Las relaciones México-Estados Unidos han estado siempre marcadas por la desconfianza, aunque más de los americanos que de los mexicanos.
El modelo de Entendimiento Bicentenario entre el presidente Biden y el presidente López Obrador ha dejado sentir buena voluntad bilateral, aunque con dificultades para procesar programas concretos en materias referentes, de manera sobresaliente, a la seguridad de ambas naciones y sobre todo a la conflictiva interrelación fronteriza a lo largo de una integración territorial de más de 3,000 km.
Los 13 puntos concretos suscritos en la reunión de mediados de octubre en Washington, D.C., reflejan cuando menos la interpretación acertada de la problemática y algunos indicios de sus posibles soluciones.
Sin embargo, es de destacarse que los acuerdos firmados requieren no solo de mayor voluntad que la mostrada hasta ahora, sino que están exigiendo acciones operativas que hasta la fecha no han llegado.
Estados Unidos se queja de que México es la fuente de producción y tráfico de todas las drogas –y de manera significativa el fentanilo que asesinó por sobredosis a casi 110,000 estadounidenses en 2021–, pero que México no combate a los cárteles responsables del trasiego y solo se concreta a atender las causas sociales de la delincuencia.
México, a su vez, explica que la DEA estadounidense ha detectado que nueve cárteles mexicanos que operan con impunidad dentro del territorio americano son los responsables del tráfico y venta al menudeo de las drogas, sin que las autoridades federales de EU hayan definido operativos para desarticularlos y aplicarles todo el peso de la ley y solo se han concretado a atender el problema médico de las adicciones.
En este escenario, el Entendimiento Bicentenario sigue arrastrando desentendimientos, con razones suficientes en ambos lados para reclamos sucesivos.
Pero en los hechos, el problema no es de voluntades sino de necesidades: la falta de programas operativos contra los cárteles y para combatir las cadenas delictivas asociadas a la droga.
De todos modos, los acuerdos de seguridad, salud pública y comunidades seguras entre los dos países obligan a comenzar a realizar acciones operativas para desmantelar y desactivar a las comunidades delictivas que funcionan con impunidad en los dos países y que son responsables de los daños a la salud y a la economía que provocan.
Es de esperarse que la próxima reunión en el 2023 se den resultados concretos que prueben el desmantelamiento total o parcial de la estructura criminal que se ha construido alrededor de las drogas en las dos naciones.
