En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional fue concebida como la piedra angular para realizar labores de seguridad pública. Luego que decidió eliminar a la Gendarmería Nacional, el cuerpo de seguridad diseñado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el presidente señaló que tanto esta corporación, como su antecedente directo, la Policía Federal era un nido de corrupción.
López Obrador aseguró que era preciso refundar este cuerpo de seguridad para que sus elementos contaran con la formación en valores emanada de las Fuerzas Armadas e incluso intentó, infructuosamente, que esta corporación fuera operada completamente por el Ejército, aun cuando el diseño original de Guardia Nacional, tanto en su propuesta, como en la versión final aprobada por el Legislativo, establecía que debía tratarse de una corporación civil.
Sobre su creación el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Perú, realizó en 2019 un análisis titulado “La Guardia Nacional: Los retos de las Fuerzas Armadas frente a la seguridad pública de México”, sobre las implicaciones del surgimiento de esta corporación, así como sus principales desafíos.
El estudio detalla la encrucijada que tuvo que enfrentar el mandatario federal sobre el apoyo que solicitó a las Fuerzas Armadas para dar soporte a la Guardia en su surgimiento y que ha sido una de sus decisiones más cuestionadas: mantener a los militares realizando labores de seguridad pública:
“Desde su creación, el tema de la Guardia Nacional ha generado una serie de controversias en el país, debido a la clara tendencia presidencial de otorgar un papel central a las Fuerzas Armadas en la creación y desarrollo de este cuerpo. Al tiempo que se ha insistido en que, en tanto se consolida la Guardia, los militares continuarán realizando tareas de seguridad pública, lo que significa un cambio en el discurso de las instituciones armadas, al pasar de ‘apoyar’ a los cuerpos civiles en las tareas de seguridad pública, a ‘realizar’ directamente estas funciones”.
Sin embargo, el estudio realizado por Yadira Gálvez, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM explica que esta decisión era fundamental para la creación de la corporación, en un contexto de violencia incontrolable en varias regiones del país que urgían una atención inmediata. Así lo explica la académica:
“Partiendo de un diagnóstico sobre las deficiencias de los cuerpos de policía y de cara a los niveles de inseguridad y violencia que se registran en el país, el Presidente de la República ha decidido mantener, y de hecho profundizar, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, a partir de lo que ha denominado la “reconversión militar”.
Luego de este diagnóstico inicial la académica explica que el Senado de la República creó de manera unánime “esta nueva corporación de seguridad de fuerza intermedia, policial y de carácter civil, que permita el retiro gradual de los militares de las calles, de la mano de la consolidación de este nuevo cuerpo”.
Una apuesta en beneficio de México
A cinco años de su creación, la autora señaló que los retos de la Guardia Nacional persisten: “reducir la violencia, frenar la criminalidad y consolidar este cuerpo de seguridad antes del fin de su administración”. Pero también “impulsar un proyecto más amplio de seguridad que incluya: desarticular las organizaciones criminales, políticas de prevención de la delincuencia y las violencias, así como la atención a las causas profundas de estos fenómenos, sin que se caiga en la criminalización de la pobreza”.
Sin embargo, al acercar la operación de la Guardia Nacional a las Fuerza Armadas, la autora insiste en fortalecer las funciones policiales como la investigación o la atención a la población civil, es decir, robustecer los incentivos para el desarrollo de los cuerpos policiales estatales y locales, considerando además la permanencia de las instituciones armadas en tareas de seguridad pública, el reforzamiento de una visión centralista de la seguridad y la participación de la Guardia Nacional en tareas de seguridad para apoyar a las autoridades civiles estatales.
