Cada vez que una policía municipal aparece infiltrada por el crimen organizado o resulta incapaz de responder a la violencia que enfrenta su comunidad, resurge la misma propuesta: desaparecerla.
La idea parece lógica. Si una institución falla, otra con mayores capacidades debería asumir sus funciones. La propuesta volvió recientemente al debate público a partir del planteamiento del gobernador de Michoacán para que la Guardia Nacional sustituya a las policías municipales. Más allá de esa coyuntura, vale la pena detenerse en una pregunta mucho más importante: ¿el problema son las policías municipales o la incapacidad del Estado mexicano para construirlas?
La debilidad de las corporaciones locales no es un descubrimiento reciente. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo, prácticamente todos los Planes Nacionales de Desarrollo han señalado la necesidad de fortalecer las instituciones civiles de seguridad. Han cambiado los gobiernos, los programas, las prioridades y los modelos policiales, pero el diagnóstico permanece prácticamente intacto.
Eso debería decirnos algo.
Si la respuesta consistiera únicamente en concentrar cada vez más recursos, facultades y responsabilidades en las instituciones federales —incluidas aquellas de naturaleza militar—, difícilmente el propio Estado seguiría insistiendo, sexenio tras sexenio, en la necesidad de consolidar las policías civiles. Cuando un mismo objetivo aparece durante más de treinta años en los documentos rectores de la política pública, probablemente el problema no sea el diagnóstico, sino la incapacidad de sostener una política pública de largo plazo.
Sería injusto afirmar que no hubo esfuerzos. Los hubo. Se impulsaron subsidios federales, academias, controles de confianza, certificaciones, modelos nacionales de policía y distintos mecanismos de coordinación. Sin embargo, la mayoría de esas iniciativas no logró consolidarse porque dependían del gobierno en turno. Cada administración modificaba prioridades, sustituía mandos, interrumpía proyectos o comenzaba prácticamente desde cero.
Mientras tanto, las organizaciones criminales hicieron exactamente lo contrario: acumularon experiencia, recursos, inteligencia, capacidad financiera y permanencia.
Como dice el refrán, al perro más flaco se le cargan las pulgas.
La institución con menos presupuesto, menor estabilidad política y mayores limitaciones terminó enfrentando los desafíos más complejos del sistema de seguridad.
Sin embargo, el problema no radica únicamente en la falta de recursos. También existe una contradicción política que pocas veces se señala. Durante décadas se ha exigido a las policías municipales resultados cada vez mayores, pero sin ofrecerles la estabilidad institucional necesaria para alcanzarlos. Se les exige profesionalización, pero sus mandos cambian con los ciclos electorales. Se les exige combatir organizaciones criminales altamente sofisticadas, mientras muchas de ellas siguen enfrentando rezagos salariales, déficits de equipamiento y plantillas insuficientes.
En esas condiciones, el fracaso termina siendo casi una profecía anunciada.
Eso no significa que todas las policías municipales deban mantenerse exactamente como hoy existen. Hay municipios cuya realidad hace prácticamente imposible sostener una corporación profesional y otros con capacidades suficientes para hacerlo. Pretender que ambos requieren el mismo modelo sería desconocer la enorme diversidad institucional del país.
Por eso el debate no debería plantearse entre conservarlas o desaparecerlas. La verdadera discusión consiste en definir qué capacidades mínimas debe reunir un municipio para ejercer funciones policiales y qué mecanismos extraordinarios deben activarse cuando esas capacidades no existen. Es posible pensar en esquemas regionales, intervenciones temporales de los estados, servicios compartidos entre municipios o modelos de coordinación más sólidos. Lo que parece menos razonable es asumir que sustituir una institución equivale a resolver las causas que la debilitaron.
Existe además otra dimensión poco discutida.
Las policías municipales no son únicamente un componente operativo del sistema de seguridad. También representan una expresión del federalismo mexicano. Son el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y, por esa razón, el primero en conocer los conflictos cotidianos que, cuando no se atienden, terminan escalando hacia formas más graves de violencia.
Las Naciones Unidas han sostenido de manera consistente que una seguridad democrática requiere instituciones civiles profesionales, cercanas a la ciudadanía y sujetas a controles efectivos. No se trata solamente de un principio democrático; también representa una ventaja operativa. La policía local conoce el territorio, identifica conflictos antes de que escalen, construye confianza y genera información que difícilmente puede obtener una corporación nacional desde la distancia.
La Guardia Nacional desempeña funciones indispensables para enfrentar organizaciones criminales de alta capacidad, proteger infraestructura estratégica y apoyar operaciones regionales. Pero esas capacidades no sustituyen la proximidad, la prevención y el conocimiento del territorio que corresponden a una institución local bien construida.
La discusión, en consecuencia, no debería reducirse a decidir quién patrulla las calles. El verdadero debate consiste en definir qué modelo de seguridad quiere consolidar México en las próximas décadas y si está dispuesto a invertir, con la misma constancia con la que fortalece otras instituciones, en policías civiles profesionales.
Construirlas exige recursos, carrera policial, estabilidad laboral, controles permanentes de integridad, supervisión ciudadana, investigación y sanción efectiva de la corrupción —no únicamente la separación del cargo—, protección para quienes denuncian desde dentro de las corporaciones y acuerdos políticos capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno.
Desaparecer una institución siempre será más sencillo que reconstruirla.
Quizá por eso, después de más de treinta años, el país sigue debatiendo si debe sustituir a las policías municipales, cuando la verdadera deuda sigue siendo la misma: construirlas.
