Un Tribunal de Distrito de Estados Unidos ordenó el pasado 15 de abril la confiscación de cinco bienes inmuebles adquiridos por el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero con las ganancias que obtuvo de su organización de tráfico de drogas.
El juez de distrito de Estados Unidos, Eric N. Vitaliano, emitió un decreto parcial de decomiso que autoriza la incautación y el decomiso de cinco propiedades inmobiliarias ubicadas en Guadalajara, Jalisco y sus alrededores.
Estas propiedades fueron adquiridas por Rafael Caro Quintero con ganancias generadas por su organización de narcotráfico.
Estados Unidos buscará hacer cumplir esta orden a través de canales diplomáticos con México.
Conscientes de que la orden o autorización del juez federal no se puede cumplir por la ausencia de jurisdicción de Estados Unidos dentro de México, los fiscales anotan que “por medio de los canales diplomáticos buscarán hacer cumplir el mandato”.
Las propiedades que pretende confiscar la fiscalía ya habían sido identificadas en otra denuncia civil y criminal contra Caro Quintero, de las múltiples que tiene en su contra el narcotraficante mexicano en lugares como Los Ángeles, Nueva York y Washington, D.C.
La petición de los fiscales ante el juez que la avaló sostiene que Caro Quintero compró las cinco propiedades que están dentro y alrededor de Guadalajara, con el dinero que obtuvo entre enero de 1980 y marzo de 2015, de la exportación a Estados Unidos de múltiples toneladas de mariguana, cocaína y metanfetamina.
EE.UU., impone sanciones contra el gobierno ruso; acusa ciberespionaje e injerencia
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impuso una serie de sanciones contra Rusia y expulsó a diez miembros de su legación diplomática por el supuesto ciberespionaje ruso y la injerencia en las elecciones estadounidenses.
En abril pasado, Biden emitió una orden ejecutiva proclamando una emergencia nacional “respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, política exterior y economía de EU” que suponen las actividades “dañinas” de Rusia.
Funcionarios de la Administración aclararon que EU no busca una escalada de tensión con Rusia pese a estas acciones: “No queremos una espiral descendente, creemos que podemos y deberíamos evitar eso, pero también hemos dejado claro públicamente que defenderemos nuestros intereses nacionales”.
Sobre los diez miembros de la misión diplomática rusa expulsados, el Gobierno estadounidense únicamente ha aclarado que entre ellos hay “representantes de los servicios de Inteligencia rusos”.
En ese sentido, EU sancionó, además, a seis empresas tecnológicas de Rusia a las que acusa de apoyar a la Inteligencia de ese país.
EU sancionó también a 16 compañías y 16 individuos rusos por su supuesta injerencia de los comicios electorales estadounidenses de 2020.
Cúpula del Ejército en Brasil renunció en medio de crisis sanitaria por Covid-19
Las Fuerzas Armadas de Brasil vivieron un hecho insólito a finales de marzo con la renuncia simultánea de sus tres jefes militares, un día después de la sustitución del ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva.
En total, seis de los 23 ministros del gobierno de Jair Bolsonaro fueron reemplazados durante el último tiempo en Brasil, entre ellos, el ahora exministro de Defensa Fernando Azevedo e Silva.
Su salida provocó la posterior renuncia del jefe del Ejército, Edson Pujol, del jefe de la Armada, Ilques Barbosa, y el de las Fuerzas Aéreas, Antonio Carlos Bermudez, reacción que los medios locales consideraron como la mayor crisis militar desde 1977.
Los tres jefes de las Fuerzas Armadas se reunieron tras la salida del titular de defensa y el nombramiento en su reemplazo de Walter Braga Netto, general que ya era parte del gabinete, para posteriormente presentar su renuncia.
Nunca en la historia de Brasil tres comandantes de las Fuerzas Armadas habían dejado sus cargos al mismo tiempo.
Curiosamente, estos cambios llegan en la víspera del aniversario del golpe de estado en Brasil de 1964 que tuvo lugar contra el presidente João Goulart por militares brasileños con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
La salida del general Azevedo, que no se ha aclarado si fue por dimisión o destitución, generó una creciente ola de rumores que hablaban de la inminente renuncia de los jefes del Ejército, la Aviación y la Marina, en un gesto de «solidaridad» Azevedo era visto como una figura moderada que a menudo se ponía en contacto con los jueces de la Corte para tranquilizarlos sobre la postura de las Fuerzas Armadas, cada vez que había roces entre los integrantes del gobierno de Bolsonaro y el alto tribunal.
Sin embargo, en una escueta nota de dos párrafos, el Ministerio de Defensa anunció que los tres jefes de las Fuerzas Armadas serán «sustituidos» y que eso fue «comunicado» en una reunión con el general Walter Braga Neto, hasta ahora ministro de la Presidencia y quien asumirá el cargo que ocupaba Azevedo e Silva.
Analistas califican dicha «sustitución» de los jefes militares como algo inédito en Brasil y ocurre en un Gobierno que, paradójicamente, está presidido por un capitán de la reserva del Ejército en cuyo gabinete casi la mitad de los ministros procede del sector castrense.
Todos esos movimientos se han dado en vísperas del 31 de marzo, un día importante para la ultraderecha, pues en esa fecha, en 1964, ocurrió un golpe de Estado que originó una dictadura que se prolongó durante 21 años y que Bolsonaro ha enaltecido siempre como modelo.
De acuerdo a medios nacionales, el mandatario ultraderechista está perdiendo popularidad en los sondeos a medida que las condiciones económicas se agravan y la vacunación avanza más lentamente de lo esperado.
De ahí que el mandatario nacional anunció en los últimos días seis cambios en su gabinete, para muchos, buscando un cierto equilibrio entre las fuerzas más extremas que constituyen su base y los conservadores más moderados, que le apoyan con algunas resistencias.
Un cambio significativo fue en la cartera de Exteriores, ocupada hasta ahora por Ernesto Araújo, visto por muchos como un agitador de ultraderecha y que será sustituido por el embajador Carlos Alberto Franco França, un diplomático con poca experiencia pero considerado más moderado y de talante negociador.
Otro movimiento importante será en el Ministerio de la Secretaría de Gobierno, que pasa a manos de la diputada Flavia Arruda, esposa de un exgobernador de Brasilia destituido y preso en su momento por corrupción y que se ocupará de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento.
Desde que asumió el cargo en 2019, Bolsonaro ha colocado a militares en servicio y retirados en todos los niveles de su gobierno, lo que hace temer que la reputación de los miembros de la rama armada se resienta.
La presión de Bolsonaro sobre los altos funcionarios militares para que le exhiban públicamente su apoyo político agrió las relaciones, incluso, medios locales dijeron que los altos mandos militares ya estaban descontentos con el papel del exministro de Salud Eduardo Pazuello, un general en activo al que se atribuye en general la falta de vacunas y el escaso control de la pandemia. Bolsonaro reemplazó a Pazuello.
Alerta fiscalía rumana a México por posible fuga de Florian Tudor
Las autoridades rumanas han expresado temor ante la posibilidad de que el jefe de la banda de la Riviera Maya, una organización criminal que robó más de mil millones de dólares al comprometer cajeros automáticos en destinos turísticos a lo largo de México, huya del país latinoamericano y escape a la justicia.
En marzo pasado, un tribunal de Bucarest emitió una orden de arresto contra Florian Tudor, un rumano que actualmente reside en territorio mexicano, luego de que el Departamento Antimafia lo acusara de crear un grupo delictivo organizado, extorsión e intigación de intento de asesinato contra su ex mano derecha, Constantin Sorinel Marcu.
El presunto líder de la pandilla ha negado sistemáticamente todos los cargos y apeló el fallo judicial.
Sin embargo, la justicia rumana rechazó la apelación la semana pasada y abrió la posibilidad de solicitar la extradición de Tudor desde México.
Los fiscales han calificado a Tudor como “una amenaza para el orden público” y temen que el líder de la pandilla pueda reconstruir su red criminal de concretar un escape, revelaron documentos judiciales vistos por The Organized Crimea and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Autoridades rumanas critican que sus homólogos mexicanos no han sido de ayuda durante el proceso judicial.
También agregaron que las continuas referencias de Tudor a políticos mexicanos en sus declaraciones públicas son parte de una estrategia de intimidación para bloquear cualquier esfuerzo por investigar los crímenes de la pandilla.
El pasado miércoles, medios mexicanos informaron que un juez federal impidió, por ahora, la extradición de Tudor.
Actualmente, el ciudadano rumano espera que la justicia mexicana acepte sus solicitudes de amparo pendientes para así recuperar los bienes que le fueron confiscados durante la investigación y evitar ser devuelto a su país de origen.
Tudor ha dicho a través de sus abogados que no puede salir de México para encarar a las autoridades rumanas porque tiene un hijo que necesita cuidados especiales y asegura que los fiscales pueden escuchar su declaración desde el extranjero.
Los documentos judiciales también revelan nuevos detalles sobre cómo Tudor daba órdenes e intimidaba a otros pandilleros para preservar el control de la organización, incluida una tensa discusión a través de mensajes de texto entre él y Sorinel Marcu antes de su asesinato.
Posteriormente, una investigación liderada por autoridades mexicanas atribuyó el homicidio de Marcu a un guardia de seguridad que protegía los complejos de Tudor en Cancún.
OCCRP, Quinto Elemento Lab, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Rise Project publicaron una investigación en 2020 que reveló que las operaciones de la pandilla de la Riviera Maya representaron más del 12% del robo de tarjetas de crédito en todo el mundo.
El grupo delictivo, que estableció su sede en Cancún, clonó tarjetas de crédito y débito en cajeros automáticos comprometidos en todo el país y presuntamente canalizó el dinero hacia bienes raíces en México y Rumania a través de compañías bajo su control.
Los fiscales rumanos estiman que unos mil hombres conformaban la banda de la Riviera Maya, con miembros asentados en Rumania, México, India y Estados Unidos.
Actualmente, seis miembros de la pandilla enfrentan sentencias que oscilan entre tres y 10 años.
Un tribunal de Bucarest los declaró culpables en marzo pasado por intento de asesinato, extorsión, creación de un grupo delictivo organizado, posesión ilegal de un arma y conducir sin licencia.
