Siete militares quedaron detenidos de nuevo, tras recibir la absolución hace años y luego de que en 2019, un Tribunal Unitario tuvo que ordenar que se girara una orden de reaprehensión en su contra, misma que permaneció sin cumplirse por 16 meses.
La reaprehensión de los siete militares involucrados en el Caso Tlatlaya, donde 22 civiles resultaron muertos por disparos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en julio de 2014, se hizo en acatamiento a una orden judicial, librada desde octubre de 2019, por Olga María Josefina Ojeda Arellano, magistrada del Sexto Tribunal Unitario Penal, con sede en Toluca, Estado de México.
La magistrada resolvió en ese sentido una apelación a un fallo previo, que en mayo de 2016 ordenó liberar a los militares por falta de elementos.
La Fiscalía General de la República (FGR) apeló la liberación de los militares, señalando que no tomaron en cuenta elementos de prueba como testimonios de las sobrevivientes y peritajes, contenidos en la averiguación previa AP/PGR/ UEITA/161/2014.
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Los militares reaprehendidos son Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, acusados de homicidio y ejercicio indebido del servicio público, por lo que no pudieron obtener la libertad bajo fianza.
Los otros cuatro son Ezequiel Rodríguez Martínez, Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz y Alan Fuentes Guadarrama, señalados como posibles responsables de ejercicio indebido del servicio público, el cual está considerado como un delito grave, y por tanto podrán seguir su proceso en libertad.
Los hechos en Tlatlaya
El 30 de junio de 2014 elementos del Ejército habrían asesinado a 22 personas, incluida una mujer de 18 años, en una bodega ubicada en San Pedro Limón, Tlatlaya. La versión oficial afirmaba que los “delincuentes” atacaron primero a los militares, quienes patrullaban la zona, por lo que hubo un enfrentamiento que resultó en la muerte de todos los civiles.
Semanas después, un trabajo periodístico reveló que en el lugar había poca evidencia de que hubiera ocurrido un enfrentamiento como aseguró la Sedena. Además de que una testigo dijo que los soldados dispararon primero, que sólo uno de los jóvenes murió en enfrentamiento y los demás fueron asesinados cuando ya se habían rendido. Más tarde, en octubre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que los soldados privaron de la vida a las personas al interior de la bodega. Las 3 sobrevivientes de la masacre en Tlatlaya también denunciaron tortura y violación a sus derechos humanos
