Muchas veces hay debates innecesarios que sólo distraen. No sólo por funciones legales y constitucionales reconocidas y por tareas cotidianas, la seguridad pública-interior-nacional es la esencia de las fuerzas armadas, su razón de ser, su misión de existencia.
Aún si no hubiera el Quinto Transitorio Constitucional ni el decreto del 11 de mayo de 2020, las fuerzas armadas estarían obligadas a participar en labores de las tres seguridades en tanto que la inseguridad sea el debilitamiento del Estado, El principal debate sobre la inseguridad en el largo periodo 1984-2020 radica no sólo en el crecimiento de las bandas delictivas y de los delitos, sino en lo que los especialistas han señalado como la “captura del Estado”, es decir, que delincuentes soslayan al Estado, no respetan sus reglas e inclusive lo excluyen y sustituyen en zonas territoriales de la soberanía territorial.
Con mayores o menores intensidades, la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y seguridad interior ha estado siempre presente.
Y las quejas de exceso de fuerza contra población civil han sido en grado de daños colaterales que fueron investigados y sancionados por la autoridad civil.
En el actual marco legal de la estrategia nacional de seguridad pública 2019-2024 se han incluido mayores regulaciones en materia de fuerza letal, aunque reconociendo el aumento en la capacidad armada de las bandas delictivas.
La seguridad no es un día de campo. La lucha contra la delincuencia en sus diferentes grados y dispersiones colocan a los delincuentes no como adversarios, sino como enemigos armados del Estado y de la sociedad.
El nuevo marco legal para las fuerzas armadas en seguridad pública-interior y el apoyo a sus tareas con el Quinto Transitorio votado por mayoría de dos terceras partes del congreso garantizan de manera más que legal las tareas castrenses en seguridad pública cuando amenacen la seguridad interior.
Puede decirse de manera directa que no existe en la estructura del Estado mexicano ninguna fuerza de seguridad con capacidad para combatir los diferentes niveles de organización y fuerza letal de los delincuentes.
En mayo apareció un nuevo cártel en Michoacán que lanzó una amenaza preocupante: estableció un perímetro territorial de su operación y dijo que el espacio aéreo también era de ellos.
Aún si ese grupo fuese una pantomima, la amenaza debió prender los focos de alarma de las oficinas de seguridad nacional del Estado: algunos delincuentes están pensando ya en beligerancia formal.
Si la Guardia Nacional necesita otro plazo para formalizar su capacidad operativa, no existen en la legalidad, en la estructura constitucional y en el área de seguridad del Estado más que las fuerzas armadas para ir a combatir la seguridad pública que no sólo está afectando a ciudadano, sino a la capacidad del Estado para generar desarrollo y gobernabilidad democrática.
Los delincuentes se quieren erigir en Estado paralelo. El saldo de la participación de las fuerzas armadas en seguridad en el periodo 2006-2018 fue positivo en desmantelamiento de cárteles, arrestos o bajas de capos, decomisos de drogas, armas y vehículos y en recuperación de zonas territoriales controladas por narcos.
En función de esos resultados las fuerzas armadas han sido llamadas de nueva cuenta a participar en labores de seguridad para recuperar el control de la estabilidad política, económica y social que han dañado los delincuentes.
