En América Latina y el Caribe (ALyC) la geopolítica se juega, en tres tableros: los puertos y rutas marítimas que mueven mercancías legales e ilegales, la automatización tecnológica en los ámbitos del comercio y la seguridad, así como el crimen organizado trasnacional. Potencias como China y Rusia combinan comercio, tecnología y actividades militares de alto perfil, mientras que Estados Unidos (EE.UU.) realiza un mayor despliegue militar en Gran Caribe, desde Puerto Rico hasta Venezuela, así como en el Oceáno Pacífico a 30 millas naúticas de las costas mexicanas. El resultado es una reconfiguración de los influjos geopolíticos en la región a través de las rutas del comercio internacional, el control de la tecnología y de los grupos trasnacionales del crimen organizado.
Grandes obras portuarias y carreteras se han puesto en marcha en años recientes para conectar a ALyC con Asia para reducir tiempos y costos de transporte. Por ejemplo, el nuevo megapuerto de Chancay en Perú, el cual busca superar al puerto mexicano de Manzanillo. También resalta el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), para conectar al Golfo de México con el Oceáno Pacífico. Otro proyecto relevante es el Puerto Exterior San Antonio en Chile, el cual eleva la capacidad del puerto para recibir navíos de última generación. Estos proyectos comerciales tienen implicaciones en los ámbitos de la seguridad y la defensa en la medida que se abren nuevas rutas para el comercio de bienes legales e ilegales entre ambos continentes, al mismo tiempo que el control tecnológico sobre el flujo de datos y los servicios portuarios, cada vez más automatizados.
Aquí es donde adquiere mayor relevancia la capa tecnológica. El despliegue de 5G, centros de datos y sistemas de videovigilancia de proveedores globales abre preguntas sobre quién administra la información, qué estándares se usan y cómo se audita el software que sostiene estos servicios críticos. Existen genuinas preocupaciones acerca de la forma en que el uso de las nuevas tecnologías, los computadores de alto rendimiento y el desarrollo de sistemas computacionales de exaescala se conviertan en herramientas para la vigilancia masiva, la desinformación y la represión digital con tecnología esencialmente de China.
En este marco, en los últimos dos años se incrementaron los ejercicios navales multinacionales impulsados por EE.UU. como los Tradewinds, UNITAS y PANAMAX, centrados en el control del Caribe insular, el combate al crimen organizado transnacional y la defensa del Canal de Panamá. Por su parte, la Marina rusa realizó diversas visitas a Cuba, Nicaragua y Venezuela con un submarino militar y la Flota del Mar Báltico. Si bien las visitas de buques y submarinos rusos al Caribe no cambian el balance de poder, si han influido al incremento de los ejercicios navales multinacionales y la cooperación para vigilar el mar.
Además, la prioridad que EE.UU. ha otorgado al crimen organizado transnacional también comienza a marcar nuevas pautas de presencia y control marítimo por medio del poder militar. Desde la perspectiva del gobierno de Donald Trump, la expansión y diversificación del crimen organizado que opera en ALyC se debe, por una parte, a la vinculación de gobiernos corruptos con los grupos criminales, quienes les permiten importar, producir y traficar drogas sintéticas ilegales hacia Estados Unidos. Por otra parte, la ineficacia y corrupción de las políticas económicas, sociales y de seguridad de algunos gobiernos de Centro y Sudamérica, han propiciado migraciones masivas hacia EE.UU.
Con este enfoque, las políticas civiles de seguridad e interdicción contra el crimen organizado han sido rebasadas por la corrupción y la violencia de los grupos del crimen organizado, principalmente mexicanos, los cuales controlan las principales rutas de tráfico ilegal desde Perú, Bolivia y Ecuador en el Pacífico, así como de Colombia y Venezuela en El Caribe y Centroamérica. Adicionalmente, el uso de tácticas terroristas para controlar esas rutas terrestres, marítimas y aéreas, así como los territorios donde asientan sus principales operaciones, ha derivado en la clasificación de organizaciones terroristas a estos grupos criminales.
Es en este marco en el que EE.UU. ha decidido utilizar su poder naval militar para vigilar y eventualmente participar en las actividades de interdicción de drogas. De esta forma, se ejerce una presión política y militar sobre los grupos políticos y criminales que operan diversos mercados ilegales de drogas, armas, material minero, combustibles, entre otros.
En suma, el actual gobierno de Estados Unidos ha iniciado una nueva forma de intervención en ALyC para contrarrestar la presencia tecnológica y protuaria de China, así como la señalización estratégica militar de Rusia. Asimismo, el despliegue militar estadounidense contra el crimen organizado trasnacional en el pacífico mexicano y el Gran Caribe, así como el uso de instrumentos financieros de investigación contra la corrupción político-criminal, son instrumentos para ejercer presión política, comercial y financiera sobre gobiernos de la región. Se configuran nuevos influjos geopolíticos en ALyC.
