Luego de semanas llenas de declaraciones por parte del presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, donde reclamó supuesta persecución política, la Audiencia Nacional española confirmó en un auto judicial la extradición a México.
De este modo, Ancira, preso en una cárcel de Palma de Mallorca, quedó a la disposición de la justicia mexicana para enfrentar un juicio por delitos de cohecho, lavado de dinero y fraude.
En respuesta a un recurso de súplica, similar al amparo en la legislación mexicana, la Sala de lo Penal del órgano judicial español explicó que se confirmó la entrega del empresario al entender que los delitos por los que le acusa la justicia mexicana también están tipificados en España, con lo que “concurre por ello el principio de doble incriminación”.
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El auto precisó que los hechos investigados y por los que la Fiscalía General de la República reclamó al detenido, en ningún caso supuso “persecución política”, tal como aseguró el propio Ancira durante su comparecencia, en la que acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En su resolución, los magistrados españoles explicaron que “la justicia mexicana investiga cuatro transferencias económicas emitidas entre junio y noviembre de 2012 de AHMSA a la empresa Tochos Holdig, vinculada al ex director general de PEMEX (Petróleos Mexicanos), Emilio Lozoya, por un importe de 3,4 millones de dólares”.
Agregaron que, en noviembre del mismo año, Lozoya adquirió un inmueble en una zona residencial de la Ciudad de México y un mes después, una vez designado director general de Pemex, propuso rehabilitar y después adquirir una planta para producir fertilizantes, propiedad de AHMSA, que llevaba inactiva 14 años y que se adquirió por 275 millones de dólares, cuando su valor de tasación se fijó en unos 58 millones de dólares americanos.
La justicia española confirmó, además, que los hechos investigados constituirían los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude y malversación de caudales públicos.
