La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) analiza transferir a la Fiscalía General de la República (FGR) la investigación sobre el mando militar que habría ordenar un ejercicio militar en mar abierto a un grupo de cadetes de la Guardia Nacional, pese a una advertencia de fuerte oleaje en costas de Ensenada Baja California, que provocó la muerte por ahogamiento de siete cadetes.
Varios testimonios señalan que el ejercicio no formaba parte del protocolo de entrenamiento establecido por la institución federal y se habla de una especie de ‘novatada’, lo que le podría acarrear cargos ate una autoridad civil, por cargos de homicidio culposo, adicional a la sanción que le corresponde como integrante del Ejército.
Por la investigación, las autoridades castrenses reportaron la detención del Centro de Adiestramiento de la Guardia Nacional en el puerto de Ensenada, aunque no se ha revelado su identidad y grado militar. Este mando permanece preso en las instalaciones militares de la ciudad de Tijuana, donde enfrenta cargos por desobediencia y abuso de autoridad, delitos establecidos en los capítulos 3 y 2 del Código de Justicia Militar, respectivamente.
Sobre la acusación por abuso de autoridad, la Sedena analiza canalizar la indagatoria a la FGR para que haga el deslinde de responsabilidades correspondientes, como presunto responsable de provocar la muerte de los soldados tras ordenarles que se arrojaran al mar en Ensenada, con todo su equipamiento, pese a que sabía que en ese momento había condiciones climatológicas adversas.
Sobre el caso, el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, reconoció que este mando tendría responsabilidad por ambos delitos.
¿Cómo sería el proceso legal contra el mando militar de la Guardia Nacional?
Mientras eso ocurre, la Fiscalía de Justicia Militar continúa la integración de la carpeta de investigación, y el mando militar espera de la audiencia inicial en un juzgado militar, donde el Ministerio Público Militar le hará la imputación formal por su presunta responsabilidad en los delitos de desobediencia y abuso de autoridad, mientras que un juez militar determinará si existen los elementos para vincularlo a proceso.
Además, como responsable directo de la preparación en primera fase de estos cadetes también debe enfrentar las denuncias que hicieron familiares de los jóvenes fallecidos ante la Fiscalía General de Justicia de Baja California.
Por una cuestión procesal, el presunto responsable deberá enfrentar de manera inicial a la justicia militar ya que la muerte de los cadetes ocurrió como una actividad militar y no estaba considerada dentro de los programas de la primera fase del entrenamiento.
El artículo 301 del Código de Justicia Militar señala que el delito de desobediencia aplica para “el que no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla. Lo anterior se entiende salvo el caso de la necesidad impuesta al inferior, para proceder como fuere conveniente, por circunstancias imprevistas que puedan constituir un peligro justificado, para la fuerza de que dependa o que tuviese a sus órdenes”.
Por este delito, la persona procesada puede alcanzar una pena que va de los nueve meses hasta 70 años de prisión, de acuerdo con la gravedad del caso.
En tanto, el artículo 293 señala que comete el delito de abuso de autoridad, el militar que trate a un inferior de un modo contrario a las prescripciones legales.
