En noviembre de 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó el libro Seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe: Desafíos e innovación en gestión y políticas públicas en los últimos 10 años, donde establece que en la última década, la región ha venido acumulando aprendizajes en el sector de seguridad ciudadana y justicia, tanto en el ámbito operativo como en el de conocimiento, a través de reformas institucionales y el desarrollo de intervenciones focalizadas en la reducción del crimen y la violencia que tanto afectan a la región.
Asimismo, también ha generado lecciones aprendidas, resultado de esfuerzos no siempre exitosos en materia de prevención y control de la violencia, judicialización del crimen y reinserción social.
Cabe destacar que desde 1998, el BID incluyó el tema de Seguridad Ciudadana y Justicia dentro de la agenda de desarrollo, basado en los resultados de los primeros estudios realizados en la materia, que mostraron los altos costos económicos que este fenómeno ocasionaba a la región y otros de naturaleza no monetaria, pero igual de compleja como son el sufrimiento y trauma generado por la inseguridad, en las personas y familias, especialmente en la población más vulnerable.
Para México, no es nada ambigua la premisa dispuesta en este texto, donde se establece que el delito y la violencia interfieren en las interacciones económicas, la provisión de servicios como la educación, o incluso la capacidad de los gobiernos para crear o mantener la infraestructura física en su país, afectando su productividad y competitividad.
Por ello, el BID subraya que la experiencia regional en este ámbito y la evidencia que se fue construyendo, demostraron la necesidad de entender la gestión de los problemas de prevención y control de la violencia, de manera sistémica.
Lo anterior, entendiéndolo como una cadena de valor que integra las distintas etapas de la gestión: la prevención, el control, la aplicación de justicia, y la rehabilitación social.
Esto demandó el funcionamiento de mecanismos de coordinación entre las múltiples instituciones que participaba en el sector, procurando una intervención equivalente en cada una de ellas y garantizando una mejor seguridad ciudadana y una efectiva impartición de justicia.
Es decir, la articulación de las áreas de seguridad ciudadana y de justicia penal para dar una respuesta integral a los países de la región en el diseño y la implementación de los programas.
Tal postura no se aleja en nada de lo dicho por otros organismos, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que en distintos foros estableció que la seguridad ciudadana está en el debate público latinoamericano desde muy distintas perspectivas.
La prensa, en general, tiende a destacar los hechos más violentos, ejerciendo un papel de denuncia del aumento de la violencia y de la inseguridad en los distintos países de América Latina.
De parte de los políticos, hay llamados a desarrollar acciones para el enfrentamiento del fenómeno con medidas más o menos radicales en función de sus posiciones respecto del gobierno de turno.
Los especialistas hacen llamados para precisar conceptos y mejorar la medición del fenómeno; en tanto entre los ciudadanos aumenta la inseguridad y se generan formas innovadoras para suplir una ausencia institucional.
Sin embargo, nadie duda de que la inseguridad ciudadana, producto de un incremento de la delincuencia violenta en la región, ha aumentado y que se requieren medidas adecuadas para enfrentarla.
Cabe destacar que el libro, por momentos, sirve para resaltar el apoyo técnico y financiero en temas de seguridad ciudadana y justicia en distintas naciones por parte del BID, sin embargo, este contexto no se tomó como parte medular del presente análisis.
Lo que se rescata es el enfoque integral y la experiencia de la implementación de las operaciones de Seguridad Ciudadana y Justicia en la región en la última década, se han venido identificando elementos clave para contar con una gobernanza adecuada para la seguridad ciudadana, entre los cuales son los siguientes: La seguridad ciudadana es mucho más que la lucha contra los delitos.
Abarca conceptos como el cumplimiento de normas de convivencia, la resolución de los conflictos, la eficiencia del sistema de justicia y del sistema penitenciario, entre otros.
Es decir, su fin último es la protección de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos.
Una buena gestión institucional es indispensable para una efectiva política de seguridad ciudadana, lo anterior bajo la premisa de que no se puede hacer políticas públicas a ciegas, sino la adopción de diferentes herramientas y técnicas que permitan medir y monitorear el impacto del crimen; evaluar los resultados de políticas y programas, y, diseñar intervenciones mejor focalizadas y más efectivas.
Según el estudio del propio Banco Interamericano de Desarrollo, la violencia urbana afecta principalmente a los jóvenes, tanto como víctimas, como victimarios.
Según la evidencia, los jóvenes entre 15 y 29 años son el grupo más vulnerable a la violencia con el 40% del total de homicidios en la región, de cuya cifra el 8% son niños.
La violencia contra la mujer tiene niveles de epidemia en la región, y sin embargo, parecería invisible.
Una de cada tres mujeres en la región ha experimentado algún tipo de violencia física o sexual, en algún momento de su vida.
De ahí que establece que atender esta situación es urgente y requiere una respuesta integral de las autoridades y de la sociedad, que incluya la provisión de mejores servicios de prevención y atención.
En este sentido, describe que la transformación de la calidad del servicio y la manera como la policía se relacionan con los ciudadanos empiezan por la inversión en el capital humano.
Dando como resultado que una mejor formación y especialización de la policía dignifica el trabajo de los servidores públicos y moderniza el perfil de estas instituciones para garantizar mejoras de largo plazo.
De acuerdo a analistas que han abordado el tema, la realidad es que la seguridad está hoy en la agenda de todos los debates en América Latina.
Varias encuestas de opinión muestran que la falta de seguridad es una de las preocupaciones mayores de los habitantes de la región, en cerrada competencia con el desempleo y la educación.
En todas las elecciones presidenciales que han tenido lugar recientemente, la seguridad fue tema de campaña electoral y buena parte de su desenlace se ha jugado en ese terreno.
En efecto, aunque no tan rápido como la sensación de inseguridad, el aumento objetivo de los índices de ciertos crímenes violentos (tales como el homicidio) es de notar, especialmente en el último decenio.
Este aumento, fenómeno relativamente reciente en la región, tiene ya confirmados efectos negativos en el desarrollo humano y se presenta también como un elemento distorsionador para la dinámica democrática.
De ahí que la enorme importancia porcentual de los gastos asociados a la violencia que, en consecuencia, no son destinados a la inversión productiva o a la inversión social son una prueba de ello, así como la progresiva erosión de la credibilidad en las instituciones democráticas, que se ven superadas por un fenómeno para el que no parecen tener respuesta.
La violencia y la inseguridad son, además, un obstáculo para la consolidación de la gobernabilidad democrática en la región.
Pese a ello, el libro ofrece una perspectiva integral de los importantes avances que se han logrado en la región y sobre los desafíos que aún quedan pendientes.
La insuficiencia de resultados exitosos para resolver el problema de crimen y violencia en la región indujo a un cambio conceptual en el tratamiento del tema.
Es así como nace el nuevo paradigma de la convivencia ciudadana y prevención.
De ahí que en la última década en el campo de la seguridad ciudadana y justicia la región avanzó en la definición de conceptual para la atención y prevención del fenómeno y una nueva organización institucional.
Desafortunadamente, según el texto, los avances conceptuales y doctrinarios no se incorporan con la velocidad deseada en el funcionamiento de las instituciones y sus procesos de gestión y en la formulación de las políticas públicas.
Los cuatro principales desafíos institucionales que trae consigo el nuevo paradigma de la seguridad ciudadana son:
• La integralidad que reconoce la naturaleza multicausal del problema de la violencia y el delito y promueve intervenciones que combinan acciones preventivas y de control.
• La multisectorialidad que hace referencia a la gestión multisectorial e interinstitucional de la gestión de la seguridad tanto a nivel nacional como subnacional.
• La rigurosidad que destaca la necesidad de diseñar e impulsar políticas públicas basadas en evidencia empírica y con rigor científico.
• La sostenibilidad y escalabilidad.
Antes de los noventas el sector seguridad tenía como actor casi exclusivo a la Policía.
Con la irrupción del paradigma de la seguridad ciudadana en el contexto de los procesos de democratización, se produjeron diversos cambios en la gobernanza de la seguridad.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, a dos años de la publicación de este libro, los esfuerzos para abordar el desafío de la inseguridad en la región deben apuntar a desarrollar acciones que aceleren de manera exponencial la transformación de la gobernanza de la seguridad.
Para ello, se formulan diez recomendaciones para avanzar en esa dirección:
• La evidencia indica que la seguridad ciudadana y justicia requiere un sistema especializado de gestión con visión estratégica y liderazgo.
• Políticas públicas de Seguridad y Justicia con equilibrio entre acciones preventivas y de control demuestran tener un mayor efecto en la reducción del crimen.
• Mecanismos de rendición de cuentas son elementos clave en la generación de legitimidad.
• La calidad eficiente de políticas públicas en seguridad ciudadana y justicia depende de la efectiva asignación de recursos humanos y financieros.
• La gestión eficiente de políticas públicas en el sector depende de la calidad de la información y acceso a conocimiento aplicado.
• Propiciar la utilización del enfoque de ciclo de las políticas públicas para el análisis de las decisiones en materia de seguridad ciudadana y planificar su sostenibilidad y escalabilidad.
• Promover la formación de gestores especializados en la seguridad ciudadana y justicia, que estén facultados para integrar la visión integral, multisectorial y sostenible de las intervenciones.
• Reforzar el aprendizaje e intercambio de experiencias entre pares, especialmente entre representantes de los gobiernos subnacionales y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito local, sobre la base de metodologías sistematizadas que orienten de manera eficaz el análisis comparado de buenas prácticas y la extracción de recomendaciones.
• Promover el intercambio y la apropiación de experiencias exitosas que hayan demostrado ser eficientes a la hora de superar la desarticulación y favorecer la coordinación interinstitucional e intersectorial, a todos los niveles.
• Promover una gobernanza participativa que incentive la incorporación de la sociedad civil en todas las etapas del ciclo de las políticas públicas, mediante arreglos institucionales debidamente diseñados para tal fin.
