Pero en la ley los aspectos de cómo juzgar, por ejemplo un acto de indisciplina ahora se homologa no con la justicia militar, e incluso ahora además de los integrantes de la Guardia Nacional, en todos los posibles delitos que cometan los militares, para que tenga razón de ser la Secretaría de Seguridad Pública Federal de Omar García Harfuch, se les juzgara a todos por la ley civil con nuestros nuevos jueces y ya no con las estrictas normas de la justicia militar.
Son algunos los pros, de estos nuevos cambios, y entre ellos, destaca una mayor eficiencia en el combate a la delincuencia debido que, eso sí, la formación de todos los elementos de la Guardia Nacional, ahora si será obligatoriamente militar, para que adquieran la disciplina y experiencia de las fuerzas armadas, así como una posible mejora en la coordinación entre diferentes instancias de seguridad, que es lo que lamentaron diputados de oposición… ¿Por qué no fortalecer primero a las policías municipales?
Sin embargo, los contras que algunas voces en el Congreso reclaman, incluyen con esta misma formación la inminente militarización de la seguridad pública civil, que tanto evitaban en otros gobiernos y con ello viene incluso en el articulado la posibilidad de un uso excesivo de la fuerza, y la nula rendición de cuentas y transparencia de los recursos de la Guardia Nacional como cuerpo militarizado, que pasa a ser responsabilidad de la Defensa Nacional, sin especificar los formatos para ello.
También, para algunos, se trata también de llenar los vacíos legales que han impedido la aprobación en el pleno del congreso federal, de las Leyes Nacional de Seguridad y de Inteligencia Nacional, que permitan homologar la información de inteligencia en todas la Fuerzas Armadas, con un formato al que tenga acceso y controle la nueva súper “Agencia de Transformación Digital”, que pretende controlar incluso los datos biométricos de la ciudadanía, sin garantía alguna de confidencialidad de esos datos tan personales de la población y de inteligencia militar que siempre y por el bien de la nación han sido responsablemente resguardados.
Y es que los alcances no son mínimos, pero si tienen el sello de casa, de las nuevas políticas públicas del actual gobierno que, como sucedió en las recientes elecciones para los cargos del poder judicial, los objetivos los tienen claros sin importar lo que se tenga que hacer para llegar a ellos. Ya tienen al funcionario encargado de concentrar en un solo organismo, datos personales, de seguridad interna, de regulación de la telefonía móvil, de lo que se publica en internet y hasta de lo que se difunde en los medios electrónicos masivos tradicionales de la radio y la televisión, sin tener aún, las leyes que sustenten dichas acciones, esto insisto como lo hice en mi primer columna aquí publicada refuerza lo dicho por el legislador poblano Manuel Espino, cuando en esta misma comisión justicia se aprobaron las Leyes Nacionales de Seguridad, y de Inteligencia Nacional, quien después de aplaudirles argumentos, pidió reflexionar en el hecho de que “NO TODO LO QUE PROPONE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTÁ BIEN SUSTENTADO Y LAS CONSECUENCIAS PODRÍAN SER PELIGROSAS”.
