Política para militares: La trampa de las consultas populares y las elecciones

Elecciones

De la misma forma que la planeación de una campaña militar debe tener claros los objetivos, recursos y tácticas, una estrategia política debe contar con los mismos elementos, además de una narrativa clara y atractiva. Lamentablemente no se apreciaron esos elementos por parte de la oposición durante las pasadas elecciones, más allá del pragmatismo de retirar a Morena y un vago “luego vemos” si, y cuando, eso se lograse.

Además de limitarse a reaccionar contra el presidente y Morena, afianzándolos en el imaginario, la oposición nunca habló claro sobre lo que podría lograr o no. Por ejemplo, prometió restaurar programas sociales eliminados por el gobierno, sabiendo que para ello se necesitaría, además de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, contar con ésta en el Senado. También nos hicieron creer que, si ganasen la mayoría, controlarían el presupuesto, pretendiendo que desconocemos la facultad del presidente para vetarlo parcialmente si era necesario.

Como resultado de estos desvaríos, la oposición apenas pudo arrancarle al gobierno y sus aliados la mayoría calificada de la Cámara de Diputados: un débil punto de veto si consideramos que, para aprobar reformas constitucionales, Morena controla 20 legislaturas locales. Esto es, solo un puñado de diputados y senadores se interponen a la voluntad del ejecutivo, cuando nunca representaron algo en sí mismos o sabemos siquiera su cohesión.

Mientras los opositores siguen creyendo que basta con improvisar y bloquear para conquistar 2024, vienen dos eventos que puede usar el presidente a su favor, pudiendo llegar a fortalecer su discurso y popularidad rumbo al cambio de poder: las consultas sobre los ex presidentes el próximo mes de agosto, y la de revocación de mandato a inicios del próximo año. ¿Cómo podría lograrlo?

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Las consultas populares, como otros mecanismos participativos, o directos, existen para complementar, pero nunca sustituir, a la democracia representativa, entendiendo la necesidad de ampliar las áreas de participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. Si bien son recomendables a nivel local, pues muchos asuntos se pueden resolver con un “sí” o un “no”, la complejidad de las agendas nacionales hace que sea conveniente organizarlos para situaciones excepcionales y de gran relevancia.

Por más positivo que sea integrar a la ciudadanía en las decisiones públicas, también es cierto que a los gobernantes autoritarios y demagogos les encanta recurrir a estos mecanismos no solo para movilizar legitimidad, sino para eludir responsabilidades. Al fin y al cabo, dirán, el pueblo tomó una decisión equivocada, no ellos.

Para evitar estos problemas, se pone mucho cuidado en el diseño de estos mecanismos. Por ejemplo, que haya procedimientos que dificulten su convocatoria, como número de firmas, porcentajes del órgano legislativo u otros puntos de veto. También es relevante dejar claro que se requiere un umbral mínimo de participación para considerar vinculantes las decisiones. Naturalmente, un demagogo en el poder buscará la forma para darle la vuelta a estas reglas, si tiene la oportunidad.

Aunque la discusión por introducir los procedimientos participativos viene desde los años noventa del siglo pasado para nuestro país, la clase política siempre fue reticente para hablar claro sobre el debate. Resultado: no faltaron políticos que, para simular apoyo, elaboraron sus propias consultas sin controles metodológicos para legitimar sus decisiones.

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Hablamos, por ejemplo, de la consulta sobre el segundo piso del Periférico en 2002, a modo e intereses del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal: Andrés Manuel López Obrador, misma que fue considerada vinculante aún cuando participó el 6% de la población. En ese mismo rango están las consultas de “revocación” que hizo Enrique Alfaro como presidente municipal de Tlajomulco y luego de Guadalajara: aún cuando hubo un umbral de participación irrisorio, las usó para legitimarse rumbo a sus siguientes aspiraciones.

Ante estos abusos, lamentablemente, nadie en la clase política abrió en su momento una discusión seria, o tuvo la capacidad para contrastar estas decisiones. Como resultado, se ha normalizado participar en consultas hechizas, con preguntas a modo y sin rigor metodológico alguno, concebidas solamente para legitimar decisiones ya tomadas.

¿Qué hará la oposición ante las futuras consultas? ¿Las desacreditará? ¿Impulsará la de 2022, creyendo que así quitará al presidente de en medio sin, como nos tienen acostumbrados, un diagnóstico y escenarios sobre el vacío de poder si fracasan?

Agárrense: se podrá muy interesante la próxima legislatura.

@FernandoDworak

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