Mucho se habla sobre el desempeño de un órgano legislativo: ¿consiste en el número de iniciativas presentadas contra las que fueron aprobadas? ¿La atención a temas considerados prioritarios? ¿Hay otros que no deberían atenderse? ¿Según cuáles grupos? Antes de meternos en juicios de valor y argumentos partidistas, conviene analizar por qué se presentan iniciativas y cómo se procesan las que se aprueban o no, independientemente de su relevancia – sea lo que signifique.
Para empezar, la gran mayoría de las iniciativas que presentan las personas legisladoras tienen un valor táctico antes que eficaz.
Es decir, salvo contados casos donde quien las presenta tiene una agenda personal o un expertise técnico claro, casi ninguna propuesta que se presenta al pleno tiene la intención de ser aprobada.
Y eso no es algo de qué escandalizarse: ocurre en todo el mundo.
Entonces, ¿por qué debería una persona que legisla presentar una iniciativa, si sabe que tiene muy pocas posibilidades de ser aprobada? Fundamentalmente, para posicionar un tema público, sea ante sus votantes o la opinión pública en general.
De hecho, hace unos años un ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados comentaba que para él las iniciativas eran los boletines de prensa para sus distritos.
Otras razones: contrastar una iniciativa que presenta otro partido, o cumplir con las expectativas de observatorios, quienes creen que es relevante presentar iniciativas.
Dicho lo anterior, se entiende que los gobiernos de todo el mundo son los principales legisladores, toda vez que tienen la estructura burocrática para presentar propuestas técnicamente sólidas.
Por lo tanto, se puede decir que un buen desempeño no se debería medir por número de iniciativas presentadas contra las aprobadas, sino en la capacidad que tenga el órgano legislativo para revisar y en su caso, modificar, las propuestas que les presenta el gobierno.
Bajo este entendido, ¿cómo se negocian las iniciativas? El primer control son las comisiones, como instancias especializadas en los diversos temas públicos.
Ahí se dictaminan todas las iniciativas, y las que son aprobadas pasan a un acuerdo básico de la Junta de Coordinación Política: el órgano de gobierno formado por quienes coordinan a los grupos parlamentarios.
Los procesos de toma de decisiones al interior de la Junta de Coordinación dependen de quién tenga la mayoría, aunque se espera que impere el consenso.
Por ejemplo, hay temas que no tienen una carga político-partidista fuerte, y son aprobados para que pasen a votación del Pleno sin problema alguno.
De hecho, la gran mayoría caben en esta categoría. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que son relevantes para el gobierno, pero que la oposición tiene interés en detener o modificar severamente? Si la Junta de Coordinación Política tiene la mayoría, la oposición solo tiene derecho al pataleo.
En caso de no haber grupos parlamentarios en esa condición, cada partido tiene al interior de este órgano un voto ponderado según su presencia en el Pleno.
Por lo tanto, para lograr un consenso se tiene que pasar por un proceso de negociación que podría ser complejo; y en ocasiones las iniciativas del gobierno son tan modificadas que podrían resultar irreconocibles ante la propuesta original.
Sin embargo, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política no implica que todo esté “planchado”: las sesiones del Pleno se diseñaron para fomentar la negociación y el acuerdo a través del cansancio, y es posible que muchas personas se salgan durante los debates.
Por eso las mayorías suelen cambiar conforme avanzan las sesiones, y un partido puede perder poder de negociación si no tiene la capacidad de retener a sus integrantes.
De ahí que, como sucede en un ejército, un buen coordinador parlamentario es alguien que puede llevar a la victoria o a la derrota a su gente, según su capacidad de liderazgo y la posibilidad que tenga de mantener la moral alta.
