En abril de 2025, la oficina en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó la Estrategia de Vinculación y Colaboración entre Actores Clave para la Seguridad Hídrica.
El documento, surgido de la colaboración entre actores públicos, privados y sociales que buscan robustecer la gobernanza hídrica en nuestro país, identifica las bases para atender los desafíos socioambientales a los que se enfrenta la gestión del agua. Entre ellos, se incluyen la contaminación y los efectos del cambio climático, sin dejar al margen aspectos políticos, como la fuerte centralización administrativa y la ausencia de estrategias de coordinación entre los órganos facultados del Estado y los sectores productivos (PNUD, 2025).
La Estrategia contempla la restauración de cuencas mediante soluciones basadas en la naturaleza, la introducción de nuevas tecnologías infraestructurales y, sobre todo, el diseño e implementación de acciones eficaces para el desarrollo de modelos de gobernanza participativa bajo los principios de transparencia y observancia del marco normativo e instrumental del agua. A su vez, implica el modelado de mecanismos para que su gestión se realice de manera sostenible, resiliente e inclusiva, a partir del reconocimiento de acciones encaminadas a garantizar la cobertura del derecho humano al agua y combatir el estrés hídrico generado por la sobreexplotación, derivada a su vez del aumento poblacional y la actividad industrial.
De este modo, el instrumento en cuestión se suma al marco instrumental que México posee para la gestión integrada de recursos hídricos, trazando como objetivo de ésta la conformación de estrategias para su aseguramiento.
En síntesis, la elaboración de un documento de este carácter no es casual ni innovador. Por el contrario, su contenido se inserta en los postulados que sobre seguridad hídrica se han planteado en la agenda política en los últimos años y son relevantes en el actual contexto social de nuestro país. Muestra fehaciente y diligente de ello es el conjunto de reformas a la legislación secundaria en la materia, que contemplan aspectos cruciales para el aseguramiento de la disponibilidad hídrica en las próximas décadas, a lo cual se suma la promulgación de la Ley General de Aguas el 11 de diciembre pasado, en la que se valida que la seguridad hídrica se consolida mediante la garantía de cumplimiento del derecho humano al agua.
Por otra parte, más allá de los factores socioambientales que se advierten ante la prioridad de establecer nuevas formas de gestión del agua, hablar de seguridad hídrica trasciende a la simple satisfacción de necesidades mediante la óptima distribución del recurso. Por ende, trazar un enfoque articulado para la seguridad hídrica implica establecer la certeza material y jurídica para el acceso permanente en óptimas condiciones de calidad y cantidad, en tanto deriva en el aseguramiento sustentable de su disponibilidad actual y futura.
Así también, hablar de agua y de la seguridad para su acceso y gestión, implica reconocer la protección constitucional que guarda el recurso como propiedad de la Nación en términos del artículo 27, por lo que garantizar su defensa implica el ejercicio de la potestad del Estado para salvaguardar y defender nuestra soberanía en términos generales.
En este marco, la defensa y protección de la soberanía nacional no se explican en términos subjetivos sino a través de la observancia de los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el reconocimiento del acceso al agua como derecho humano implica la validación y protección de otros relacionados, especialmente al ambiente sano, a la alimentación y a la salud; todos ellos consagrados en el artículo cuarto constitucional.
Desde esta perspectiva, no debe soslayarse el papel central del agua en la producción de energía y para el desarrollo de la actividad industrial en diversos sectores, especialmente el agropecuario y con mayor precisión, la agroindustria. Basta mencionar que, del total de agua extraída para usos consuntivos relacionado con actividades económicas, la agropecuaria consumió el 72.5 por ciento del total en el año 2023 (INEGI, 2023; 2025)
De acuerdo con las Cuentas Económicas y Ecológicas de México -CEEM- (INEGI, 2023), los usos del agua en México reportaron para 2023 que el 55.6 por ciento fue destinado a usos no-consuntivos (tras su empleo, el agua devuelta al medio del cual fue extraída sin que se modifique su composición) y el resto (44.4 por ciento) para usos consuntivos. Del total de agua para uso consuntivo, el 72.5 por ciento correspondió a la actividad agrícola, mismo que a su vez, corresponde al 32.2 por ciento del total de todos los usos.
De esta manera, la seguridad hídrica no es ajena a los principios que sobre seguridad y soberanía nacionales se profieren desde el texto constitucional, especialmente porque confirman que el agua se reconoce como recurso sustancial y estratégico para el desarrollo en sus facetas económica y social, incluyendo el favorable desempeño de la vida en las ciudades.
En este orden de ideas, la seguridad hídrica es la capacidad de la población para asegurar el acceso sostenible a volúmenes suficientes de agua, con una calidad adecuada, que permitan mantener los medios de subsistencia, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico (ONU-Agua, 2013).
Partiendo de los alcances de esta definición, cuando no existen las condiciones de disponibilidad y acceso, la seguridad hídrica se advierte comprometida y, por tanto, la escasez es propiciatoria del surgimiento de conflictos que derivan en la ruptura del tejido social, los cuales se manifiestan con el surgimiento de protestas y movimientos populares que conducen a potenciales escenarios de ingobernabilidad; además de incrementar el empobrecimiento de las regiones donde se suceden.
Este es el caso de las comunidades indígenas, en los que la perspectiva interseccional permite vislumbrar la confluencia de múltiples factores de vulnerabilidad y discriminación, con lo que aspectos como el racismo, la pobreza, la marginalidad y la exclusión social se ven agravados con el surgimiento de problemas para la defensa del agua que, desde su cosmovisión, se entiende como esencial para sus modos de vida y de pertenencia originaria a su territorio. De este modo, este grupo social es identificado con el mayor grado de afectación en la satisfacción de la seguridad hídrica, especialmente cuando sus espacios de asiento han presentado históricamente problemáticas de abasto o sequía.
Actualmente, existen retos y oportunidades que deben atenderse para cumplir y vislumbrar adecuadamente la seguridad hídrica en México. Entre ellas, se incluye ponderar el fortalecimiento y la eficaz aplicación del marco jurídico y subsecuentemente, implementar los instrumentos de política pública que, de manera general y esencialmente sectorial, buscan consolidar aspectos de capital relevancia, como la gestión integrada de recursos hídricos.
Para tal efecto, desde la actual administración federal han surgido iniciativas orientadas a la modernización de la infraestructura hídrica que priorizan alcanzar el acceso al agua en condiciones idóneas para la totalidad del territorio nacional, en tanto que paralelamente se trazan acciones para el combate a la contaminación de cuerpos de agua superficial y subterránea, especialmente en las cuencas ubicadas en la zona centro del país.
Además, los distintos actores sociales y la iniciativa privada han construido una postura cada vez más abierta al diálogo y a la participación, orientada a consolidar una gobernanza del agua incluyente que impulse la priorización de prácticas enfocadas en el uso y manejo eficiente de recursos hídricos. Éstas incluyen la educación, la sensibilización de la sociedad y la participación ciudadana -especialmente a nivel comunitario y regional-, sin dejar al margen la implementación de medidas preventivas y de protección de las fuentes de agua que consideren tanto a las soluciones basadas en la naturaleza como a las nuevas tecnologías.
Basta agregar que la seguridad hídrica se concibe como parte esencial de la seguridad nacional. De ella, depende la satisfacción de necesidades primigenias bajo los postulados de la sostenibilidad ambiental y los derechos humanos, así como el desarrollo económico óptimo y el mantenimiento de condiciones de gobernabilidad y orden público.
Su abordaje, al amparo de la atención de los desafíos que representan salvaguardar su acceso y disponibilidad frente a la escasez y el estrés hídrico, implica la imperiosa necesidad de contar con opciones de gobernanza acorde con las necesidades de cada región del país, expuestas a partir del diálogo conjunto de los diversos actores intervinientes en ellas.
Referencias
CONAGUA (2024). Estadísticas del agua en México 2023. Comisión Nacional del Agua.
GÓMEZ-GARCÍA, L. (2011). Seguridad nacional y agua. En Navarrete, C., Corichi, C. y Agundis, F. (Coords.). Agua: El Oro Azul. Senado de la República LXI Legislatura.
INEGI (2025) Estadísticas a propósito del Día Mundial del Agua. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_DMunAgua.pdf
INEGI (2023). Cuentas Económicas y Ecológicas de México (CEEM) Año base 2018. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/programas/ee/2018/
ONU-Agua. (2013). Water security & the global water agenda. UN-Water Analytical Brief. United Nations University.
PNUD (2025). El PNUD impulsa la seguridad hídrica a través de la Estrategia de Vinculación y Colaboración entre Actores Clave. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México https://www.undp.org/es/mexico/noticias/el-pnud-impulsa-la-seguridad-hidrica-traves-de-la-estrategia-de-vinculacion-y-colaboracion-entre-actores-clave
