La pandemia está acelerando muchos cambios postergados y algunos que avanzaban de manera lenta, el uso de la tecnología digital así como sus aplicaciones móviles (apps) está concentrando el interés de la normativa europea.
Desde hace algunos años, diversos cambios en la Ley de Telecomunicaciones permitieron que en los países miembros de la Unión Europea (UE), las compañías de telefonía apoyen a los respectivos gobiernos cuando así lo deseen para emitir alguna alerta.
Tal es el caso de España, cuyo gobierno puede enviar SMS a la población cuando así lo requiera necesario y tal es su uso que, inclusive, hay compañías de marketing político que han llegado a utilizar SMS para enviar mensajes en campañas electorales como aconteció en noviembre del año pasado con el candidato a las elecciones Generales del Partido Popular, Pablo Casado.
Recientemente, con la urgencia de la pandemia, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, emitió 1.9 millones de SMS a la población de la región avisando del avance del contagio por el coronavirus.
Desde 2018 está vigente una normativa sobre protección de datos personales, basada en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) que se supone debería evitar que la gente recibiese “mensajes no solicitados” en su teléfono.
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Esto es mensajes de cualquier tipo: ni políticos, ni mercantiles, ni por alertas sanitarias ni de ofertas publicitarias; sin embargo, la gente en Europa los recibe y por supuesto, en España.
Si bien se trata de una invasión de la privacidad, el actual gobierno de España, está planeando dar un paso más allá, aprovechando la coyuntura de la pandemia: “De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.6 del título 1 del anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones, el gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.
Datos del Ministerio de Asuntos Económicos indican que en el país ibérico operan más de 54 millones de líneas móviles, el 94% son smartphones y de este núcleo un 62% usan habitualmente las redes sociales preferentemente: YouTube (89%); WhatsApp (86%); Facebook (79%); Instagram (65%) y Twitter (53%).
En términos simples y llanos, el gobierno del socialista Pedro Sánchez, pretende meterle mano a las multinacionales tecnológicas WhatsAPP, Telegram o Facebook Messenger en el mismo esquema regulatorio que las empresas de telefonía.
¿Con qué propósito? El de utilizar, cuando así lo requiera, dichas redes sociales para hacer llegar a la población usuaria de las mismas, de mensajes ante una situación de alerta, alarma o riesgo de seguridad nacional.
“La intención es equipararlas al mismo esquema de las empresas de telefonía; estas multinacionales quedarían adscritas al Registro de Operadores, con ello tendrían las mismas obligaciones que una operadora de telefonía y por ende, el deber de transmitir alertas públicas cuando el gobierno lo considere necesario y cuantas veces lo requiera”, refiere el anteproyecto de la Moncloa.
¿Cómo sería el mecanismo de operación?
¿Tendría algún costo para el receptor de los mensajes por las apps? La persona podría recibir un mensaje por WhatsApp o bien por Telegram o Facebook advirtiéndola de algún peligro, riesgo o amenaza que afecte la seguridad nacional o la vida de los ciudadanos; y, no tiene, ningún costo para el ciudadano que lo reciba.
Uno de los párrafos del proyecto menciona que: “Las operadoras de telefonía como Orange, Vodafone o Movistar deben transmitir alertas públicas a los ciudadanos en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes; es un hecho puntual que ya viene sucediendo, el paso ahora es incluir a todas las plataformas de mensajería”.
Hay cierta inquietud al respecto de dichas pretensiones porque la gente cree que su intimidad quedará alterada y algunos temen que sus mensajes puedan ser leídos o monitoreados.
Tanto España, como otros países de la UE, están discutiendo la utilización de la mensajería digital bajo la pauta del Órgano de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC, por sus siglas en inglés) el anteproyecto está basado en una Directiva de la UE (2018/1972) del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 2018; dicha normativa comprende los servicios de comunicaciones electrónicas.
Entre la utilidad y la suspicacia
En la opinión de un grupo de juristas españoles, al respecto del proyecto de Ley que permitiría utilizar las apps de mensajería para que el gobierno envíe sus mensajes de urgencias o de alertas, en todo momento las personas deben tener el derecho de decidir si quieren o no quieren ser incluidas en la recepción de las alertas.
Para Ricardo Bocanegra, en todo momento, “la clave fundamental está en el uso” que se haga de dichas ventajas, porque puede tener un uso adecuado o inadecuado.
“Todo lo que sea por el interés público, general y tenga una utilidad pública a través de las nuevas tecnologías, para mí bienvenido sea siempre y cuando tenga el uso adecuado; se trata de una ventaja importante”, subraya el abogado.
En voz del titular de la Gestoría Bocanegra, en ningún caso sería aceptable que esa normativa diera lugar para excederse o bien hurgar en la intimidad de los usuarios.
“Entiendo que el anteproyecto está pensado con el objeto de informar a la gente cuando haya cosas importantes pero para nada se me pasa por la cabeza para ingerir; y, en todo caso, lo más recomendable sería evitar que haya abusos por parte de la autoridad competente mediante un serie de normas que pongan coto que impidan que pueda haber abuso”, reflexiona el destacado jurista.
En el mismo sentido se expresa, Ismael Oliver, el connotado abogado considera que la Ley debe ser muy clara sobre todo para que la propia gente esté tranquila y no inquieta con suspicacias en torno a una injerencia.
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El titular de Oliver Abogados ha llevado el caso de la detención en España de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México; para él, el texto hasta el momento presentado por el gobierno de Sánchez no habla de “intervenciones” o de “interceptaciones” sino de utilizar los medios digitales.
“No debería alarmarnos… sino el uso que se le pueda dar; y probablemente requerirá un reglamento que desarrolle el uso, que no es la interceptación… recordemos que las palabras son muy importantes, aquí no se habla de interceptar se habla de usar, de canalizar, ese medio de transporte que no deja de serlo”, dice.
Oliver enfatiza que es parte de los riesgos de esta era digital en la que no dejar rastro o preservar totalmente la intimidad es realmente complicado y con las nuevas tecnologías se tienen aspectos positivos y negativos.
“Te puedo decir que yo he tenido contacto con grandes presidentes de grandes compañías y ninguno tiene un smartphone… es muy curioso; de hecho, hasta un presidente de una importante compañía telefónica no lo tenía porque no quería que supieran dónde estaba”, comenta el abogado.
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Él ve favorable de que el gobierno lo intente regular, porque “esto mismo lo podrían hacer sin más” así es que al regularse hay límites y el imperio de la ley lo establece y lo dice muy claro “aunque hay un riesgo”.
Por su parte, Jacobo Teijelo, opina que es muy peligroso “entrar en este tipo de terreno por parte del gobierno” y habría que ser “claros” para evitar darle facultades en una labor de propaganda.
La postura del director de Teijelo Abogados habla de una situación “sospechosa” porque estas intenciones legales surjan en estos momentos cuando a la vuelta de la esquina se convoca a estados de alarma o de excepción ante lo inusual de la urgencia por el coronavirus.
El jurista español cree que en todo momento debería contarse con la aprobación de una autoridad judicial y que en efecto sirva para enviar los mensajes de alerta pero que sean “neutrales” y sin ninguna propaganda; y en todo caso debería haber límites y que la gente pueda decidir ponerlos en spam, o en no deseados o simplemente no querer recibirlos porque además están en su derecho.
“Una cosa es que se puedan transmitir determinados mensajes por una emergencia pero esos mensajes no deben tener ningún sesgo por parte de la autoridad. Hay que evitar que no se den consignas oficiales, cualquier tipo de comunicación oficial del gobierno es sospechosa porque siempre quiere llevar agua a su molino. Y lo digo de éste y cualquier gobierno… hay que asegurarse -por todos los medios- que esa posición de ventaja de poder comunicarse con todo el mundo no se convierta, como en los tiempos de Franco, en el parte de Radio Nacional de España obligatorio para todas las radios”, comenta preocupado.
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Ante el avance de la era digital, Teijelo remarca que “ahora mismo” la guerra está en las comunicaciones, no solo en cuanto a medios sino desde luego en cuanto a contenidos por eso es prioritario evitar cualquier sesgo y evitar la manipulación.
En España ya hace tiempo que están autorizadas ciertas escuchas e intervenciones, como SITEL utilizado por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia; se trata de una herramienta informática para escuchas telefónicas.
En cuanto al anteproyecto que permitirá enviar mensajes al gobierno a través de WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones digitales, Tejeiro comenta que dichas compañías no tienen sede en España “entonces las intervenciones tienen que ser más artesanales”.
“Una cosa es el control pasivo de las comunicaciones y otra “la intervención en cuanto a contenidos y que puedan enviar mensajes. Pero no es un problema del gobierno actual, el gobierno del PP fue el que puso en marcha el sistema de SITEL todos los gobiernos tienen especial cariño al control de las comunicaciones y de la propaganda… todos son iguales”, apunta Teijelo.
- @claudialunapale
