La reforma a la Ley de Seguridad Nacional para someter a controles a las agencias de inteligencia, seguridad nacional y crimen organizado de los EE.UU., es el primer gran paso de México en toda su historia independiente para usar los mismos términos estadunidenses en la fijación de su política exterior y su doctrina de seguridad nacional: los intereses nacionales.
Desde aquella decisión de cerrar la frontera terrestre en septiembre de 1969, de manera paradójica después de haberse jurado amistad mutua entre el presidente Díaz Ordaz y el presidente Nixon, el gobierno estadunidense le había dado a su estrategia de lucha contra el crimen organizado un carácter unidireccional.
En septiembre de 2011 el presidente Barack Obama, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Harvard, decretó el principio de extraterritorialidad para aplicar las leyes estadunidenses fuera de sus fronteras a través de su Estrategia de Combate al Crimen Organizado Transnacional que le permitía operar en los países señalados como sede de los grupos de narcos que vendían droga dentro del territorio estadunidense.
Desde 1973 la DEA –además de la CIA y el FBI y los organismos de inteligencia, espionaje y seguridad militar del sector militar estadunidense– operaban en México sin cumplir las leyes.
La justificación se basaba en el criterio unilateral de que los gobiernos de los países sede de los cárteles hacían poco o nada para luchar contra los capos y, de acuerdo con los EE.UU., llegaban a proteger o aliarse con los grupos criminales.
Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional definen, por interpretación, que los intereses nacionales de México están por encima de los intereses nacionales de los EE.UU.
México no se niega a mecanismos de colaboración, pero desde la firma del convenio en 1989 con el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari el gobierno de Washington se negaba a informar a México de sus operaciones y realizaba investigaciones sin ajustarse a los criterios legales mexicanos.
La famosa Iniciativa Mérida del Calderón- Bush Jr. obedeció al interés de los EE.UU., para controlar los mercados, no para combatir la producción y tráfico.
La circulación de droga de México a los EE.UU., tiene dos características especiales: la siembra y el trasiego responden a las necesidades de demanda de drogas a los 30 millones de consumidores fijos y al triple si se suman otros consumidores no regulares.
El día en que México termine con la siembra y procesamiento de droga y selle sus fronteras para que no cruce ni un gramo de estupefacientes, ese día los EE.UU., entrarán en un colapso social y de violencia de consumidores sin acceso a las drogas.
Las reformas a la Ley de Seguridad nacional para controlar a las agencias extranjeras es una decisión de soberanía que hacía falta: México no se niega a la cooperación, pero deja muy claro que en adelante no permitirá la violación de su soberanía.
Es claro que esas reformas obligan al gobierno mexicano a aumentar la intensidad de su combate nacional contra las drogas y el crimen organizado y que ello implicará un relanzamiento de su estrategia de seguridad, sobre todo para no darle pretextos a los gobernantes estadunidenses para atacar y presionar a México.
El fondo de las reformas radica en la definición de los intereses mexicanos en las relaciones con los EE.UU., y en un equilibrio de las asimetrías del poder.
La soberanía es un principio de defensa del Estado nacional.
