se estaban desperdiciando más de 300 litros por segundo de agua, lo que evidenció el ilícito cometido.
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Otro caso que va en aumento es el control y uso ilegal del vital líquido por el crimen organizado; tales grupos controlan la venta y distribución de pipas con agua en zonas con baja disponibilidad, lo que sucede incluso en la Zona Metropolitana del Valle de México, tal como se ha puesto en evidencia en repetidas ocasiones en Alcaldías como Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa, en donde a partir del 2019 el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) solicitó el apoyo de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y recientemente de la Guardia Nacional, para implementar operativos contra las tomas clandestinas y la extracción irregular en el Valle de México.
En el periodo de 2019 a 2023 el SACMEX recibió 1,266 quejas ciudadanas de tomas clandestinas de todas las alcaldías, el año pasado presentó un aumento significativo en el reporte de esas tomas clandestinas de extracción de agua, que en fechas recientes se ha denominado como “Huachicoleo de agua o Aguachicoleo”. Tales circunstancias han agudizado la crisis financiera en SACMEX ya que en los últimos años, el robo de agua representa, junto con las fugas y el agua no facturada, casi el 30% de pérdidas en el cobro del servicio.
El combate al crimen organizado que se roba el agua y la distribuye ilegalmente, cuenta en la mayoría de los casos con el apoyo de la propia comunidad, lo que se ha extendido principalmente en el Estado de México y Michoacán, en este último estado, existen extensas zonas de riego que han sido controladas por grupos como La Familia Michoacana que vende el agua a los agricultores. Estos grupos delincuenciales se relacionan también con los aserraderos ilegales y el control de las áreas rurales, entre otras actividades ilícitas.
Geoseguridad: Mendicidad
El robo de agua asume también otras connotaciones. El uso, desvío y contaminación del agua por parte de algunos sectores como el industrial y el eléctrico ha sido una constante desde la primera revolución industrial. Cuando un interés económico “roba el agua a los pobladores” que a través del tiempo has sabido preservar sus fuentes de agua, conforme al principio jurídico “Primero en tiempo, primero en derecho» (en latín, prior in tempore, potior in iure) que señala que, ante un conflicto de derechos sobre un mismo objeto, tiene preferencia aquel que se adquirió primero en el tiempo. En otras palabras, quien primero adquiere un derecho sobre algo, tiene un derecho más fuerte que quien lo adquiere después.
Perspectivas y propuestas
La participación social tiene un gran impacto en la seguridad hídrica, ya sea positiva o negativa. Los individuos se pueden polarizar ya sea para favorecer el robo del recurso o para evitarlo, por lo que a la par de las actividades en materia de seguridad pública para evitar el ilícito, se deben implementar políticas públicas que acerquen y humanicen a un contexto hídrico real a la ciudadanía.
Ante la incapacidad de las autoridades locales para controlar este tipo de actividades, las Fuerzas Armadas han asumido un papel esencial en la protección de infraestructuras hídricas críticas, como el Sistema Cutzamala, y en la implementación de operativos para desmantelar redes dedicadas al robo de agua, empleando inteligencia y tecnología para crear sinergias que encausen el esfuerzo de las tropas destinadas a cumplir misiones de esta índole.
A continuación, se presenta un análisis de los principales actores involucrados en la seguridad hídrica y sus capacidades para enfrentar este problema:
Conflictos hidro-sociales y amenazas a la infraestructura hídrica
| Actor | Interés | Capacidad de acción | Influencia en la seguridad hídrica | Relación con otros actores |
| DEFENSA (Fuerzas Armadas) | Garantizar la seguridad nacional y la ayuda humanitaria en emergencias. | Alta: Capacidad de despliegue operativo, recursos humanos y tecnología. | Alta: Actúan directamente en emergencias y protección de infraestructura. | Coordinación con autoridades civiles, CFE, CONAGUA. |
| CONAGUA | Gestión del agua y políticas de seguridad hídrica. | Media: Capacidad técnica, limitación de recursos operativos. | Alta: Responsable de la administración de recursos hídricos. | Colaboración técnica con SEDENA y autoridades locales. |
| Gobierno Federal | Estabilidad política y desarrollo sostenible. | Alta: Capacidad de implementación de políticas públicas y gestión de recursos. | Alta: Establece políticas de seguridad hídrica. | Directa con SEDENA, CONAGUA y gobiernos estatales. |
| Gobiernos locales | Responder a emergencias locales y administrar el agua. | Media: Dependientes de recursos federales. | Media: Administración local del agua y respuesta a emergencias. | Coordinación con SEDENA, CONAGUA y el gobierno federal. |
| ONGs medioambientales | Protección del medio ambiente y conservación de recursos hídricos. | Baja: Influyen en la opinión pública y en políticas a través de activismo. | Media: Participan en proyectos de conservación. | Colaboración con instituciones académicas y gobierno. |
| Crimen organizado | Control de recursos hídricos para beneficios económicos. | Alta en zonas específicas, baja a nivel nacional. | Alta: Genera inestabilidad en el acceso al agua y otros recursos. | Conflictiva con todos los actores gubernamentales. |
Fuente: Elaboración propia.
El cuadro que antecede, examina los principales actores en los conflictos hidro-sociales y las amenazas a la infraestructura hídrica en México, al abordar sus intereses, capacidades de acción, influencia en la seguridad del agua y relaciones con otros actores. Las Fuerzas Armadas (DEFENSA), con alta capacidad operativa, participan en emergencias y protección de la infraestructura hídrica, en coordinación con autoridades civiles y CONAGUA.
CONAGUA, que lidera la gestión del agua, ejerce una gran influencia en la política hídrica, aunque su capacidad se ve limitada por los recursos disponibles. El Gobierno Federal busca promover estabilidad y desarrollo sostenible; tiene alta capacidad e influencia en la política del agua, trabajando directamente con DEFENSA y los gobiernos locales.
Estos gobiernos locales administran el agua y responden a emergencias, aunque dependen de recursos federales. Las ONGs medioambientales fomentan la conservación mediante activismo, colaborando en proyectos ecológicos. Por último, el crimen organizado genera inestabilidad en la gestión del agua, afectando la seguridad hídrica.
Prospectiva de seguridad hídrica frente al robo de agua
En un futuro, el problema de la extracción ilegal de agua podría escalar, especialmente en regiones donde el cambio climático y la creciente demanda de este recurso incrementen su valor. Para 2030, es probable que el Ejército Mexicano asuma un papel más central en la protección de los recursos hídricos, implementando sistemas de inteligencia y tecnologías avanzadas de monitoreo y colaborando de manera más estrecha con instituciones especializadas en gestión del agua y seguridad hídrica. La lucha contra el robo de agua no solo es una cuestión de seguridad interior, sino que también constituye una estrategia crucial para garantizar la estabilidad social y el desarrollo sostenible del país.
Autores
- Dr. Marco Antonio Vargas Hernández
- Dra. María Guadalupe Córdova Espinoza
- Dr. Carlos Alberto Barrera Franco
- Mtro. Humberto Carrasco Vargas
- Lic. Pedro Santiago Sánchez
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