Dos iniciativas en el Congreso reabrieron en debate sobre la responsabilidad y alcance del Estado en la seguridad en sus tres niveles: ciudadanos, territorio y geopolítica. No se trata de una iniciativa nueva.
El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 incluyó por primera vez la conceptualización de la seguridad nacional en la función del Gobierno y del Estado y desde entonces se han ido depurando los planes y doctrinas que tienen que ver con la estabilidad nacional.
El concepto de seguridad no responde solo al ejercicio de autoridad, sino que desarrolla la caracterización de la seguridad como un mecanismo de equilibrio social para el bienestar y el desarrollo.
Es decir, un Estado de seguridad no es por sí mismo un Estado policía, sino que la seguridad es el elemento sustancial para que exista creación, distribución y disfrute de la riqueza producida.
En la doctrina de seguridad mexicana existe la caracterización de la seguridad interior como un elemento doctrinario del cuerpo teórico cívico-militar: La seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional La democratización de los diferentes niveles de la sociedad y de las prácticas en la vida cotidiana llevó a la sustitución del viejo Estado autoritario paternalista y verticalista por nuevas reglas de convivencia construidas alrededor del concepto del Estado de derecho.
Pero como se observa en la definición de seguridad interior, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar el funcionamiento del sistema productivo y distributivo y de otorgar las condiciones para que los ciudadanos gocen de la estabilidad social para su bienestar.
A México le costará un esfuerzo adicional el conciliar las reglas de la seguridad con las garantías de la vida democrática, pero no se trata de tareas nuevas, sino que están contenidas en la doctrina de seguridad interior al interrelacionar la seguridad de los ciudadanos y del sistema productivo con el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.
Todo el proceso reciente para la consolidación de un Estado securitario están limitados y garantizados por las leyes que respetan la iniciativa individual y que castigan los abusos de quienes afectan el patrimonio individual, crean condiciones territoriales fuera de la ley y de alguna manera pertenecen a grupos delictivos con ramificaciones internacionales.
Sociedad y gobernantes deben entender que la seguridad es una condición social para el bienestar y no un catálogo de represiones. El Estado securitario tiene reglas constitucionales de cumplimiento estricto.
