Toda acción del Estado en contra de violaciones a la estabilidad social de la república genera preocupaciones en el tema central de uso de la fuerza.
Si la ciencia política determina al Estado como “el monopolio de la fuerza y de la represión”, la esencia de la fuerza del Estado deriva de un contrato con la sociedad para otorgarle a la institución el apoyo para combatir la delincuencia en sus diferentes formas y mantener a la sociedad libre de presiones delictivas.
Las estrategias de combate a las organizaciones delictivas que crean un ambiente de inseguridad han sido tres: la del gobierno de Felipe Calderón basada sólo en la ofensiva contra los cárteles que habían tomado el control de zonas territoriales de la soberanía del Estado nacional, la del presidente Peña Nieto que mantuvo esa línea y le agregó una formalización de los cuerpos de seguridad y la del gobierno de López Obrador que opera sobre el fin de la guerra contra las bandas, la construcción de la paz y la creación de una estructura legal y operativa de las fuerzas de seguridad.
La preocupación social aumentó cuando se fueron enlistando los daños colaterales civiles en algunas de las operaciones en curso.
La lista general de 300 mil homicidios dolosos en casi trece años –2006-medidos de 2019 involucra a delincuentes, fuerzas de seguridad y ciudadanos.
En los gobiernos de Calderón y Peña Nieto no hubo la suficiente capacitación de las fuerzas de seguridad en los tres temas vitales de la seguridad: derechos humanos, uso de la fuerza letal y reglas de combate.
Pero a pesar del número de daños colaterales, el porcentaje de uso de mecanismos no legales –tortura, arrestos ilegales y desapariciones– fue menor al de conflagraciones similares, aunque los ocurridos no dejen de ser censurables y sujetos a investigación para castigos ejemplares.
De acuerdo con la investigación Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina: un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela (CIDE, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Laboratorio de Análisis de la Violencia y Fundación Ideas para la Paz) los índices de letalidad de México son menores a los de los países comparados.
Pero las cifras consolidadas no desagregan las circunstancias, las condiciones y el perfil de los atacantes.
Las estrategias de seguridad 2006- 2019 no han sido de extinción de los delincuentes ni de manera estricta de guerra convencional, sino de recuperación de territorios expropiados por las bandas delictivas, de búsqueda de jefes de los cárteles, de desmantelamiento de áreas de producción y rutas de droga y de lucha contra los delitos colaterales al trasiego (contrabando, consumo, prostitución, extorsiones, piratería, contrabando, robo de vehículos, entre muchos otros).
En este sentido, todos los estudios de letalidad de las fuerzas de seguridad procesan informaciones consolidadas de muertos y no han creado fórmulas para eludir correlaciones mecánicas; por ejemplo, hay cuando menos cinco temas no analizados: grado de armamento de los grupos delictivos, grado de letalidad del crimen organizado, formas de combate frontal y formal, ataques, choques o luchas no buscadas entre delincuencia y fuerzas de seguridad y grupos de seguridad confrontados.
Los casos con mayores civiles delincuentes o ciudadanos afectados son menores en el contexto de las cifras de bajas documentadas de 1997 al 2019.
En los meses del nuevo gobierno lopezobradorista, como reacción a la decisión de cambiar la lógica de la aguerra por la lógica de la paz, sólo los grupos delictivos más violentos han escalado el uso de su fuerza letal contra las fuerzas de seguridad y los combates han encontrado capacidad de respuesta.
A ello ha contribuido la profundización de las decisiones de uso de la fuerza y las instrucciones de evitar bajas civiles.
Mientras los delincuentes atacan cuando se ven sorprendidos sin pensar en la zona de combate, las fuerzas de seguridad eluden áreas civiles.
