El libro El régimen de Ortega, ¿una nueva dictadura familiar en el continente?, coordinado por Edmundo Jarquín en Managua, tiene como propósito analizar la naturaleza del régimen de Ortega y cómo se “ha consolidado un poder personal y militar, como nadie antes en la historia moderna de Nicaragua, incluido los Somoza.
Ha constituido un régimen sultanístico, en que la voluntad e intereses del sultán se confunden con los del Estado”.
José Daniel Ortega Saavedra llegó al poder en Nicaragua como líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), desde donde integró el directorio que asumió el poder al triunfo de la Revolución Sandinista, derrocando a la dictadura de la familia Somoza que gobernaba el país, apoyada por Estados Unidos, desde 1934.
El régimen de Ortega, ¿una nueva dictadura familiar en el continente?, publicado en 2019 por la Universidad de Costa Rica, detalla que entre 1985 y 1990, Ortega gobernó Nicaragua por primera vez, pero no le fue suficiente.
Intentó ganar la Presidencia en otras tres ocasiones, de manera infructuosa: 1990, cuando perdió las elecciones ante la Unión Nacional Opositora (UNO) que encumbró a Violeta Barrios de Chamorro y posteriormente en 1996 y 2001.
Sin embargo, lo siguió intentando y ganó por la vía democrática en 2006.
Desde entonces se ha mantenido en el poder, reeligiéndose en 2011, 2016 y 2021.
Tras su victoria en 2006, Ortega ha implementado diferentes acciones para desmantelar el débil sistema político de uno de los países más pobres del mundo.
Mientras que Daniel Ortega pasó de ser un revolucionario que buscaba legitimar la democracia al dictador que luchó por derrocar.
Tanto dentro como fuera de su país, Ortega ha sido acusado de caudillismo, oportunismo ideológico, enriquecimiento personal y ejercer un control familiar sobre las instituciones del Estado.
Un claro ejemplo es nombrar a su esposa como vicepresidenta.
Además, que ha reprimido la disidencia, encarcelando o desapareciendo a algunos compañeros de armas.
A lo largo de 16 años de mandato, se han realizado varios estudios sobre el envilecimiento político que sufre Nicaragua bajo el régimen de Ortega.
Uno de ellos es “El régimen de Ortega.
¿Una nueva dictadura familiar en el continente?”, un estudio compilado por Edmundo Jarquín en 2019, publicado por la Universidad de Costa Rica.
A lo largo de sus siete capítulos la obra desmiente el discurso oficial que sostiene que él en mancuerna con su esposa Rosario Murillo son los estandartes del FSLN y representan la continuidad de la Revolución.
Pero también de que su régimen es legítimo pues emana de un apoyo mayoritario en las elecciones de 2006, 2011y 2016, cuando fue escrito el libro.
Jarquín señala que Daniel Ortega “ha consolidado un poder personal y familiar, como nadie antes en la historia moderna de Nicaragua, incluidos los Somoza”, al grado que “ha constituido un régimen sultanístico, en que la voluntad e intereses del sultán se confunden con los del Estado”.
La dictadura de Nicaragua al desnudo
El objetivo de la obra, como lo describe su autor, es demostrar que este período del gobierno de Ortega (2016-2021) no es una segunda parte de la Revolución o su continuidad, como promueve el discurso oficial.
Ni tampoco representa la continuidad de la transición y consolidación democrática que el país intentó establecer en 1990, con la elección democrática de Violeta Barrios.
Al contrario, este pequeño país centroamericano ha vivido una ruptura sistemática en ambas líneas de construcción política, dentro de su ya de por sí endeble sistema democrático.
“Estamos frente a un Estado de distinta naturaleza que el revolucionario de los ochenta o el liberal-democrático del período 1990-2006”, señala el autor.
Y agrega: “Si hubiera que compararlo con algún régimen anterior de este mismo país, posiblemente se parecería a la dinastía somocista”.
También acusa que el régimen autoritario de Daniel Ortega está apoyado ideológicamente por Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), una organización política, económica y social que se autodefine como defensora de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran y que nació en 2004 tras un acuerdo entre los gobiernos autoritarios de Venezuela y Cuba.
Mientras que, a nivel interno, el autor denuncia una colusión entre el gobierno con el sector empresarial nicaragüense, que apoyó una reforma al artículo 98 constitucional, así como a la cooptación de los opositores (medios y políticos) y a la exclusión de los críticos que no se dejaron cooptar por el gobierno y que han sido víctimas de represión y acoso.
