Desde el inicio de la invasión a Ucrania, el pasado 24 de febrero, el gobierno ruso ha buscado el respaldo contra la OTAN y en gran parte contra la intromisión de Occidente.
Por cuestiones ideológicas y también económicas, varios países latinoamericanos adoptaron este discurso para apoyar abiertamente al gobierno de Vladimir Putin, particularmente los de Cuba, Venezuela, Nicaragua o Brasil.
¿Pero qué tanto podrían ofrecer estas posiciones latinas a Rusia?, cuando interiormente enfrentan graves problemas de seguridad que tienen comprometidos a sus ejércitos en otras tareas y, particularmente en el caso de México, donde el Ejército lo “hace todo, desde la construcción y administración de proyectos prioritarios para el gobierno, como el combate al crimen organizado.
En su ensayo, El reto de la agenda de defensa de México: La ausencia de un enfoque integral de seguridad nacional, (editado por la agencia chilena Athena Lab, diciembre 2020) Agustín Maciel-Padilla plantea que el Estado mexicano necesita replantear la estrategia federal de seguridad para que las Fuerzas Armadas se enfoquen en las tareas legalmente asignadas y cedan el resto de sus responsabilidades a las autoridades civiles.
Esto permitiría al Ejército enfocarse en actividades especializadas para proteger la seguridad nacional del territorio.
México y la guerra en Ucrania
Sobre el tema de la invasión rusa a Ucrania, el Gobierno de México han mostrado posturas contradictorias al momento de manifestarse.
Por una parte, evitan un conflicto diplomático con Rusia y por otro, condenan enérgicamente la invasión ante la ONU.
En el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desea una buena relación con todas las partes en conflicto y que no habrá sanciones económicas a Rusia, mientras el canciller Marcelo Ebrard y el embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, condenaron enérgicamente la invasión, en tanto, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, abrió los aeropuertos mexicanos a la aerolínea Aeroflot.
Sin embargo, el autor plantea que el primer aspecto para entender el tema de la seguridad en México se tiene que estudiar considerando la relación binacional con EEUU iniciada en los años 80 respecto al tema del narcotráfico y el combate al crimen organizado: “Discutir la seguridad nacional de México representa un arma de dos filos: si se discute, no se puede evitar incluir en la ecuación a los Estados Unidos; si no se discute, los Estados Unidos pueden definir la seguridad de México por default, al presionar por incrementar la cooperación bilateral en la materia, sin que el país pueda estar adecuadamente posicionado”, plantea.
Mientras que de manera interna, el autor asegura que en “México persiste una confusión sobre las líneas que separan a los términos seguridad nacional, interna y pública” y esto “obstaculiza el diseño de políticas públicas adecuadas y eficientes en materia de seguridad”.
¿Dónde necesita México a sus Fuerzas Armadas?
Maciel-Padilla señala que el Gobierno mexicano necesita reestructurar su sistema de seguridad nacional para poder definir una agenda para las Fuerzas Armadas en el futuro para que se convierta, exclusivamente en un instrumento por excelencia de la seguridad nacional.
Esto para revertir un problema estructural al que, según su opinión, ha estado sometido el Ejército desde los años 40 del siglo pasado: “Las Fuerzas Armadas de México han participado en la erradicación de plantíos de amapola y marihuana dentro de territorio nacional y en las últimas décadas, su presencia en las calles ha sido la respuesta del Gobierno mexicano al reto del crimen organizado.
Esta ha sido una medida expedita para el liderazgo civil, pero ha limitado los esfuerzos por profesionalizar y equipar a las policías del país”.
También indicó que el problema se agudizó en esta administración, con la creación de la Guardia Nacional, “contraposición a un proyecto de largo plazo, como era el de la Policía Federal”.
Sin embargo, el “Plan Militar de Defensa conjunto” establece que las Fuerzas Armadas parece que están diseñadas como un ejército de ocupación y contención, que uno de defensa y esto obstaculiza la posibilidad de coordinar operaciones de combate entre diferentes corporaciones”.
Incluso, el programa sectorial más reciente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no refleja avances en cuanto a profesionalización y modernización institucional, sino que solo “obedece a una serie de prioridades no militares del régimen actual”.
Mientras que la Secretaría de Marina (Semar) tiene objetivos prioritarios mucho más claros y enfocados a los desafíos del país de cara al siglo XXI, uno de ellos: “impulsar la investigación científica y desarrollo tecnológico en el ámbito naval”.
Los riesgos de tener fuerzas armadas en temas de seguridad pública
La práctica de involucrar a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública no es extraña en otras partes del mundo, como alternativa para atender retos que no se pueden atender eficientemente en los ámbitos local o estatal, como el combate al crimen organizado.
El Ejército y la Marina han sido utilizados como apoyo en el ámbito federal, sin embargo, el autor señala que es preciso recordar que este no es su objetivo principal, puesto que mantenerlos de manera fija en estas actividades, expone a estas corporaciones a la corrupción, que caigan en un exceso de fuerza que impliquen violaciones a los derechos humanos de civiles o bien que sean vejados por la población en regiones controladas por el crimen organizado.
Además, Maciel-Padilla asegura que a nivel mundial esta estrategia no ha resuelto el problema del combate al crimen organizado y solo se expone innecesariamente a la institución castrense.
Más aún, en México, uno de los valores más importantes con que cuenta el Ejército es su reconocimiento social, como la institución más valorada del Gobierno, con un 60% de aprobación social.
¿Algo qué ofrecer a la seguridad regional?
Otro aspecto que tiene que tomar en cuenta la estrategia de seguridad nacional es su verdadera función: salvaguardar la soberanía nacional.
En este sentido, las Fuerzas Armadas deben mostrar al mundo que son capaces de cumplir con este cometido.
Sobre todo en el ámbito regional, donde EEUU precisa de la cooperación mexicana para gestionar su estrategia de combate al crimen organizado.
México necesita enviar esta señal a EEUU para poder negociar aspectos regionales de seguridad, siempre y cuando tenga algo qué aportar.
Por eso, el Gobierno mexicano debe garantizar que es capaz de encargarse de su propia seguridad para tener derecho de voz y voto al momento de diseñar estrategias regionales.
Pero además, el autor señala que como parte del contexto en el que se encuentra el mundo, con la invasión a Ucrania, “es fundamental no exponer a las Fuerzas Armadas más allá de mantener la estabilidad del país, sino también porque el contexto internacional del futuro es incierto, por lo cual es conveniente contar con una fuerza militar eficiente y capaz para hacer frente a un entorno externo complicado”, como el que vivimos en las últimas dos semanas.
La propuesta para el Ejército de la siguiente década
De cara a la siguiente década, el estudio reitera la importancia de mantener la integridad y la confiabilidad de las Fuerzas Armadas, como la prioridad del Gobierno Federal, tanto por su liderazgo civil como para el prestigio de la corporación.
Pero también insiste en que el Gobierno desista de la intención de utilizar al Ejército y la Marina para fortalecer la seguridad de estados y municipios, con funciones que no pueden realizar corporaciones corruptas o incapaces de cumplir con sus obligaciones.
Esta decisión “retrasa el desarrollo de policías eficientes, expone a la institución militar a problemas de corrupción y al aumento de violación de los derechos humanos”, señala el autor.
Sin embargo, el análisis anticipa que realizar estas mejoras en la estructura de seguridad nacional no se vislumbra en el corto tiempo, pues la situación actual en varias regiones del país, impide el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles, “al menos no dentro de los próximos cinco años como parte de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional”.
Pese a ello, el autor propone que una vez que se determine esta transición, las Fuerzas Armadas deben permanecer, con el aporte de “lineamientos claros para que estas corporaciones aporten infraestructura, plataformas electrónicas e información de inteligencia a las fuerzas de seguridad civiles, para que sean estas las que en última instancia lleven a cabo las investigaciones, los arrestos y las incautaciones, así como la destrucción de cultivos ilegales”, señaló.
Esto es: “La responsabilidad de los militares consistiría solo en proporcionar infraestructura y apoyo, para que las fuerzas civiles de seguridad se encarguen de realizar el trabajo policial y esto además, protegerá la reputación de las Fuerzas Armadas”.
Finalmente, Maciel-Padilla reitera que el mantener a los militares a cargo de retos que deben pertenecer al espacio doméstico y que es un error otorgarles la etiqueta de temas de seguridad nacional.
“Esto pone al descubierto la debilidad del Estado cuando es rebasado por problemas que no puede resolver a través de instrumentos sociales o políticos”, como ocurre actualmente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Cuando estos problemas sociales se atienden como temas de seguridad nacional y el Estado se ve obligado a enfrentarlos mediante medidas excepcionales”, plantea.
“La ‘securitización’ de un problema es reflejo de instituciones débiles, corruptas, rebasadas por problemas que son evidentemente incapaces de resolver y es un signo de su incompetencia.
Mientras que el fortalecimiento de la seguridad es una de las soluciones necesarias”, concluye el estudio.
La manera en la que las Fuerzas Armadas son utilizadas en el país en los últimos sexenios ha provocado este desgaste sistemático de su prestigio como institución, pero también que sean vejados o agredidos, como ocurre cada vez con mayor frecuencia en territorios controlados por el crimen organizado.
Además, es una solución parcial e ineficiente a un problema que necesita combatirse de fondo, pero siempre desde las instituciones civiles con que cuenta el país.
Mientras que el Ejército debe volver a los cuarteles y permanecer allí, a pesar de los pesares.
