Desde hace tiempo el tema de la seguridad pública está en el centro del debate de nuestra comunidad”, señala el investigador y ex funcionario público, José Antonio González Fernández en la presentación del libro “La Seguridad Pública en México”, editado por la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2002.
En su estudio, el ex funcionario explica que “la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el Gobierno porque forma parte esencial del bienestar de una sociedad”.
El investigador detalla que cuando una sociedad establece un Estado de Derecho: “genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes están exentos de todo peligro”, mientras que al carecer de esta condición “los ciudadanos tendrán que centrar todos sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y derechos”.
El dilema de la seguridad pública es mantener la paz y el orden, sin afectar los derechos y las libertades de los individuos. Por ello, las instituciones encargadas de la seguridad pública deben buscar un equilibrio entre la coerción y el respeto de los valores éticos, puesto que no solo se trata de garantizar la paz, sino que se deben respetar los valores fundamentales del hombre al ejercer la fuerza legítima.
Seguridad pública y procuración de justicia
Para entender lo que la seguridad pública implica para el Estado mexicano, existe la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Esta ley define a la seguridad pública como la “función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos” y establece los principios constitucionales para que los tres órdenes de Gobierno se coordinen en materia de seguridad pública, de acuerdo con el Artículo 21 de la Constitución, que señala sus principales ámbitos:
1. Prevención y vigilancia
El pilar más importante del sistema de seguridad. Se encamina a abatir las causas que generan los delitos, en el entendido de que la seguridad pública necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el Gobierno.
Un Estado de derecho genera las condiciones para que las personas realizan sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos están libres de todo peligro, daño o riesgo. Un Estado que no cumple con esta función obliga a los ciudadanos a centrar sus esfuerzos en la defensa de sus bienes y derechos.
2. La vida y la integridad de la persona
El primero y principal valor que debe ser objeto de una adecuada protección jurídica y material. Además, para que los individuos puedan desarrollar sus potencialidades es imprescindible una especial protección a su integridad física, a través de actividades de prevención, con las que se busca evitar la realización de ciertas conductas.
Nuestra legislación cuenta con normas complementarias que buscan proteger este valor fundamental contra posibles actos de la autoridad como: detenciones arbitrarias, tortura, tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento entre otras.
3. Los derechos y las libertades de las personas
La tutela de los derechos humanos y la preservación de sus libertades implica la protección de los individuos frente al Estado. La Constitución establece en su parte dogmática los derechos fundamentales de todo individuo. Las garantías individuales son otro de los valores tutelados en un régimen de seguridad pública.
Así, la población encuentra protegidos sus derechos y libertades contra cualquier acto de autoridad, ya sean actos de molestia o de privación por parte de cuerpos policiales en labores de investigación o prevención.
4. El orden y la paz públicos
El orden público es una condición necesaria para la subsistencia del Estado mismo, sin él se desencadena una sociedad desordenada, gobernada por el caos y la anarquía, que llevan al Estado a su autodestrucción.
En una sociedad donde el orden y la paz públicos no tengan un papel fundamental difícilmente puede hablarse de ejercicio de libertades individuales y salvaguarda de derechos.
