Joe Biden depositará la confianza en el general de cuatro estrellas retirado Lloyd J. Austin para que sea secretario de Defensa.
El militar, de 67 años, comandó las tropas estadounidenses y aliadas en Irak.
Nacido en Alabama hace 67 años, Austin se convertirá, de confirmarse, en el tercer militar de carrera en dirigir el Departamento de Defensa.
Muchos de los que han estado al frente del Pentágono han servido en el Ejército, pero solo dos hasta la fecha (George Marshall entre 1950 y 1951, y James Mattis bajo la presidencia de Trump) han sido militares de carrera.
Cuando el Congreso creó la figura del secretario de Defensa en 1947, la idea era que fuera un cargo civil quien controlara el Ejército, Biden eligió a Austin por encima de la favorita, Michele Flournoy, exalta funcionaria del Pentágono y simpatizante de Biden que hubiera sido la primera secretaria de Defensa en la historia del país.
De acuerdo con diversos medios, la decisión tendrá que ser avalada después de revisar si Austin cumple con los requisitos necesarios para asumir el puesto, pues tiene que cumplir con un periodo en retiro, según la ley.
Austin se jubiló del Ejército en 2016, por lo que necesitará que el Congreso le conceda un permiso especial, el mismo que obtuvo Mattis en 2017, pues la ley requiere que el candidato haya abandonado el uniforme siete años antes de convertirse en secretario de Defensa.
Austin ha servido 41 años en el Ejército y es un general de cuatro estrellas.
Fue jefe de Estado Mayor del Comando Central de Estados Unidos entre 2005 y 2006, y dirigió las fuerzas estadounidenses y de la coalición en la guerra de Irak, de febrero de 2008 a abril de 2009.
Fue en esos años, en los que Biden era vicepresidente, cuando Austin y el hoy presidente electo empezaron a tener relación.
México va por García Luna; SRE solicita extradición
Oficialmente México solicitó a Estados Unidos la extradición del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien se le atribuye complicidad y protección a grupos del narcotráfico en el país, además de otros delitos como el de enriquecimiento ilícito.
Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo el pasado 27 de noviembre una orden de aprehensión contra el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública por el delito de enriquecimiento ilícito.
García Luna fue detenido en Dallas, Texas, el 9 de diciembre de 2019 y posteriormente se le trasladó a Brooklyn, Nueva York, donde radica la causa en su contra.
El exsecretario de Seguridad Pública está acusado por cinco delitos cometidos desde el año 2001 hasta la fecha, por los que podría ser condenado a cadena perpetua: conspiración para distribuir alrededor de 53 mil kilos de cocaína; tres delitos por narcotráfico y un último cargo por falsear declaraciones ante las autoridades migratorias, en junio de 2018, que jamás había cometido un delito por el cual no había sido arrestado.
García Luna se encuentra internado en el Metropolitan Detention Center (MDC), la cárcel de Brooklyn, Nueva York, en la que está detenido a la espera de juicio.
El juez Brian Cogan fijó el 17 de febrero de 2021 como fecha para la próxima audiencia del mexicano.
México buscará regular trabajo de agentes extranjeros dentro del país
De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado una iniciativa para regular la presencia de agentes extranjeros en México, dicha propuesta legal contiene adhesiones a la Ley de Seguridad Nacional.
La iniciativa busca regular la presencia y participación de agentes del extranjero en México, para que actúen en el marco de la cooperación bilateral, es decir, su actuación será por un tiempo definido en una solicitud para su desempeño en territorio nacional.
El documento intenta limitar la actuación de agentes del extranjero únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas, en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor.
En ese sentido, la información que recaben los agentes investigadores de otros países la deberán de hacer de conocimiento de las autoridades mexicanas.
“Establecer la obligación de agentes del extranjero de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral”, apunta la iniciativa.
Incluso, la iniciativa de ley llegada al Senado plantea que los agentes extranjeros, en caso de cometer un ilícito, deberán ser sancionados penalmente de acuerdo al marco legal de México.
“Se propone que los agentes extranjeros no tengan ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a personas extranjeras el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas”, señala el texto.
Con la enmienda legal también se busca establecer un Grupo de Alto Nivel de Seguridad, como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, para la atención y gestión de los convenios, programas y temas estratégicos de cooperación.
Asimismo, establecer un Grupo de Coordinación Operativa, como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, encargado de coordinar y supervisar la ejecución de los convenios, programas, acciones o acuerdos suscritos.
La iniciativa de la Presidencia llega al Legislativo después de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fuera detenido por autoridades de Estados Unidos, sin notificación a las autoridades mexicanas de la investigación que le seguían.
Marihuana ya no figura en las listas de estupefacientes como una droga peligrosa: ONU
La Comisión de Estupefacientes de la ONU retiró la marihuana de su lista de narcóticos de riesgo liderando los cambios que internacionalmente se están produciendo con respecto al cannabis.
Al revisar una serie de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la marihuana y sus derivados, la Comisión de Estupefacientes se centró en la decisión de eliminar el cannabis de la Lista IV de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, donde figuraba junto a opioides adictivos y letales como la heroína.
Los 53 Estados miembros de la Comisión votaron sobre la eliminación del cannabis de los programas de control de estupefacientes más estrictos, donde había estado colocado durante 59 años, lo que había desalentado su uso con fines médicos.
Con un histórico resultado de 27 votos a favor, 25 en contra y una abstención, la Comisión de la ONU ha abierto la puerta al reconocimiento del potencial medicinal y terapéutico de esta droga de uso común, pero aun mayoritariamente ilegal.
Además, según distintas informaciones, la decisión también puede impulsar la investigación científica adicional sobre las propiedades medicinales de la planta y actuar como catalizador para que los países legalicen la droga para uso medicinal y reconsideren las leyes sobre su uso recreativo.
En enero de 2019, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer seis recomendaciones relacionadas con el cannabis y su retirada de los tratados de control de drogas de la ONU.
La Comisión de Estupefacientes votó esas propuestas originalmente durante su sesión de marzo de ese mismo año, donde muchos países solicitaron más tiempo para estudiar su respaldo a la retirada del cannabis como narcótico y definir mejor sus posiciones, según distintas noticias de prensa.
Entre los muchos puntos que la Organización Mundial de la Salud publicó con respecto a la marihuana aclaró que algunos de sus derivados como el cannabidiol (CBD), un compuesto no intoxicante, no deben estar sujetos a controles internacionales ya que ha asumido un papel destacado en las llamadas terapias del bienestar en los últimos años al tiempo que ha creado una industria de miles de millones de dólares.
Actualmente, más de 50 países han adoptado programas de cannabis medicinal, mientras que Canadá, Uruguay y 15 estados de Estados Unidos han legalizado su uso recreativo.
México y Luxemburgo también están estudiando esta posibilidad.
Después de la votación, algunos países quisieron explicar su voto.
Así, Ecuador apoyó todas las recomendaciones de la OMS e instó a que la producción, venta y uso de cannabis tenga “un marco regulatorio que garantice las buenas prácticas, la calidad, la innovación y el desarrollo de la investigación”.
Mientras tanto, Estados Unidos, que votó por eliminar el cannabis de la Lista IV de la Convención Única, se inclinó por mantenerlo en la Lista I, argumentando que es “coherente con la ciencia que demuestra que, si bien se ha desarrollado un tratamiento derivado del cannabis seguro y eficaz, el cannabis en sí continúa planteando riesgos importantes para la salud pública que deben seguir estando controlados en virtud de las convenciones internacionales de fiscalización de drogas”.
En contra se mostraron otros países como Chile que señaló, entre otras cosas, que afirma que “existe una relación directa entre el uso de cannabis y el aumento de la posibilidad de padecer depresiones, déficit cognitivo, ansiedad, y síntomas psicóticos”, entre otros aspectos, mientras Japón afirmó que el uso no médico de la planta “podría dar lugar a impactos sociales y de salud negativos, especialmente entre los jóvenes”.
