Se puede discutir, quizás hasta con mucha razón, que el presidente no entiende cómo funciona el proceso legislativo. Sin embargo, no ha necesitado saber eso para llegar hasta donde está y mantenerse con esos niveles de popularidad. A decir verdad, la fuerza de su discurso moral hizo que los viejos criterios perdieran vigencia.
En 2022, López Obrador perdió la votación para la reforma constitucional en materia energética. Aunque la oposición celebró esto como una derrota, no le prohibió al presidente seguir hablando del tema y ocupar el imaginario con su postura nacionalista. En 2023 repitió la receta con la reforma en materia político – electoral: el proyecto fue aprobado en comisiones, tan solo para ser derrotado en el pleno de la Cámara de Diputados.
El pasado mes de enero, el presidente anunció que enviaría numerosas iniciativas de reforma constitucional al Congreso, entre estas, una en materia político – electoral, otra para el Poder Judicial y otra más en materia de pensiones. Al momento de escribirse este texto, no se conoce su contenido, o si habrá otras o en cuáles temas.
En otros sexenios, un revés en una reforma constitucional habría significado una derrota tal, que dejaría al presentador como un pato rengo por el resto de su mandato. Todavía más: nadie se hubiera atrevido a presentar estas iniciativas en los últimos dos años del periodo, pues no habría incentivos algunos para la colaboración y los costos políticos hubieran sido elevados de cara a las inminentes elecciones. ¿Por qué puede hacer esto López Obrador y qué esperar de los meses que le quedan a la actual LXV Legislatura, que concluirá el 31 de agosto?
Hay una razón por la que el presidente puede transformar semejantes derrotas legislativas en victorias políticas: la fuerza de su discurso moral, ganada tras años de lucha por la presidencia y una imagen de autenticidad ante sus seguidores. Sobre todo, el colapso de la clase política tradicional refuerza una narrativa de victimización ante lo que López Obrador llama “mafia del poder”. De esa forma, sus buenas intenciones se ven frenadas por intereses inconfesables, debiendo intentar numerosas veces su cometido. Por eso tiene tanto sentido el hablar de planes sucesivos para lograr sus propuestas.
¿Cuál es el objetivo? Primero, llenar la conversación pública con sus propuestas, especialmente de cara a la campaña, que iniciará en marzo. Si las iniciativas del presidente ocupan el imaginario, el cálculo es que las candidaturas al Congreso por parte de Morena, PT y PVEM ganen adhesiones, lográndose el llamado Plan C: ganar la mayoría calificada en ambas cámaras para la próxima LXVI Legislatura (2024-2027).
Sin embargo, hay un segundo objetivo: legitimar al gobierno y su narrativa. Si un régimen de corte populista solo puede sobrevivir movilizando permanentemente una imagen de adversarios a vencer a través de actos que se puedan considerar épicos, los fracasos legislativos le vienen al presidente como anillo al dedo. Si queda alguna duda, veamos lo que ha sucedido:
La iniciativa llega al Congreso, en medio de una enorme controversia y el rechazo automático de la oposición. Acto seguido, es turnada a una o varias comisiones, donde después de una sesión maratónica es aprobada por la mayoría de Morena y aliados. Con algo de suerte, la llamada sociedad civil organizada habrá llevado a cabo una megamarcha, solicitando al presidente respetar la democracia, pero sin representar algo más que una reacción contra la propuesta.
Días antes de la votación, la opinión pública antiobradorista llamará a los diputados del frente para que no cedan al gobierno y sus presiones, llamando a MC “esquiroles” si se prestan a negociar. Inicia el día de la votación con toda la oposición pernoctando en San Lázaro, listos para votar. De esa forma, el previsible resultado se convierte en parte culminante de un ritual probado de legitimación al presidente.
Lo mejor: el presidente enviará suficientes propuestas para, si lo desea, mantener ocupada a la oposición hasta el 31 de agosto, a través de presiones para periodos extraordinarios de sesiones para discutir los respectivos planes B. Es así como un procedimiento político puede tener usos distintos, siempre y cuando el gobernante tenga una imagen de autoridad moral.
