La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que participó en un operativo para combatir el tráfico de personas, en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, Chiapas, a las 20:50 horas del martes 01 de octubre. Durante un patrullaje de seguridad identificaron un vehículo tipo pick up que circulaba a alta velocidad y al percatarse de la presencia de los efectivos federales se dio a la fuga.
Al perseguirlos, se desató una balacera en la que murieron seis personas, presumiblemente migrantes.
«A la retaguardia de la pick up se desplazaban dos camionetas de redilas como las que usan grupos delincuenciales en esa región, los uniformados al escuchar detonaciones, dos elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas», señaló la Sedena en un comunicado.
El documento no indica si los disparos se dirigieron hacia esta camioneta o bien si se dirigieron al aire o a las llantas del vehículo. Luego que detuvieron el paso, los militares rescataron a 33 migrantes de nacionalidades egipcia, nepalí, cubana, india, pakistaní y árabe. Cuatro de ellos murieron y 12 más presentaban lesiones. Mientras que 17 personas resultaron ilesas.
Minutos después, otros dos migrantes murieron mientras recibían atención médica.
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Por otra parte, los migrantes que resultaron ilesos quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración (Inami), para que verifique su situación migratoria y, en su caso, inicie el proceso de deportación.
De manera preventiva, los militares que presumiblemente dispararon contra los vehículos quedaron separados de sus funciones y, al estar implicados civiles lesionados, la Sedena dio parte a la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las diligencias legales correspondientes y deslinde las responsabilidades correspondientes. Aunque advirtió que también podría intervenir la Fiscalía General de Justicia Militar, para aplicar sanciones respecto a la disciplina militar, en caso procedente.
El hecho ocurrió cuando se dio la polémica aprobación de la reforma a la Guardia Nacional, del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que estableció que la dependencia pasó a manos de las Fuerzas Armadas.
