La guerra en Oriente Medio, iniciada el 28 de febrero, ha dejado de ser una crisis “aguda” para convertirse en una amenaza “duradera” con efectos globales cada vez más profundos. Aunque un alto el fuego fue anunciado recientemente, las consecuencias económicas ya se extienden mucho más allá del campo de batalla. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hasta 32 millones de personas en 162 países podrían caer en la pobreza si el conflicto se prolonga.
El impacto golpea con mayor fuerza a los países cercanos a la zona de combate, pero sus ondas expansivas afectan especialmente a economías vulnerables, incapaces de absorber el encarecimiento de la energía y los alimentos. Para estos países, la crisis plantea decisiones imposibles: contener precios hoy o sostener servicios esenciales como salud, educación y empleo mañana.
La interrupción del comercio energético, agravada por las tensiones en el estrecho de Ormuz, amenaza además la producción agrícola global al dificultar el acceso a fertilizantes clave. En África, la depreciación de 29 monedas encarece importaciones básicas, mientras que en los Estados árabes hasta cuatro millones de personas adicionales podrían caer en la pobreza.
El PNUD advierte que el conflicto podría provocar una contracción del PIB global de hasta 6% en regiones afectadas. Frente a ello, propone medidas urgentes como transferencias directas por 6 mil millones de dólares para proteger a los más vulnerables.
