En la exclusiva y lujosa urbanización de la Zagaleta, enclavada entre las verdes montañas malagueñas, los fornidos guardias de seguridad privada se encargan de velar porque ningún extraño perturbe o ponga en riesgo, ni la integridad ni la vida, de sus acaudalados propietarios.
Esa finca española con un suntuoso campo de golf es precisamente el sitio en el que permanecía escondido Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Pemex, quien sería detenido hasta que salió en vehículo de dicha fortaleza.
En España, la seguridad privada es un negocio boyante bastante demandado por personas y familias con determinado poder adquisitivo que buscan tranquilidad, intimidad y sentirse protegidos.
En 2018, el sector de la seguridad privada en España facturó 4 mil 032 millones de euros un aumento del 5.52% respecto del año inmediato anterior, de acuerdo con datos proporcionados por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER).
La Aproser fue fundada en 1977 y agrupa tanto a empresas del ramo de la seguridad privada –representan un 70%- como a un porcentaje análogo de los profesionales del sector; además, la pertenencia a la asociación está ligada al distintivo AENOR para certificar la calidad de responsabilidad y excelencia del servicio.
Según su presidente, Ángel Córdoba, en el país ibérico hay un total de 1 mil 581 empresas de seguridad privada con 84 mil 125 vigilantes en activo y de media dichas compañías tienen menos de 50 trabajadores.
La asociación que él preside agrupa un 70% de las empresas existentes, hasta el momento 1 mil 360 han sido habilitadas por el Ministerio del Interior; otras 196 por la Generalitat de Catalunya y 25 por el gobierno vasco.
Respecto del volumen de negocio por tipo de cliente, su abanico es el siguiente: el 17% está demandado por el sector público y el 83% son contratos de tipo privado para vigilancia y cuidado de otras empresas o bien de personas, familias y de sus propiedades.
Por renglones de actividad la Vigilancia ganó 2 mil 444 millones de euros un alza de 5.30%; el área de Sistemas y Alarmas facturó 1 mil 242 millones de euros un aumento del 5.52% y el de Transporte de Fondos ingresó 346 millones de euros un 7.12% más que lo obtenido en 2017.
Para Córdoba, la seguridad privada es un sector con un gran impacto social a ambos lados de la cadena de valor y la mayor parte de su actividad se basa en el elemento humano como generador de valor.
Los datos de la Aproser indican que, en España, por ejemplo, hay 78 mil 200 vigilantes en activo aunado “al resto de personal de apoyo y gestión de las empresas”.
Es decir, que las cifras de empleo generadas por el sector son de aproximadamente 100 mil empleados y en la medida que continúe su expansión también hará más contrataciones.
“Esta intensidad en cuanto al factor humano tiene el reflejo en la estructura de costos del sector, un 85% del total corresponde a costos laborales, contribuyendo por tanto y en gran medida a activar el dividendo social”, señala la Aproser.
La seguridad privada es un servicio integrado en todas las áreas productivas, sectores de actividad y capas sociales distribuida de la siguiente manera: industria y energía con un 17.9%; comercio con un 16.1%; infraestructuras de transporte que agrupan un 13.8% del total; las entidades financieras con un 12.5%, los servicios con un 12.3% y la vigilancia en edificios e instalaciones de organismos públicos, con un 8.5%; y el resto se reparte en vigilancia residencial, del sector salud y educativo.
Confianza en la vigilancia privada
La tendencia en España es que la seguridad privada se afiance en los próximos años y lo haga ajena a los altibajos del ritmo de la economía que desde hace seis meses ha comenzado a desacelerar.
Un estudio realizado por Forética apunta que un 72% de los ciudadanos españoles tiene contacto diariamente con personal de seguridad en el ejercicio de sus funciones.
“Tiene una gran exposición a los contratos públicos y por tanto, cobra gran relevancia el que estas empresas comprendan, integren y estructuren modelos estratégicos para responder a estos nuevos elementos del marco normativo europeo en la legislación y procesos de compra pública a nivel nacional”, según recoge el texto.
El estudio proporciona estadísticas que permiten ubicar que dos de cada diez euros facturados por el sector (un 17% del total) corresponden a procesos de contratación pública.
De la cantidad de número de vigilantes existentes en seguridad privada y en activo se cuenta con 84 mil 125 profesionales; de este número, 11 mil vigilantes son mujeres.
La última década ha sido bastante dinámica en el país ibérico con un incremento en las necesidades de empresas y personas preocupadas por cuidar sus bienes, de hecho, el Ministerio del Interior que ha asumido velar porque sucedan buenas prácticas ha fomentado el surgimiento de ciertos mecanismos de autorregulación.
De allí que naciera el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, en julio de 2013, auspiciado por Aproser y otras asociaciones en torno de dicha actividad.
“Este órgano permite hacer frente a las dificultades del sector, como la excesiva prevalencia de criterios económicos frente a los de calidad en los procesos de contratación o el inadecuado uso de algunos de los mecanismos facilitados por la última reforma laboral que generan precariedad laboral y una competencia desleal”.
¿Cuáles son las líneas de actuación en general de las empresas especializadas en dicho ramo? El Ministerio del Interior lo específica en: “Se trata de una labor que contribuye positivamente a la protección y vigilancia de diferentes instalaciones, donde potenciales accidentes podrían tener unas consecuencias ambientales importantes.
En esta línea, las empresas del ámbito de la seguridad privada influyen positivamente en la prevención de asaltos y atentados a instalaciones fundamentales cuya inseguridad podría generar graves riesgos tanto económicos como sociales y ambientales asociados con la polución, contaminación y pérdida de biodiversidad importantes”.
Desde la Aproser puntualizan que, en cuanto a su impacto económico, el sector de la seguridad privada genera aproximadamente el 0.33% del PIB en España.
“Realiza una labor vital para el buen funcionamiento de la seguridad ciudadana como garantizar la seguridad de instalaciones e infraestructuras estratégicas, además de otro tipo de actividades como velar por la tranquilidad de diversos sectores o asegurar el correcto transporte de fondos”, destaca el organismo.
Al amparo de la ley
En la opinión de Ángel Córdoba, presidente de Aproser, el futuro pasa por reducir los problemas de regulación del sector, la ausencia de leyes y eliminar el intrusismo.
No es la primera vez que el ejecutivo advierte que tanto la competencia desleal como el avance de las nuevas tecnologías sobre todo en el renglón de la Inteligencia Artificial (IA) representan sendos desafíos para la sobrevivencia de la seguridad privada en España.
Sobre todo, porque dos terceras partes de los ingresos de las empresas participantes que ofrecen sus labores de seguridad trabajan para efectuar sendas labores de vigilancia física y dotación de alarmas.
Para Córdoba queda mucho por hacer para mejorar las condiciones de regulación y autorregulación, su esperanza es que puedan aprobarse nuevas leyes que les den mayor amparo jurídico.
El 5 de abril de 2014 entró en vigor la Ley de Seguridad Privada, se trata del marco normativo del sector y su finalidad es “ahondar en el modelo español de seguridad privada”, creado por la Ley de 1992, que ha servido de inspiración “a no pocos desarrollos legislativos en otros países”, adaptándola al contexto y nuevas necesidades de la sociedad española actual del siglo XXI.
Cabe destacar que el texto, que marcará la evolución del sector en los próximos años, y que precisa un próximo desarrollo reglamentario introduce algunas novedades significativas.
¿De qué novedades se tratan? 1) El sector de la seguridad privada se define como maduro y completamente profesionalizado; 2) el principio de subordinación –en relación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- pasa a ser de complementariedad, resaltando la cooperación y la corresponsabilidad; 3) matiza el principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos.
En este sentido, se permite -con todas las cautelas administrativas y como complemento de la acción policial- la vigilancia y protección de recintos y espacios abiertos que estén delimitados; acontecimientos culturales, deportivos u otros de relevancia social que se desarrollen en vías o espacios públicos.
El texto integra la lucha contra las prácticas de intrusismo, reflejado en algunas medidas, por ejemplo, las empresas autorizadas para prestar servicios de seguridad privada “no deben haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de insolvencia” contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores.
Asimismo, los administradores legales no tienen que haber sido administradores de hecho, de derecho o apoderado general en los diez años anteriores en empresas que hayan cometido los delitos mencionados.
Un punto fundamental es que en los sectores estratégicos (como protección de infraestructuras críticas), las empresas de seguridad privada deben contar con una certificación que acredite el cumplimiento de la normativa administrativa, laboral, de Seguridad Social y tributaria.
Colateralmente se establece que los pliegos de contratación acrediten que las empresas de seguridad contratistas cumplen con las obligaciones laborales y se contemplan, penas cuando no se incumplan las condiciones especiales.
Los órganos competentes en materia policial, tributaria, laboral y de seguridad social establecen mecanismos de información, control e inspección conjunta sobre las empresas de seguridad privada para evitar el fraude e intrusismo.
En relación al personal y los medios materiales se permiten nuevas formas de acceso a la profesión mediante la formación profesional reglada, lo que permite avanzar en la profesionalización del sector.
