Ante el grave problema del aumento en el consumo de drogas en Estados Unidos y sobre todo la contabilidad de más de 100,000 muertos por sobredosis de fentanilo en 2021, la respuesta gubernamental de la Casa Blanca fue aumentar la recompensa por la captura de algunos capos del narco que viven y operan en México.
El contrasentido de esa estrategia se percibe en los últimos reportes de la DEA que aquí se han comentado: nueve cárteles del crimen organizado de México funcionan como células autónomas dentro del territorio estadounidense para contrabandear, distribuir y vender droga al menudeo en las calles de EU.
Pero en lugar de lanzar todas las fuerzas del Estado contra las bandas en las calles americanas, el Gobierno prefiere acudir al viejo modelo del viejo oeste: recompensas para capturar vivos o muertos a los capos, pero sin desarticular las estructuras criminales.
La justificación gubernamental estadounidense para eludir la persecución de traficantes y consumidores se sustenta en el criterio jurídico de que los ciudadanos tienen todo el derecho individual de acceder al consumo de drogas y que el Estado solo se define las acciones para atender adicciones; este modelo, por cierto, excluye cualquier campaña que pudiera desalentar el consumo de drogas sobre todo entre los jóvenes.
El Gobierno estadounidense tiene en prisiones a varios altos capos del crimen organizado, pero las estructuras siguen funcionando sin interferencias policíacas.
La principal preocupación de EU por el fentanilo condujo a la persecución y captura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, todopoderoso jefe del Cártel de Sinaloa, la principal organización criminal dedicada al tráfico de centenillo, una droga mortal inventada en México, pero perfeccionada por narcos estadounidenses al mezclarla con otras dos para aumentar su letalidad.
La DEA estadounidense ha aumentado sus actividades en México, aunque ahora cumpliendo con los requisitos legales de diciembre de 2020 para registrar agentes y operativos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cumplimiento con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional.
Pero el problema no radica en estos registros, sino en la falta de una estrategia integral para deshacer las bandas, para cerrar los pasos de contrabando de droga al territorio estadounidense y para disminuir la venta al menudeo en las calles.
La desconfianza mutua entre la DEA y las autoridades mexicanas y ha impedido algún acuerdo coherente de coordinación y de intercambio de información y tecnología, de tal manera que no todos se agote en operativos de corto plazo.
El establecimiento de recompensas, por ejemplo, fue una decisión unilateral estadounidense que no contó con alguna colaboración efectiva de la parte mexicana y que por lo tanto los resultados serán menores a los esperados.
Del lado mexicano se encuentran algunas indefiniciones que dificultan los acuerdos.
Por ejemplo, no existe como tal una oficina antinarcóticos, por las razones de que en el pasado todas ellas acabaron al servicio de las diferentes bandas de narcos.
Pero una cosa es que exista la desconfianza hacia la corrupción policíaca y otra muy diferente que siga existiendo la necesidad mexicana de una agencia profesional de seguridad contra el tráfico de drogas, tomando en cuenta que las organizaciones criminales dedicadas a esos menesteres tienen enormes recursos para la corrupción.
La diferencia de enfoques sobre consumo de drogas entre México y Estados Unidos –un delito y un derecho, respectivamente– también complica cualquier acuerdo de cooperación, pues México ha asumido la argumentación de que la demanda de droga por parte de los consumidores estadounidenses determina la oferta por parte de las bandas de narcotraficantes.
Y mientras no se debata y se llegue a un punto intermedio, la relación profesional entre los dos países será imposible.
Estados Unidos no puede permitir el derecho al consumo de drogas en su territorio y al mismo tiempo querer obligar a los países productores a perseguir de forma implacable a los capos de la droga que se mueven con tranquilidad en el territorio estadounidense.
La oferta de recompensas como en el viejo oeste no resolverá el problema del narcotráfico, aunque es probable que consiga el arresto de algunos grandes capos, pero sin desmantelar las estructuras criminales que seguirán existiendo con el relevo en automático de jefes de cárteles y de administradores de las diferentes especialidades de la droga.
