A pesar de que la agencia antinarcóticos DEA ha señalado desde 2005 que los principales cárteles mexicanos tienen el control del tráfico de drogas y la venta al menudeo de estupefacientes de todo tipo dentro del territorio estadounidense, el gobierno de Estados Unidos sigue tratando de culpar a los demás países.
En el contexto de la novena cumbre del tratado comercial México-EEUU-Canadá, el presidente Joseph Biden firmó una ley para aplicar de manera extraterritorial las leyes estadounidenses en otros países contra grupos que lastimen o asesinen agentes estadounidenses de seguridad.
Esta nueva ley complementa y regula la estrategia del presidente Barack Obama en julio del 2011 para combatir al llamado crimen organizado trasnacional, es decir los grupos delictivos que operan dentro de Estados Unidos y tienen su sede criminal en México y Sudamérica. La estrategia de Obama distrajo a la sociedad estadounidense de la culpa propia sobre el alto grado de consumo de drogas en Estados Unidos que en términos generales podría involucrar a casi la mitad de la población.
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Hacia el interior, los gobiernos estadounidenses solo se preocupan por atender las adicciones en fase de salud pública, pero casi no han realizado operaciones para encarar y desmantelar a los cárteles mexicanos que trafican y venden droga al menudeo en las calles de ciudades estadounidenses.
Existe un dato extraño –para decir lo menos– que indica una incongruencia intencionada en la política de seguridad antinarcóticos de Washington: altos capos del Cártel de Sinaloa, del Cártel del Golfo, del Cártel Jalisco Nueva Generación, de Los Zetas y de otros grupos criminales están purgando penas físicas en prisiones estadounidenses, pero sin que el gobierno estadounidense les haya extraído información que pudiera permitir la desarticulación seria de las estructuras del tráfico de drogas dentro de Estados Unidos.
Para distraer a la sociedad estadounidense de la responsabilidad gubernamental sobre el tráfico de drogas, el presidente Obama acudió a la extraterritorialidad que rompe las relaciones de respeto de soberanías y las agencias de seguridad combaten a los cárteles fuera de Estados Unidos y no dentro.
En el fondo, pudiéramos estar ante evidencias probatorias de que la estrategia estadunidense de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional no busca disminuir el contrabando ilegal de estupefacientes y su venta casi libre en las calles estadounidenses, sino que busca controlar a los países sede de los cárteles como un asunto de seguridad imperial.
La nueva Ley Zapata, llamada así en honor a la gente de migración Jaime Zapata que murió asesinado en San Luis Potosí por cárteles mexicanos, autoriza de manera unilateral al gobierno de Estados Unidos aplicar las leyes estadounidenses en otros países, sin pasar por los trámites de intercambio de seguridad y de mecanismos de extradición.
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Peor aún, la nueva ley implicaría pasar por encima de las exigencias de la ley mexicana de seguridad nacional que determina el registro de agentes y operaciones de agencias extranjeras dentro de México para poder realizar operaciones de información y confrontación dentro del territorio mexicano.
La Ley Zapata recuerda el conflicto de 1990 cuando un comando especial de la DEA secuestró en México al doctor Alvarez Machain y lo llevó de manera ilegal a Estados Unidos bajo la acusación de haber sido el médico que supervisó la tortura y muerte del agente antinarcóticos Enrique Camarena Salazar en 1985 por el cártel marihuanero de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca. Humillado por las leyes mexicanas, Machain tuvo que volver a México por la ilegalidad de su arresto.
El estilo de operación de Estados Unidos en materia de seguridad contra el narcotráfico de nueva cuenta distrae la atención de la sociedad estadounidense del problema del tráfico y consumo de drogas: ahora se quiere culpar a los cárteles que ataquen agentes comisionados en México y se les va a aplicar la ley estadounidense que en términos de soberanía de Estado no tienen validez si no es a través de mecanismos legales de extradición.
Las cifras oficiales de Estados Unidos indican que el tráfico y el consumo de drogas en su interior no ha disminuido y tiende a crecer por la permisividad legal que asume el consumo como un derecho social. Mientras las autoridades estadounidenses no combatan consumo y cárteles dentro de EU, el binomio drogas-criminalidad seguirá dañando a los ciudadanos.
