Lo que fue en su momento la Policía Federal y la Secretaría de la Función Pública desarrollaron el libro Anticorrupción en la Seguridad Pública, el cual es considerado un parteaguas para entender la lucha frontal contra la corrupción en la Administración Pública Federal.
Bajo ese panorama, se establece que el liderazgo, la formación y profesionalización en el combate a la corrupción son sin duda las armas y los escudos con los que se librará satisfactoriamente la batalla contra la corrupción.
Este libro se presenta como una opción ideal para entender la mejor manera de combatir la corrupción en la seguridad pública, esto en razón de desglosar la función policial y el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que si miramos en retrospectiva, el agravamiento de la crisis de la violencia e inseguridad en México abarca tres décadas, mismas que son explicadas para la comprensión del fenómeno actual.
Incluso, al inicio de la actual administración, el mismo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, estableció que debido a que diferentes cuerpos de seguridad fueron corrompidos e infiltrados por grupos criminales en administraciones pasadas, desde el gobierno federal se buscaba que la Guardia Nacional cumpla con estándares internacionales para romper ese panorama de corrupción.
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De acuerdo a los coordinadores de esta publicación, Alejandro Carlos Espinosa y Rafael Francisco Ortiz de la Torre, con este libro se pretende un análisis que permita hacer evidente que la solución a dicho problema exige tiempo y una adecuada estrategia, en este sentido esfuerzos como el presente en donde participan expertos suman a dicho objetivo de interés nacional llevado al nivel de política pública.
Por ello, proponen que debe reconocerse que la cabal solución al fenómeno de la corrupción y de la inseguridad no dependen únicamente de las instituciones encargadas de las instituciones del Estado, sino que se requiere un cambio de paradigma que atienda las causas de ambos fenómenos mediante el mejoramiento de las condiciones de empleo, educación y salud que nos permita pensar en un ascenso más rápido al cumplimiento de la Ley por convicción.
Como sucede en cualquier país del mundo, México padece importantes amenazas. Esta realidad y las urgencias que presenta la inseguridad pública, propició el surgimiento de la Guardia Nacional, que según Espinosa y Ortiz, tenido la capacidad de adaptarse a esa realidad en la ruta de lograr la legalidad nacional.
El liderazgo, la formación y profesionalización en el combate a la corrupción son sin duda las armas y los escudos con los que se librará satisfactoriamente la batalla contra la corrupción.
Según datos oficiales, actualmente la Guardia Nacional con 32 coordinaciones estatales y una fuerza operativa de 96 mil 567 elementos, de los cuales 82 mil 81 se encuentran desplegados y 14 mil 486 realizan actividades en apoyo a las operaciones.
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De ahí la trascendencia en la seguridad pública, como lo ha calificado el propio Gobierno Federal, ya que es responsable de aportar soluciones a la problemática social del país, impulsar la investigación y el desarrollo del conocimiento de los servidores públicos para fomentar la cultura del estudio científico y aplicación de la metodología.
Para entenderlo de mejor manera, el libro Anticorrupción en la Seguridad Pública invita a analizar en retrospectiva, el agravamiento de la crisis de la violencia e inseguridad en el país, el cual abarca tres décadas. Es evidente que la solución a dicho problema exige tiempo y una adecuada estrategia para evitar las inconsistencias y porosidades de un modelo rebasado.
De igual forma, debe reconocerse que su cabal solución no depende únicamente de las instituciones encargadas del sector de la seguridad pública, sino que se requiere un cambio de paradigma que atienda las causas de ambos fenómenos mediante el mejoramiento de las condiciones de empleo, educación y salud que nos permita pensar en un ascenso más rápido al cumplimiento de la Ley por convicción.
La integración del naciente cuerpo de seguridad pública contempla a elementos que, por su destacada trayectoria en la carrera, han recibido adiestramiento y formación de alto perfil. Si bien es cierto que, deben continuarse los esfuerzos de profesionalización, la solidez ética y doctrinaria de sus integrantes asegurará que la institución sea firme y mantenga un espíritu de cuerpo que no dé cabida a los actos de corrupción.
En otras palabras, sin centrarse en el nuevo cuerpo de seguridad establecida por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el país ha sido testigo no solo del proceso de creación constitucional de la Guardia Nacional, sino que, en paralelo, se han aprobado las Leyes secundarias, el soporte presupuestal, la estructura administrativa y organizacional.
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Esta realidad y las urgencias que presenta la inseguridad pública, propiciaron el surgimiento de la Guardia Nacional con recursos humanos y materiales provenientes de las Fuerzas Armadas y que operan en circunstancias de igualdad con elementos de la Policía Federal. El Ejército y la Marina han tenido la capacidad de adaptarse a esa realidad en la ruta de lograr la legalidad nacional.
Por ello se invita a la reflexión de crear un modelo óptimo de coordinación entre las distintas áreas que la conforma y sus integrantes.
La base del actuar en la función policial en el nuevo modelo de seguridad, según el general Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional y autor del prólogo de esta obra, se sustenta en sus principios rectores: El liderazgo, la formación y profesionalización en el combate a la corrupción. Las anteriores son las armas y los escudos con los que se librará satisfactoriamente la batalla contra la corrupción.
A partir de esta premisa, la Guardia Nacional está obligada a tener en el mediano plazo la totalidad de sus elementos con Certificado Único Policial, que tiene entre sus presupuestos la aprobación de los exámenes de Control de Confianza.
El capítulo segundo de la obra alude a la Administración Pública Federal, de modo que la interrelación entre el marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se conjugan para conocer la naturaleza jurídica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tema que es tratado para beneficio del lector de manera sistemática por Dra. Yolanda Martínez Martínez, quien cuenta con una experiencia vasta en el modelo a partir de su desarrollo profesional como académica y servidora pública en materia de seguridad
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Por su parte, el Mtro. José Guadalupe Medina Romero, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, reflexiona sobre la importancia del principio de legalidad en la actuación policial en un diálogo continuo con el lector y subraya que la finalidad del debido proceso es el control racional de las leyes que sustentan el Estado de Derecho. De ahí la importancia del carácter procedimental que da legitimidad a las acciones de las autoridades públicas.
Sin duda alguna, el nuevo esquema de responsabilidades administrativas es fundamental para las contrataciones públicas, mismo que se explica de forma pragmática y asequible en el artículo “La reconfiguración del Derecho Disciplinario en México”, del Mtro. Fernando Martínez García, Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, a quien apreciamos el compartir estos elementos de alta utilidad para el desarrollo de la función pública.
El capítulo tercero del libro, que profundiza en el Sistema Nacional Anticorrupción, está abordado por el Lic. Rafael Francisco Ortiz de la Torre, quien se destaca por su probada trayectoria y conocimientos sobre la función pública. El autor describe sistemáticamente las condiciones que fortalecen el actuar de los servidores públicos en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Así, destaca la importancia de la profesionalización y educación, el correcto funcionamiento de la carrera profesional, la disciplina y el ethos que se imprime en los integrantes de las entidades públicas con el objetivo de dignificar la función policial.
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La transversalidad que han significado las reformas en materia de anticorrupción y respecto a las responsabilidades administrativas, es el tema de estudio del Capítulo Cuarto y en torno al cual nos presenta su aportación Mtro. José Carreño Camacho. El autor retoma la trascendencia que tiene el respeto al debido proceso como piedra angular sobre el cual se genera el cambio cultural y que sienta las bases que permiten la transformación en la ejecución de los procedimientos de responsabilidad.
Este capítulo contiene la contribución de Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl, que desde su experiencia y conocimiento del ejercicio público, profundiza en los mecanismos para la investigación, substanciación y sanción de las faltas a las responsabilidades de los servidores públicos. Destaca el énfasis que hace el autor sobre la coordinación entre distintas autoridades que intervienen en el Sistema Nacional Anticorrupción.
El capítulo quinto y último sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Penal Acusatorio, cierra con el trabajo del Dr. Alejandro Carlos Espinosa, quien desde su experiencia tanto universitaria como en diversos cargos en el área de procuración de justicia y seguridad vinculados con la profesionalización, nos presenta un análisis que pone en el centro de la discusión a los derechos humanos como vector que obliga a los servidores públicos a cumplir con el debido proceso, desde la operación, tanto en procedimientos penales como en aquellos que tienen que ver con actos de corrupción.
Hablando de corrupción en México…
Cabe destacar que en 2019, México obtuvo una calificación de 29 puntos (en una escala donde 0 es mayor percepción y 100 menor percepción), y ocupa la posición 130 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional.
Además, según INEGI, si bien la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo en 2019, al pasar de 91.1% en 2017 a 87%, la tasa de prevalencia de corrupción y la tasa de incidencia de estos actos aumentaron en el mismo periodo, acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019.
Es decir, el ejercicio del INEGI revela que 15 mil 732 personas por cada 100 mil habitantes que tuvieron algún contacto con algún servidor público experimentaron algún acto de corrupción, cuando en 2017 la cifra fue de 14 mil 635, mientras que los actos de corrupción por cada 100 mil habitantes pasaron de 25 mil 541 en el año 2017 a 30,456 en el año 2019; es decir 19.2% más, lo que no coindice con el objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado que en su gobierno “ya no habrá corrupción”.
