El debate debió de haberse iniciado en diciembre de 2006 cuando el presidente Felipe Calderón tomó la decisión de movilizar a las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública por evidencias de crisis en la seguridad interior.
La conceptualización fue equivocada: la militarización no es el uso constitucional de los aparatos de seguridad del Estado en situaciones de emergencia.
En quince años no existe ninguna evidencia que pueda llevar a la conclusión de que el gobierno ha asumido una mentalidad militar.
El asunto se complicó más cuando el presidente López Obrador, ajustado a las funciones legales que puede realizar el ejército a partir de su ley orgánica, extendió responsabilidades de operación de programas sociales a las fuerzas armadas, más allá de la seguridad interior.
Como muchos países, México se encuentra en el umbral de definición de nuevos paradigmas de gobierno.
Los militares forman parte del Estado, tienen una estructura de gobierno que se somete, de manera administrativa y de control legal, a los poderes legislativo y judicial.
Y, sobre todo, tienen capacidad para superar la vieja imagen del soldado con su arma conteniendo personas Ahora se dio entrada a las fuerzas armadas al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y la respuesta tergiversada extendió el concepto de militarización a la educación superior.
Se olvida, para comenzar, que las fuerzas armadas tienen un sistema integral de educación que responde a los criterios constitucionales de la política educativa del Estado, que la calidad de sus egresados es más que sobresaliente en derecho, ciencias sociales, tecnología, ingeniería y medicina, entre otras especialidades.
Y que el objetivo es aprovechar la riqueza intelectual y educativa del sistema educativo militar en la reconfiguración del modelo educativo del Estado.
El nuevo paradigma ha superado el papel de las fuerzas armadas como soldados sólo para contener o disuadir invasiones extranjeras de otros Estados.
Se habla de seguridad interior para referirse a situaciones de ruptura de la estabilidad dentro de las fronteras, con organismos criminales que han capturado parcelas del Estado y que tenían hacia 2006 el control de parte de la soberanía territorial del Estado mexicano.
El avance de la participación de militares en labores más allá de la protección de fronteras ha revelado la existencia de una enorme riqueza social en contingentes militares que suman de manera directa casi 200 mil personas y muchas más si se agregan familiares y zonas de influencia.
Los ingenieros militares han sorprendido por su papel en la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía y lo han hecho con enfoques arquitectónicos novedosos, audaces y nacionalistas.
En los hechos, las fuerzas armadas son parte del Estado y de la sociedad y los presupuestos destinan recursos para su mantenimiento y, sobre todo, su capacitación.
Al participar en labores sociales –no sólo de protección ante tragedias naturales–, las fuerzas armadas están cumpliendo una tarea de recomposición de sus funciones sin moverse ni un milímetro más allá de sus limitaciones constitucionales de subordinación a las leyes civiles.
De ahí la importante de debatir el nuevo paradigma mexicano de las fuerzas armadas ante nuevas formas de organización de la sociedad y ante los compromisos del Estado para cumplir con sus tareas de atención a las necesidades de la sociedad.
