La reciente ola de violencia social en casi todos los estados de la Unión Americana perdió mucho de su sentido al ser enlazada con las campañas presidenciales. Las protestas sociales contra la brutalidad policiaca por varios casos de afroamericanos golpeados o asesinados por policías puso en la mesa de debate el papel de las fuerzas de seguridad pública en condados y estados estadounidenses y siempre con la amenaza de la intervención de la Guardia Nacional de EE.UU.
Los diferentes gobiernos demócratas y republicanos se han negado a discutir reformas policías de fondo. El abuso de fuerza no tiene que ver con el perfil racial de los policías o de los ciudadanos afectados, porque ha habido muchos casos de afroamericanos muertos por policías afroamericanos. El asunto es más de fondo: se trata del uso de la fuerza dentro de los EE. UU. como un mecanismo de control social. Es decir, se trata de controlar, desalentar y castigar protestas contra la autoridad, sin importar si existen o no razones.
La violencia social en los EE. UU. es un fenómeno histórico subyacente por la existencia de la Segunda Enmienda de 1791 que permite la compra y acopio de armas por particulares y la creación de milicias, Esa enmienda se dio en el escenario de la expansión territorial de los EE. UU. en el siglo XIX, la imposibilidad de que el ejército controlar problemas locales y la insuficiencia policiaca. La propiedad de armas ha convertido a los ciudadanos en potenciales agresores letales, por lo que muchas veces las policías disparan sólo por la “sensación” de ver peligro su vida en un caso policiaco.
Contra el enemigo
Los organismos de derechos humanos han intentado de muchas maneras regular el uso de la fuerza dentro de los EE. UU., pero sin entender que ese fenómeno es expresión del uso de la fuerza como mecanismo de defensa y expansión del país como imperio dominante. No se puede exigir respeto ciudadano a un gobierno que derroca gobiernos en otros países o invade sin reglas territorios extranjeros.
Sin necesidad de juicios o con jurados a modo, los EE. UU. han conseguido permisos para matar. Y en casos conocidos, la Casa Blanca ordena asesinatos de presuntos terroristas o de líderes que ponen el riesgo el dominio estadunidense en zonas territoriales del mundo.
Los policías que han abusado de fuerza y con evidencias probadas en videos cada vez más difundidos siempre salen absueltos por las reglas del dominio policiaco den situaciones de presunta ilegalidad. El policía que mató a George Floyd en Minnesota ya salió libre pagando su fianza correspondiente porque su actuar en la inmovilización del Floyd cumplió con los requisitos permitidos, aunque el afectado ya no pudo respirar y murió ahogado por la presión de la pierna del policía sobre su garganta.
La guerra que podría venir
Las policías dentro de los EE. UU. reproducen, como en ningún otro país, el fenómeno de la dominación imperial de la fuerza. Los policías pueden disparar si tienen la “sensación” de peligro para su propia vida. Y no es cuestión de racismo, Los policías que protegieron al asesino de Floyd en el momento del arresto que terminó en homicidio tenían rasgos afroamericanos y asiáticos.
De ahí la realidad de que el tema no es racial o de minorías, sino de principio de autoridad del Estado representado por los policías. En este sentido, los propios partidos y legisladores se han deslindado de cualquier reforma policiaca que quiera disminuir el uso de la fuerza para hacer respetar la ley. Y mientras no se discuta el papel de los policías como instrumentos de control social, la brutalidad policiaca seguirá afectando ciudadanos y provocando protestas que nunca llegan a las reformas necesarias
