Salían los dos, papá y mamá, antes de que amaneciera, dejando la casa en silencio y a los hijos en una rutina que no eligieron.
Si bien les iba, se quedaban con la abuela; si no, uno terminaba cuidando al otro, comían lo que había —a veces mal, a veces tarde— y hacían la tarea como podían, mientras la atención, la supervisión y el acompañamiento se convertían en recursos escasos.
Del otro lado estaban las jornadas extensas, de diez, once o hasta doce horas, que no solo implicaban desgaste físico, sino también una sobrecarga emocional permanente. La ausencia de tiempo para el descanso, el autocuidado o el desarrollo personal no es un asunto menor: impacta directamente en la salud mental, en la capacidad de toma de decisiones y en la calidad de las relaciones.
Ese desgaste, acumulado y constante, termina por trasladarse al hogar.
Madres y padres más irascibles, con menor tolerancia a la frustración, menor capacidad de escucha y mayor propensión a respuestas reactivas. No se trata de una falla individual, sino de una consecuencia estructural: el agotamiento crónico deteriora la regulación emocional y debilita las habilidades de crianza.
La evidencia en psicología y neurociencia es clara: el estrés sostenido afecta funciones ejecutivas como la atención, la memoria de trabajo, el control de impulsos y la empatía. En términos prácticos, esto se traduce en hogares donde la convivencia se vuelve tensa, el diálogo se reduce y los vínculos comienzan a fracturarse.
Y en ese proceso, la desconexión entre padres e hijos se normaliza.
Primero es el enojo fácil, luego el silencio, después una distancia que no siempre es visible, pero que se instala y termina por redefinir la dinámica familiar.
Desde el ámbito económico, este modelo ha sido sostenido bajo una lógica de maximización del tiempo productivo. Sin embargo, la evidencia empírica cuestiona esa premisa. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos muestran que México se mantiene entre los países con mayor número de horas trabajadas al año y, al mismo tiempo, con niveles bajos de productividad por hora.
Esto revela una contradicción estructural: trabajar más no necesariamente implica producir mejor. Por el contrario, jornadas prolongadas suelen asociarse con fatiga, errores, menor innovación y menor eficiencia.
En la misma línea, la Organización Internacional del Trabajo ha documentado que las jornadas extensas incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos de ansiedad, depresión y agotamiento crónico, además de afectar negativamente la conciliación entre la vida laboral y personal.
Pero el impacto no se limita al individuo.
Desde la perspectiva de la criminología, particularmente en teorías como el control social de Travis Hirschi y los enfoques de prevención basados en factores de riesgo, la calidad del entorno familiar es un elemento central en la inhibición de conductas antisociales. La supervisión parental, la comunicación efectiva y la presencia emocional funcionan como factores protectores.
Cuando estos elementos se debilitan —no por falta de voluntad, sino por falta de tiempo y energía— se incrementa la exposición a factores de riesgo, especialmente en niñas, niños y adolescentes.
En estos vacíos, la búsqueda de pertenencia, identidad y reconocimiento puede desplazarse hacia otros espacios. No todos son negativos, pero un gran número implican riesgos claros: consumo de sustancias, vinculación con pares en contextos de violencia o incorporación temprana a dinámicas delictivas.
No se trata de establecer una relación causal directa, pero sí de reconocer una correlación consistente: la desestructuración familiar y la baja supervisión están asociadas a un aumento en conductas de riesgo.
En este sentido, el problema deja de ser privado y adquiere una dimensión pública.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la ENVIPE, ha estimado que el costo de la inseguridad y el delito representa un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto, considerando tanto el gasto público en seguridad como las pérdidas económicas y los costos asumidos por las víctimas.
Esto implica que los efectos acumulados de condiciones estructurales —entre ellas, las laborales— terminan trasladándose a toda la sociedad.
Se genera así una paradoja compleja: un modelo que busca maximizar la productividad en el corto plazo, pero que, al debilitar el tejido social, incrementa los costos económicos y sociales en el mediano y largo plazo.
En este contexto, la discusión sobre la reducción de la jornada laboral no puede limitarse a una visión empresarial o económica.
Debe entenderse también como una política pública con implicaciones en salud, cohesión social y seguridad.
Sin embargo, el ajuste en horas, por sí mismo, no resuelve el problema de fondo.
Existe un componente cultural que no puede ignorarse. La normalización de la distancia, la fragmentación de la convivencia y la creciente individualización han modificado profundamente la forma en que las personas se relacionan, incluso dentro del mismo hogar.
Recuperar tiempo no garantiza recuperar vínculos.
El reto, por tanto, es doble: por un lado, generar condiciones estructurales que permitan una mejor distribución del tiempo; por otro, reconstruir capacidades sociales básicas como la convivencia, la tolerancia, la escucha y la presencia.
Esto implica reconocer que la seguridad no se construye únicamente desde las instituciones, sino también desde los espacios cotidianos donde se forman las relaciones, los hábitos y los valores.
Porque al final, la productividad no puede medirse únicamente en términos económicos.
Debe evaluarse también en función de sus efectos sociales.
Y cuando un modelo exige tanto tiempo para producir, que deja sin tiempo para vivir… el costo real termina siendo mucho más alto de lo que estamos dispuestos a reconocer.
