Pese a la ola de violencia que azota Estados Unidos, los fabricantes de armas en aquel país ganaron más de mil millones de dólares con la venta de armas estilo AR-15 durante la última década, y para dos compañías esos ingresos se han triplicado en los últimos tres años, según una investigación de la Cámara de Representantes.
Esas ganancias se produjeron cuando las armas se utilizaron en tiroteos masivos que han horrorizado a la nación, incluido uno que dejó 10 personas muertas en una tienda de comestibles en Buffalo y otro donde 19 niños fueron asesinados a tiros en Uvalde, Texas.
Esas armas a menudo se comercializan entre los jóvenes como una forma de demostrar su masculinidad, dijo el Comité de Supervisión y Reforma.
Algunos anuncios imitan los populares videojuegos de disparos en primera persona, mientras que otros afirman que las armas pondrán a los compradores «en la parte superior de la cadena alimenticia de la testosterona».
Esas tácticas de venta son «profundamente perturbadoras, explotadoras e imprudentes», dijo la representante demócrata Carolyn Maloney de Nueva York.
«En resumen, la industria de las armas se está beneficiando de la sangre de estadounidenses inocentes».
El comité que preside centró su investigación en cinco importantes fabricantes de armas y descubrió que obtuvieron un total combinado de más de mil millones de dólares en ingresos durante los últimos 10 años por la venta de armas de fuego estilo AR-15, que imitan el aspecto de las armas militares.
Las cifras de ingresos se dieron a conocer antes de una audiencia del comité que examina la comercialización y las ventas de las armas de fuego que han ganado notoriedad debido a su uso en los asesinatos en masa.
Dos de esas compañías triplicaron sus ingresos por las armas en los últimos tres años, encontró el comité.
Daniel Defense, la empresa que fabricó el arma utilizada en Uvalde, aumentó sus ingresos de $40 millones en 2019 a más de $120 millones el año pasado.
La empresa vende a crédito armas como la que se usó en ese tiroteo y anuncia que la financiación se puede aprobar «en segundos».
Mientras tanto, las ganancias brutas de Sturm, Ruger & Co. han pasado de $39 millones a más de $103 millones desde 2019, y Smith and Wesson informó que sus ingresos de todas las armas largas se duplicaron de 2019 a 2021.
Esos aumentos tienen como telón de fondo un aumento general récord en las ventas de armas que comenzó alrededor del comienzo de la pandemia de coronavirus.
Los fabricantes de armas, dijo el comité, no recopilan ni analizan datos de seguridad relacionados con las armas de fuego.
La audiencia se produjo en medio de un impulso de los demócratas de la Cámara para que se apruebe una legislación que prohibiría ciertas armas semiautomáticas.
Es la respuesta de mayor alcance de los legisladores hasta ahora a los tiroteos masivos de este verano.
Régimen de excepción fracasó en El Salvador
A finales de marzo, el presidente Nayib Bukele desató la guerra contra las pandillas y el gobierno anunció que detuvo a más de 46, “terroristas”, casi todos ellos presuntos integrantes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18-Revolucionarios y Barrio 18-Sureños.
Sin embargo, el número de fusiles incautados apenas supera el centenar.
De acuerdo a InSight Crime, la Policía Nacional Civil (PNC) contabiliza 39 fusiles en el mes de abril, 24 en mayo y 34 en junio.
Esos 97 fusiles más los 37 que la PNC había incautado en el primer trimestre del año totalizan 134, cifra ligeramente superior a los 117 fusiles que la PNC incautó –sin régimen de excepción– en la primera mitad de 2021.
Si la comparación es con los años anteriores, esos 134 fusiles en seis meses palidecen aún más: la PNC arrebató a la delincuencia organizada 321 fusiles en 2020, 508 en 2019 y 540 en 2018.
Entre junio de 2021 y mayo de 2022, periodo que cubre los primeros tres meses del estado de emergencia, las autoridades decomisaron 2 mil 965 armas de fuego, según cifras del Ministerio de Seguridad.
Ese número se compara con 3 mil 683 armas decomisadas en lo corrido de 2018, y 3 mil 413 incautadas en 2019, y muestra un leve incremento sobre las 2 mil 682 halladas en 2020, según datos de la Policía Nacional de El Salvador.
“Las pandillas todavía siguen ahí, con fuerza para atacar”, admitió el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en la improvisada conferencia de prensa que brindó la noche del 28 de junio, horas después de que una clica del Barrio 18-Sureños asesinara a tres agentes de la PNC en Santa Ana.
Según las indagaciones preliminares, los tres policías –dos hombres, una mujer– fueron ametrallados con fusiles.
Guerra Contra Pandillas
El Salvador vive desde el 27 de marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende a la ciudadanía derechos constitucionales, y faculta a la PNC y a la Fuerza Armada a realizar detenciones hasta por 15 días sin que el detenido sea presentado ante un juez.
El propio Bukele solicitó el régimen de excepción por 30 días, y ya ha sido prorrogado en cuatro ocasiones por una Asamblea ampliamente controlada por el oficialismo.
El régimen de excepción y la #Guerra- Contra Pandillas, como dio a conocer el gobierno en redes sociales, fueron la respuesta del bukelismo a la matanza ocurrida el último fin de semana de marzo, cuando en tres días fueron asesinados 87 salvadoreños.
Una investigación del periódico digital El Faro publicada el 17 de mayo reveló que la matanza fue obra de la MS13, pandilla que quiso mandar un mensaje tras la detención de varios de sus líderes, en el marco de las negociaciones que el gobierno mantenía con las tres principales pandillas desde finales de 2019, negociaciones que el gobierno niega.
Ahora, en los primeros casi cuatro meses del régimen de excepción, la administración Bukele se jacta de haber capturado a “46 mil 694 terroristas”, mientras que desde que inició el año hasta el 27 de marzo la PNC había detenido a poco más de 2 mil supuestos pandilleros.
Los informes de la PNC sobre incautaciones modestas de fusiles avalan la hipótesis de que las tres pandillas han optado, de momento, por no confrontar con el Estado.
“Nosotros nos mantenemos de pie, en la paz, dejando la opción del fuego, de la guerra, como última instancia, como última alternativa, de sobrevivencia”, dijo la rueda de la 18-Sureños (integrada por sus principales cabecillas en libertad) en la entrevista a la BBC.
Durante el régimen de excepción, El Salvador presenta unas cifras de violencia homicida particularmente bajas, más bajas incluso que las registradas en las semanas y meses previos a la matanza de marzo que desató la #GuerraContraPandillas.
Contrario a lo que sucedió en 2015, cuando se rompieron las negociaciones entre las pandillas y el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) –proceso de diálogo conocido como la Tregua–, la ruptura de la negociación con la administración Bukele no se ha traducido en una confrontación abierta entre las fuerzas de seguridad y los pandilleros.
No al menos de momento. Los tres policías asesinados por la 18-Sureños el 28 de junio en Santa Ana más parecen una acción puntual de una entre las cientos de clicas que operan en El Salvador que una decisión de esa pandilla de abandonar la estrategia de contención.
En las tres semanas posteriores al triple homicidio esa pandilla no ha protagonizado ataques similares a la PNC o a la Fuerza Armada.
