Existen varias metodologías para evaluar el desempeño de los órganos legislativos y a sus integrantes, pero parten del desconocimiento de cómo operan. Veamos algunos ejemplos antes de entrar en materia.
Hay quienes piensan que un desempeñó aceptable se encuentra en función del número de iniciativas aprobadas sobre el número de iniciativas presentadas. De esa forma, se estima que entre mayor es el porcentaje, mejor el desempeño. El problema es que la gran mayoría de iniciativas se presentan con fines tácticos antes que eficientes. Es decir, sus proponentes buscan más bien visibilizar un tema, aprovechar una coyuntura o contrastar las propuestas de otros grupos parlamentarios. Por esa razón el porcentaje es generalmente bajo: no es un indicador que sirva como referencia.
¿Evaluar a las personas legisladoras por número de iniciativas, intervenciones en tribuna o asistencias? Cada integrante se especializa en distintas funciones dentro del órgano legislativo, según sus ambiciones, habilidades y quienes pueden influir en la continuación de sus carreras políticas. Si no hay una persona legisladora “estándar”, creer que se puede medir su desempeño a través de indicadores que no dicen gran cosa en sí mismas, acaba premiando a quienes simplemente hacen las cosas que consideran los observatorios que deberían hacer.
Bajo estas premisas, es difícil hacer un balance imparcial de una legislatura. ¿Qué sería conveniente en este sentido? Que cada grupo de interés evalúe al órgano legislativo en cuanto a la forma que atendió sus asuntos de interés. En lugar de pensar en números que solo indican funcionamiento en lugar de desempeño, se debe poner atención a quiénes integran las comisiones que son relevantes a sus agendas, las iniciativas presentadas y, sobre todo, los esfuerzos que se realizaron para incidir en la toma de decisiones.
¿Cómo se podría hacer un balance de la LXV Legislatura (2021-2024) general? Para este caso, analizando la fuerza tanto del gobierno como la oposición, y cómo aprovecharon sus fortalezas y debilidades.
Las elecciones de 2021 solo le dieron a la oposición unida la capacidad exclusiva de ser punto de veto para reformas constitucionales. Por lo demás, Morena y aliados tuvieron siempre la mayoría simple para aprobar las iniciativas del gobierno, y la usaron para impulsar la agenda del presidente. De esa forma, carece más bien de sentido hablar sobre desempeño más allá de las valoraciones que hagan los distintos grupos de interés sobre lo que ganaron o perdieron con los asuntos aprobados por las cámaras.
Aunque en otros momentos ningún presidente se hubiese atrevido a presentar iniciativas de reforma constitucional durante su último año de gobierno, por la elevada posibilidad de ser rechazadas, López Obrador ha presentado muchas iniciativas en esta materia en el pleno conocimiento que serían rechazadas. ¿A qué se debe? A que el ejecutivo gobierno a través de emociones, basadas sobre un discurso moral según el cual él es una persona bien intencionada y la llamada “mafia del poder” quiere boicotearlo.
Si se entiende este elemento, sus intentos por impulsar reformas constitucionales fallidas abona a su narrativa, desde las batallas campales en comisiones, las marchas en reacción a sus propuestas, una oposición acuartelada antes de la votación para que todo su voto cuente, el rechazo en el Pleno y el recurso a los planes “B” y “C”. De esa forma, una oposición carente de discurso, credibilidad y planteamientos alternativos sólidos ha sido uno de los agentes que más han contribuido a legitimar a Andrés Manuel López Obrador.
