De vez en cuando surgen propuestas para presuntamente mejorar el desempeño del legislativo, que parten del total desconocimiento sobre cómo opera la institución.
Por ejemplo, hace años alguien propuso que se debiera tasar la dieta de las personas legisladoras según las “horas laborales”.
Si se entiende por “hora laboral” el tiempo que se pasa en el Pleno o en las comisiones, la apreciación es equivocada, pues en los recintos se llevan a cabo otras actividades, como reuniones previas de grupo parlamentario, encuentros con organizaciones externas o incluso atención a votantes.
También cada persona legisladora desarrolla distintas actividades, como negociación política en los órganos de gobierno, coordinación al interior del grupo parlamentario, presidencias de comisiones labores de Mesa Directiva.
Es decir, nadie hace exactamente lo mismo que sus compañeros, para tasar una actividad.
Además, se ignora totalmente que las personas realizan actividades en sus distritos, las cuales van desde gestoría, actividades partidistas, actos políticos o incluso activismo sobre temas de interés de sus votantes.
En este sentido, sus actividades variarán si es de distrito, de lista, o qué partido tiene la gubernatura: tampoco se pueda hablar sobre un modelo único de actividades de base.
Para decirlo de otra forma, las personas legisladoras desempeñan labores diversas, y muchas de éstas no son visibles.
Pero también se debe reconocer que no ayuda a generar una explicación convincente el hecho que el Congreso sesiones pocos meses, dedicándose más de la mitad del año a actividades en los distritos.
¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué se puede hacer? ¿Realmente necesitamos una Comisión Permanente? Es necesario algo de historia para saber por qué existe una Comisión Permanente.
Hay dos tradiciones sobre las sesiones de los órganos legislativos. La primera, originada en el Parlamento de Reino Unido, establecía desde hace siglos que el Parlamento debía sesionar al menos una vez al año. Esta vertiente la recogieron la mayoría de los países.
La segunda, era establecer periodos de sesiones, como en las Cortes de Cádiz de principios del siglo XIX, pues los diputados debían trasladarse dos veces al año desde los rincones más remotos del Imperio Español hasta la península ibérica.
Sin embargo, a lo largo de los siglos XIX y XX, casi todas las naciones se dieron cuenta que la actividad legislativa era de tiempo completo, por lo que en casi todo el mundo solamente se establecen periodos de receso por vacaciones, o evitar las sesiones de Pleno por periodos electorales.
¿Qué ha permitido este enfoque? Una mayor planeación de las actividades, como dejar una semana al mes para trabajo en distritos, otra para actividades partidistas, una tercer para reuniones de comisiones y la última para sesiones del pleno.
En cambio, insistir en mantener una institución anticuada ha hecho que nos fijemos más en el pleno y su pirotecnia, en lugar de donde se toman realmente las decisiones: las comisiones y órganos de gobierno.
Además, sujeta la agenda política al chantaje en vez de la adecuada programación y negociación.
Sobre todo, si comienzan a haber condiciones de continuidad entre legislaturas a través de la permanencia, ¿no es hora de deshacernos de una reliquia normativa del siglo XIX? Hay más ventajas para la planeación y la táctica si se hace, que insistir en conservarla.
Cada cambio de reglas puede permitir distintas modalidades de planeación y, con ello, formas de actuar que podrían ser más eficientes.
