Panorama del crimen organizado en México

Panorama del crimen organizado en México

Los cambios en la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, en combinación con presiones desde Estados Unidos, han trastocado el panorama del crimen organizado en México en los últimos meses. Existen elementos para un cauteloso optimismo, pero también hay incertidumbre alrededor de ciertas dinámicas criminales y factores externos que complican las perspectivas.

Alejándose de la estrategia del sexenio pasado, Sheinbaum ha apostado por la inteligencia y la coordinación federal con las instituciones estatales de seguridad para enfrentar al crimen organizado. Esto ha resultado en operativos exitosos y detenciones de alto perfil que han golpeado a distintos grupos en sus estructuras operativas, sus capacidades financieras y sus redes de apoyo político a nivel municipal. Asimismo, las acciones desde el gobierno federal mandan señales sobre intenciones de recuperar el control territorial que ha estado disputado por el crimen organizado. Si bien estos esfuerzos son positivos y representan un punto de inflexión en la estrategia de seguridad, existen aún pendientes en materia de combate a la impunidad y la desarticulación de redes empresariales, sociales y políticas más amplias que permiten la operación de estos grupos.

Por su parte, el gobierno estadounidense ha dado una prioridad sin precedentes al problema del crimen organizado en México como amenaza a su seguridad nacional. El resultado ha sido una serie de acciones que incrementan la presión para que las autoridades mexicanas actúen al respecto. Algunas de éstas han sido en un ánimo de cooperación, como el traslado a Estados Unidos de decenas de miembros de diferentes cárteles presos en México o la colaboración de agencias estadounidenses de inteligencia con autoridades federales mexicanas en distintos operativos.

Otras acciones, sin embargo, han sido en un tono más confrontacional, pues podrían ser la antesala de algún tipo de intervención unilateral más agresiva de Estados Unidos. Entre éstas se encuentra la designación de seis grupos criminales (Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos) como organizaciones terroristas internacionales y la inclusión del “narco-terrorismo” como prioridad en las estrategias estadounidenses oficiales para el control de drogas y contra el terrorismo, respectivamente. También destacan la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo con autoridades de Chihuahua en abril, sin autorización del gobierno federal, y la solicitud de detención preventiva con fines de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por actividades relacionadas al crimen organizado.

En conjunto, las acciones mencionadas han tenido un impacto diferenciado en las organizaciones delictivas. Esto responde tanto a su nivel de priorización como a las características y dinámicas particulares de cada grupo.

  • Las presiones estadounidenses y las acciones del gobierno mexicano se enfocaron inicialmente con más fuerza en contra del Cártel de Sinaloa. Esto se ha traducido en vacíos de poder al interior del grupo por la detención de altos mandos, afectaciones a sus capacidades de organización, exacerbación de disputas internas, cambios de alianzas criminales, y disrupción de sus redes financieras y de apoyo político. Esto ha desatado una ola de violencia desde finales de 2024, principalmente en Sinaloa y el noroeste del país, que las autoridades no han podido controlar eficazmente.
  • Los golpes más contundentes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son más recientes, con el abatimiento de su líder en febrero, seguido de una serie de detenciones de miembros de alto perfil. A la fecha, no se perciben disputas violentas al interior de la organización, la cual parece optar por reducir la visibilidad de sus operaciones en sus bastiones para evitar atraer más atención de las autoridades federales. No obstante, sus dinámicas de violencia permanecen sin cambios mayores en zonas en disputa con otros cárteles, como el Bajío y la frontera entre Michoacán y Jalisco.
  • El Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, La Familia Michoacana y Cárteles Unidos también han sufrido detenciones importantes. Sin embargo, a diferencia del Cártel de Sinaloa y el CJNG, estos grupos no dominan de forma tan férrea grandes territorios, sino que operan en zonas permanentemente disputadas. Esto provoca que los efectos de las detenciones de sus miembros no generen cambios drásticos en las dinámicas de violencia en las zonas donde tienen presencia, como Michoacán y el noreste del país.
  • El enfoque en los cárteles designados como organizaciones terroristas también impacta las operaciones del resto de las organizaciones delictivas en el país. Si bien las especificidades dependen de factores hiperlocales, el panorama general favorece los cambios de alianzas de los grupos de menor escala que buscan alejarse de los grandes cárteles que concentran la atención de las autoridades. Además, al no ser objetivos prioritarios, existen incentivos para que busquen ampliar su influencia en zonas en disputa. Es el caso, por ejemplo, de Guerrero, Morelos y otras regiones en el centro y sureste del país, donde crecen los reclamos ciudadanos por el aumento de la violencia por la intención de expansión de estos grupos.

Los estudios más serios apuntan a la fragmentación de las organizaciones delictivas, en conjunto con las características de las estrategias gubernamentales para hacerles frente, como factores clave para explicar las dinámicas del crimen organizado en México. Usando este marco analítico, lo deseable sería mejorar sustancialmente la estrategia, además de frenar y revertir la fragmentación de los grupos criminales (ver Gráfico 1).

Si bien hay avances destacables en el eje de la estrategia de seguridad, estos serán insuficientes si no hay acciones contundentes en contra de las redes políticas en todos los niveles, más allá del ámbito municipal. Avanzar en este sentido, además, ayudaría a aliviar las presiones por parte de Estados Unidos y a mejorar la cooperación bilateral, con respeto a la soberanía, para el combate al crimen organizado. Lo que ocurra con el caso de los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, así como con posibles imputaciones futuras de otros políticos y servidores públicos, será clave para la mejora o el deterioro del panorama en este eje.

El eje “Estrategia de seguridad” considera elementos relacionados con las acciones de gobierno que resultan, en el extremo superior, en una estrategia eficaz contra el crimen organizado y, en el extremo inferior, en una estrategia ineficaz. Algunas variables esenciales que impactan este eje son: la solidez o debilidad de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como la profesionalización, suficiencia y confiabilidad de su personal; los niveles de impunidad y prevalencia del Estado de derecho a lo largo del país; la integralidad en la desarticulación de los grupos del crimen organizado (GCO), entendida como el grado de efectividad con el que se desarticulan sus liderazgos, estructuras financieras y redes de corrupción que permiten su operación; la capacidad de control territorial del Estado mexicano; la efectividad en la atención de las causas sociales para prevenir la violencia relacionada con el crimen organizado; y la eficacia de la colaboración en materia de seguridad con autoridades estadounidenses y el respeto a la soberanía nacional.

Por otro lado, la capacidad de las organizaciones delictivas para mantener sus liderazgos, estructuras, organización, redes de protección y capacidad de fuego, determinará los movimientos en el eje de la fragmentación de los grupos del crimen organizado. De los movimientos en cada uno de estos ejes dependerá si México permanece en el escenario de violencia desbordada o si logra moverse a un mejor escenario.

El eje “Fragmentación de los GCO” considera elementos relacionados con las acciones de los grupos criminales que resultan, en el extremo izquierdo, en una mayor división y, en el extremo derecho, en la concentración en un menor número de GCO. El nivel de fragmentación es, en gran medida, resultado de disputas al interior de los GCO, enfrentamientos entre organizaciones criminales rivales y confrontaciones con autoridades. Algunas variables esenciales que impactan este eje son la fortaleza de los liderazgos, las estructuras y las alianzas criminales de los GCO, así como su capacidad de organización. También son importantes su armamento, sus habilidades ofensivas y su capacidad para cooptar o enfrentar a las autoridades.

Gráfico 1. Escenarios del crimen organizado

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