A diferencia del Este de Europa y todo el continente africano, en México no está involucrado un embargo, un país tercero o un grupo separatista que intercambia armas por diamantes. México es vecino, casa con casa, del productor número uno de armas del mundo, quien, además, tiene un sistema legal proteccionista de su uso, inclusive lo alienta.
La Secretaría de la Defensa Nacional es la encargada en México de todo lo concerniente al control sobre las armas y los explosivos. A través de la Dirección de Armas de Fuego y Explosivos ejerce reglas claras sobre la portación de un arma, segmentación de calibres entre civiles, policías y fuerzas armadas, procesos de compra transparentes y control mensual sobre los que las poseen.
Este tipo de medidas inhibe al crimen organizado y al narcotráfico a intentos de compra directa legal. Además, junto con gobiernos estatales se tienen de forma permanente programas de canje de armas por dinero o alimentos, lo que ayuda a la prevención de los delitos, los ciudadanos reciben un monto económico y el Estado evita desde accidentes hasta la ocurrencia de delitos con violencia. La red de tráfico de armas entre México y Estados Unidos es directa y cuenta con la participación de ciertos funcionarios de gobierno corruptos de ambas partes.
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Gran parte de las armas que ingresan a México han sido adquiridas legalmente en alguna armería en Texas o California debido a la facilidad de adquisición y transportación. En Estados Unidos es más rigurosa la venta de alcohol a menores de 21 años que la obtención de legal de un arma. Según un estudio del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República en México, a 2017 los estados de Estados Unidos con el mayor número de armas registradas son Texas y California, que comparten frontera con cinco de los seis estados fronterizos mexicanos.
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica de la Cámara de Diputados, a su vez, publicó en 2014 un documento titulado Tráfico de Armas: Entorno, propuestas legislativas y opinión pública, en donde se refleja, además de la gravedad del problema, la facilidad de compra de armamento legal en Estados Unidos. A lo largo de los estados fronterizos existen una gran cantidad de permisionarios legalmente establecidos para la venta de armamento de alto calibre; de hecho, de forma hasta cultural familiar, la tradición de venta es asistir a las ferias (gun shows) donde los stands son de comida, bebida y armas.
El prestigiado portal a nivel mundial de la BBC News informó en 2019 una nota titulada “Cómo es “el tráfico hormiga” de armas de EE.UU. a México detrás de la inédita ola de violencia de ese país” y reveló datos que tiene el gobierno mexicano; “cada año ingresan 200,000 armas de forma ilegal a México y un 70% de ellas provienen de Estados Unidos”. Todo este armamento tiene el propósito de equipar a los grupos del narcotráfico y crimen organizado.
El gobierno mexicano, en un hecho sin precedentes, presentó a principios de agosto de este año de 2021 una demanda civil a once fabricantes de armas en Estados Unidos en un tribunal de Boston, Massachusetts. El recurso fue presentado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una gran jugada geopolítica estratégica del canciller Marcelo Ebrard, el cual en recientes días ya fue aceptada. Buscó abrir el debate en el congreso de Washington para presionar mayores controles, responsabilizando de forma directa al fabricante y su proceso de comercialización del uso delictivo de las armas.
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Esta demanda cuenta con un sustento judicial y tiene un objetivo claro, a diferencia por ejemplo de la Operación Rápido y Furioso en 2009, cuando se introdujeron 2,500 armas a territorio mexicano con el objetivo de rastrearlas y detectar a los grupos de narcotraficantes que las utilizaban. Operativo con claroscuros y sin resultados claros que hasta la fecha siguen sin resolverse, además de que las autoridades estadunidenses perdieron la pista de las armas e inclusive una de ellas se usó para asesinar a un agente americano.
La dicotomía de la política de Estados Unidos con respecto al tráfico de armas hacia México es sorprendente. Por un lado, quiere catalogar a los narcotraficantes como terroristas y por el otro tiene el poder y no lo ejerce para frenar el tráfico de armas.
Problemática mundial
El tráfico de armas también afecta en la conformación del tejido social. La percepción de inseguridad obliga a la sociedad a adoptar un comportamiento reactivo y, debido a las restricciones de adquisición de cada país en particular, opta por buscar un arma en el mercado negro. Los ciudadanos quieren protección de su hogar y ante la ausencia del Estado optan por defenderse de manera individual.
La transparencia es el mejor aliado en el combate al tráfico de armas. Dicho concepto no significa más burocracia, sino claridad en el proceso, desde la producción hasta el usuario final. Con un soporte tecnológico adecuado se puede llevar un control real sobre las armas. Si además se suman métodos eficaces de combate a la corrupción se puede hacer una real diferencia.
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Los criterios internacionales legales necesitan estar unificados para poder abarcar todo el proceso del tráfico ilícito de armas con la misma importancia. Desde su producción, comercialización legal, pase por “países hubs” y hasta su usuario final. Los “hubs” o nodos son Estados que sirven como intermediario entre los que venden y los que por embargo no pueden comprar. Se debe buscar una homologación jurídica integral para que los que trafican con armas no se refugien en países con leyes laxas o Estados fallidos, lo que es muy común en África.
El Estado debe combatir de forma interna, sin tregua, a los grupos que opten por la violencia donde la política falla y de forma externa debe colaborar en aras de buscar una reciprocidad con los demás países con información sobre su producción o compra de forma real y certera.
Desafortunadamente, el tráfico de armas es algo que los países no les interesa resolver porque las ganancias que generan son el motor de su economía.
- El autor cuenta con una maestría en Estudios Avanzados sobre Terrorismo: Análisis y Estrategias por la Universidad Internacional de la Rioja
