El viernes 18 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública por crisis de la seguridad interior hasta finales de 2028, dándole cuatro años más de oportunidad a la profesionalización e institucionalización de la Guardia Nacional.
Se trató de una de las decisiones más importantes desde que el presidente Felipe Calderón decidió en diciembre de 2006 movilizar a tropas militares, dentro de sus facultades del 89 constitucional para atender problemas de seguridad interior, sobre todo por el activismo de las bandas del crimen organizado que habían comenzado a tomar el control de partes de la soberanía del Estado sobre todo el territorio nacional.
El decreto da un paso coyuntural al tema de la reorganización del aparato de seguridad interior del Estado, pero sigue a la espera de la ley reglamentaria sobre la seguridad interior, después del fracasado intento de 2018.
La administración del presidente López Obrador y el mando militar a cargo del general secretario Luis Cresencio Sandoval González realizaron el mayor esfuerzo de organización sistémica para poner orden en el desorden del aparato de seguridad.
La falta de una estructura eficiente en materia de seguridad pública a nivel nacional condujo a la creación de la Guardia Nacional y su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional para construir un paraguas de seguridad reglamentado en la Constitución y en las leyes secundarias.
El decreto para extender cuatro años más la presencia militar en seguridad pública por seguridad interior dejó muy claro la responsabilidad castrense para cumplir un objetivo de estricto sentido de seguridad y alejar los fantasmas de la utilización de las Fuerzas Armadas en labores que tienen que ver con la atención de la inestabilidad política.
En este contexto, el decreto del 18 de noviembre dejó en claro los cinco principios fundamentales de la participación militar en seguridad: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Fundada en 2019, la Guardia Nacional tendrá 9 años para quedar perfectamente estructurada en el organigrama de seguridad interior y a partir del 2029 podrá funcionar con autonomía relativa de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque adscrita a la responsabilidad de la Sedena como arma fundamental para la defensa de la sociedad ante las ofensivas del crimen organizado.
Y quedará como compromiso la urgencia de una ley de seguridad interior que complete el marco jurídico para la defensa de la estabilidad de la República.
