Hay decisiones que no hacen ruido. No salen en conferencias, no se anuncian en redes, no generan titulares. Simplemente ocurren —o dejan de ocurrir— dentro de una oficina. Un expediente que no avanza. Una orden que no se solicita. Una investigación que se enfría.
Y afuera, casi nadie lo nota.
No siempre es ilegal, pero sí es discrecional. Y en México ese margen se colocó en manos de fiscalías autónomas con una intención legítima: que la persecución penal no dependiera del gobernador o del presidente en turno.
Durante décadas, el Ministerio Público dependió del Ejecutivo. La antigua Procuraduría General de la República respondía al poder central. Esa subordinación no solo generaba dudas sobre la imparcialidad de las investigaciones, también debilitaba el derecho de acceso a la justicia. La lógica era simple: quien investiga no puede depender de quien puede ser investigado.
Por eso, en 2014 se reformó la Constitución para crear la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo. Los estados replicaron el modelo en sus propias fiscalías. La decisión no fue aislada: respondía a una tendencia internacional que buscaba fortalecer la independencia técnica del Ministerio Público como garantía para combatir la impunidad.
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han insistido en que la autonomía es clave para investigar sin presiones políticas, particularmente en casos de corrupción o violaciones graves a derechos humanos. La intención era correcta: evitar que el poder político pudiera frenar, desviar o manipular investigaciones incómodas.
La autonomía era necesaria. El problema es cuando deriva en opacidad.
Hoy las fiscalías tienen una enorme capacidad de decisión. Definen qué investigar, qué priorizar, cuándo judicializar y cuándo archivar. Establecen tiempos, ritmos y enfoques. Muchas veces lo hacen con criterios técnicos válidos. Pero cuando no existen mecanismos sólidos de evaluación externa, esa discrecionalidad puede convertirse en una zona de opacidad difícil de penetrar.
En la práctica, eso se traduce en situaciones que se repiten en distintas entidades: carpetas que se archivan sin explicación clara, retrasos prolongados en dictámenes periciales, criterios inconsistentes para judicializar casos, baja proporción de sentencias en comparación con el número de denuncias, y una comunicación fragmentada —cuando existe— con víctimas y familiares.
A ello se suma una realidad estructural: no todas las fiscalías tienen las mismas capacidades. Algunas operan con mayor personal, tecnología e infraestructura; otras enfrentan rezagos importantes. Sin embargo, el nivel de autonomía es el mismo. Esto genera desigualdad en el acceso a la justicia: el resultado de una investigación puede depender más del lugar donde ocurre el delito que de la gravedad del hecho.
También hay un elemento institucional que rara vez se discute: la falta de claridad en las prioridades. ¿Qué delitos se investigan primero? ¿Por qué algunos casos avanzan más rápido que otros? ¿Qué criterios determinan si una carpeta se archiva o se judicializa? Sin respuestas públicas, esas decisiones se perciben —con razón o sin ella— como arbitrarias.
No se trata de afirmar que hay ilegalidad en cada caso. El problema es más profundo: es la ausencia de información clara, de criterios visibles y de evaluaciones independientes que permitan entender por qué se toman ciertas decisiones y no otras.
Aquí aparece una pregunta incómoda pero necesaria: ¿quién supervisa a las fiscalías?
En teoría, el control lo ejerce el Congreso. A nivel federal, el Senado tiene facultades para designar y remover al fiscal general por causas graves. En los estados, los congresos locales cuentan con atribuciones similares. Sin embargo, en la práctica, esa supervisión es limitada.
Supervisar una fiscalía no es solo citar a comparecer a su titular. Implica revisar de manera constante indicadores de desempeño, analizar presupuestos, entender políticas de persecución penal, evaluar el uso de recursos periciales y medir resultados concretos en términos de acceso a la justicia.
Eso requiere capacidades técnicas especializadas. Y la realidad es que muchos congresos no cuentan con equipos suficientes para hacerlo con profundidad. Sin ese análisis, la rendición de cuentas se reduce a posicionamientos políticos o ejercicios formales sin impacto real.
Así, la autonomía que buscaba proteger a las fiscalías frente a presiones externas puede terminar generando otro problema: instituciones con amplias facultades, pero con supervisión débil. No un equilibrio, sino una nueva concentración de poder.
La solución no es regresar al pasado ni debilitar la autonomía. Tampoco es abrir la puerta a la intervención política en las investigaciones. La opción viable es construir contrapesos técnicos que fortalezcan la rendición de cuentas sin comprometer la independencia.
Eso implica cambios concretos.
Primero, establecer indicadores obligatorios, públicos y comparables entre entidades. No solo cifras generales, sino datos que permitan entender el funcionamiento real: tiempos promedio de integración de carpetas, porcentaje de archivo temporal, tasas de judicialización y sentencias, atención a víctimas. Sin información clara, no hay evaluación posible.
Segundo, implementar evaluaciones externas periódicas de desempeño institucional. Estas evaluaciones deben ser realizadas por órganos especializados, universidades o instancias con capacidad técnica, y enfocarse en eficiencia, gestión y resultados, no en casos específicos.
Tercero, fortalecer al Congreso con equipos técnicos permanentes que puedan analizar esa información con rigor. La supervisión debe ser técnica antes que política.
Cuarto, obligar a que cada fiscalía publique su política de persecución penal: qué delitos prioriza, con qué criterios y por qué. Esa definición estratégica no puede permanecer en la opacidad.
Quinto, consolidar el servicio profesional de carrera. Ingreso, permanencia y ascensos deben depender de evaluaciones objetivas, no de decisiones internas poco transparentes.
Sexto, generar mecanismos reales de participación para víctimas y ciudadanía, con acceso a información estadística y capacidad de emitir recomendaciones públicas en materia de gestión.
Séptimo, vincular parte del presupuesto a resultados verificables. No para castigar, sino para incentivar mejoras en desempeño, eficiencia y atención a víctimas.
La autonomía es necesaria, pero ningún órgano que decide sobre la libertad, el patrimonio y la vida de las personas puede operar sin ser observado. El verdadero riesgo no está en esa capacidad de decisión propia, sino en ejercerla sin vigilancia: cuando el actuar deja de explicarse y las decisiones dejan de ser cuestionadas.
En un país donde la justicia sigue siendo una deuda, ese hermetismo institucional no es menor: con demasiada frecuencia determina si un caso avanza… o se diluye en el silencio.
